Las enormes deudas que pesan sobre los ayuntamientos, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, se volvieron inmanejables: no se han justificado con beneficios notables, pero sí ahogan los presupuestos municipales y se comen gran parte de los ingresos anuales, ya mermados por el gasto ineficiente.
La deuda actual de los municipios conurbados de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, más la de Puerto Vallarta, llega a 9 mil 800 millones de pesos.
Puerto Vallarta es el municipio con la deuda más impagable al tener pasivos de al menos 3 mil 200 millones de pesos e ingresos anuales que apenas alcanzan mil millones. A esto hay que sumarle que el municipio turístico destina 44% de su presupuesto a su nómina de 2 mil 681 empleados, según su página de transparencia.
Otro ayuntamiento que debe hasta la camisa es Tonalá, con mil 300 millones de pesos, e ingresos anuales de aproximadamente 780 millones.
Durante su administración, el alcalde priista Palemón García Real dejó un déficit de casi 13 millones de pesos a su sucesor, el panista Jorge Vizcarra, quien la incrementó a 234 millones 708 mil pesos. Y la administración pasada, que encabezó otro priista, Antonio Mateos Nuño, pidió varios préstamos, por lo que la deuda alcanzó más de mil 300 millones de pesos.
En el caso de Tlaquepaque, que en 2012 tuvo ingresos de mil 328 millones de pesos, la deuda alcanza los 845 millones. De ese monto, 300 millones los pidió prestados el expresidente municipal y ahora coordinador de la bancada priista en el Congreso local, Miguel Castro Reynoso, quien informó que esos fondos se utilizarían en infraestructura. Tlaquepaque gasta casi 50% de su presupuesto anual en su nómina de 4 mil 856 burócratas.
A manera de solución, los presidentes municipales de extracción priista Jorge Arana, de Tonalá, y Alfredo Barba, de Tlaquepaque, anunciaron que renegociarán las deudas.
Al respecto, Ignacio Román Morales, profesor del Departamento de Economía, Administración y Finanzas del ITESO, considera que esa no es la mejor opción: “Si el incremento de los recursos que tengan los municipios creciese a un ritmo similar a la inflación, quiere decir que por mucho que se renegocie tienes que dedicarle cada año un pedazo mayor del pastel para pagar la deuda a los bancos”, comenta el especialista en política económica, empleo y política social.
–¿Quiere decir que con esa medida los municipios tapan un hoyo y destapan otro? –se le pregunta.
–No solamente eso, es ir paulatinamente agotando el margen de maniobra que tengan los municipios para tomar sus decisiones públicas en infraestructura; es irse quedando cada vez con menos, aunque aumente su cantidad de recursos, porque éstos serán para pagar el servicio de la deuda y no para obra pública, y ni siquiera para gasto corriente.
–Cada año los municipios deben más. Se habla de mil millones de pesos… ¿Qué se puede esperar?
–Ahí tenemos una bronca particularmente seria, porque nuestros impuestos son para enriquecer a los bancos.
–¿Cuál sería la solución para evitar tanto endeudamiento?
–Lo primero es que cuando tienes un presupuesto de mil y una deuda de 3 mil, lo primero es ver qué fregados está pasando ahí. Eso es esencial y habría que verlo con mucho detalle. También implicaría que el gobierno del estado revisara qué ha pasado con las cuentas públicas, cómo demonios pueden aprobarse sin observación y, por otro lado, generarse una deuda espantosa en el ejercicio del gasto público.
Añade Román Morales que el endeudamiento de las entidades públicas también trae un impacto en el gasto económico y social. Y recuerda que “la mayor parte de los gastos de los municipios y estados no proviene de fondos propios, sino de lo que recibe del gobierno federal, uno de aportaciones y otro de participaciones”, menciona el investigador.
El único municipio que tuvo más ingresos propios que aportaciones y participaciones federales, por lo menos en 2011, fue Zapopan, con 2 mil 534 millones contra mil 996 millones, respectivamente. Y para 2012 se estimaron ingresos por 3 mil 983 millones de pesos, contra pasivos de mil 447 millones de pesos.
Esta deuda se acumuló sobre todo en la administración del priista Héctor Vielma, quien contrató un crédito de mil 100 millones de pesos para invertirlo supuestamente en infraestructura social. Pero no sólo eso: en la última sesión de cabildo, el 29 de septiembre pasado, a Vielma se le autorizó contratar otra línea de crédito por 300 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos y equipo de cómputo, pero al rendir protesta el nuevo alcalde, Héctor Robles Peiro, declinó ejercerla.
El municipio zapopano tiene una plantilla de 7 mil 580 trabajadores, a los que destina 26% de su presupuesto.
Gasto ineficiente
De los municipios de la zona metropolitana, Guadalajara es el que recibió mayores recursos provenientes de aportaciones y participaciones: 3 mil 733 millones. Como ingresos propios apenas consiguió mil 464 millones.
En este momento, el ayuntamiento tapatío adeuda 2 mil 680 millones de pesos; mil 100 de esos millones fueron obtenidos a crédito en 2011 por el entonces alcalde y ahora gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, para repavimentar 30 calles y avenidas.
En 2013 se espera que los ingresos del ayuntamiento tapatío asciendan a 4 mil 886 millones de pesos, más de la mitad de los cuales se irá al pago de la nómina: 12 mil 212 empleados, según su página de transparencia.
El municipio que menos participaciones y aportaciones recibe es Tlajomulco de Zúñiga, con 411 millones 377 mil pesos en 2011. Pero ese monto no le alcanza ni para cubrir la nómina, pues a este rubro destina 475 millones 627 mil pesos.
Se estima que en 2012 los ingresos propios de Tlajomulco sumarán 962 millones 716 mil pesos, y arrastra una deuda de 536 millones 700 mil. Los exalcaldes panistas de Tlajomulco Andrés Zermeño y Antonio Tatengo, solicitaron sendos créditos; el primero por 75 millones de pesos y el segundo por 112 millones.
A su vez, Enrique Alfaro Ramírez, excandidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura, desde su cargo anterior como presidente municipal de Tlajomulco pidió un préstamo de 250 millones de pesos para obra pública. Su sucesor, Ismael del Toro, ya pidió otros 12.5 millones.
Al respecto, el académico Román Morales recalca que las aportaciones deben destinarse a programas sociales; ni el gobierno estatal ni el municipal los puede dejar en garantía para la contratación de préstamos, y en caso de hacerlo cometerían una grave irregularidad.
En cambio, dice, para obtener créditos la autoridad puede disponer de los recursos provenientes de las participaciones, que provienen de los excedentes petroleros. Hasta ahora, dice el investigador, los municipios y el estado “necesitan estar ordeñando la vaquita de Pemex” para hacer frente a su gasto público, que incluye deuda, inversión, entre otros rubros.
Por eso prevé que los estados y municipios con problemas financieros apoyarán la reforma petrolera planteada por Enrique Peña Nieto, aunque primero arguyan que se respalda la semiprivatización de Pemex ante la deficiencia técnica de la paraestatal; la realidad “es que es la única manera de que no quiebren las finanzas estatales y municipales”, comenta Román.
–¿Qué opina de que la mayoría del presupuesto de los municipios se gaste en su nómina?
–No estoy en contra. Evidentemente está mal la burocracia, pero a la dicotomía entre gasto de inversión y gasto corriente hay que ponerles sus asegunes. Tú puedes ponerle un gasto de inversión ineficiente; por ejemplo, obras de relumbrón, la Villa Panamericana, el “puente atarantado”… Aunque haya sido gasto de inversión, hay problemas enormes sobre su uso. En cambio, puedes tener una baja densidad de médicos respecto a la población o deficiencia de profesores de educación media superior, o que el bosque de La Primavera tenga tres vigilantes cuando debería haber más, y eso no se hace porque es gasto corriente.
“El gran problema del gasto corriente –concluye Román– es cuando se usa para meter a la nómina a amigos y parientes, pero ese no es problema de gasto corriente, sino que es una ratería. Esa transa se puede hacer en cualquier tipo de gasto.”
