Después de la maratónica sesión del martes 23 en el Senado, donde se discutió la propuesta de reforma laboral enviada por Felipe Calderón al Poder Legislativo con calidad de “preferente”, dos cosas quedaron claras: que nadie quiere asumir el costo político de aprobar una legislación impopular y que los juegos de alianzas y contraalianzas en las cámaras son frágiles, efímeros y pueden ser un dolor de cabeza para el próximo gobierno. Por lo pronto el alborozo panista por la aprobación de su proyecto fue apagado por el refrigerador de San Lázaro.
En menos de dos meses de negociaciones, presiones y juegos de cálculo político la reforma laboral presentada por Felipe Calderón como iniciativa preferente ante el Poder Legislativo pasó de ser una “papa caliente” para el PRI y el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto a una frustrada “enchilada completa” que quedará “enfriada” en la Cámara de Diputados, a unas cuantas semanas de que termine el gobierno panista.
Tras la modificación de ocho artículos a la minuta procedente de San Lázaro en la maratónica sesión del martes 23 en el Senado, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, decidió “enfriar” la minuta y advertir que la iniciativa había perdido su carácter de preferente ante la adición del artículo 388 bis, “con el cual estamos completamente en desacuerdo porque esto es poner a subasta los contratos colectivos”, y la modificación del artículo 371 en donde el tricolor “insistirá que quede en los términos como salió de Cámara de Diputados”.
La historia de la votación de ambos artículos constituye un retrato de cómo se modificaron las posiciones en el Senado, cómo el endurecimiento del PAN en el tema de la transparencia y democracia sindicales y las presiones de la cúpula empresarial sobre la Cámara de Senadores resultaron contraproducentes para el propio interés del gobierno de Calderón.
También son un retrato de cómo puede ser la correlación de fuerzas en la futura administración de Enrique Peña Nieto, si se rompe la negociación con el PAN.
La votación del Senado reflejó que el bloque formado por el PAN y el Frente Legislativo de Izquierda (PRD, PT y MC) hacen mayoría de 66 votos contra 62 del PRI y su aliado del Partido Verde.
“Creo que demostramos que podemos hacer un contrapeso a las iniciativas de Peña Nieto desde el Senado”, argumentó Luis Sánchez, vicecoordinador de la bancada del PRD, al sintetizar el resultado de lo ocurrido en la reforma laboral.
Los artículos polémicos
En la votación del artículo 371, la senadora del Panal, Mónica Arriola, hija de Elba Esther Gordillo, modificó la posición original que mantuvo su partido en la Cámara de Diputados y sumó su voto a los del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, aprobándose un texto nuevo con 67 votos a favor y 61 en contra, del PRI y Partido Verde.
El cambio fundamental en este artículo fue incorporar la frase “voto libre, directo y secreto” para la elección de la dirigencia sindical. Se eliminaron cinco párrafos sobre las reglas para la rendición de cuentas, incluyendo “el derecho de las minorías a recibir información del manejo de recursos” y “consecuencias aplicables de la directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical”.
Una de las negociaciones más importantes con el Panal para que sumara sus 10 votos al bloque del PRI, Partido Verde y PAN en la Cámara de Diputados fue incorporar al artículo 371 los requisitos de democracia sindical, tal como están en los estatutos del SNTE.
Sin embargo Gordillo ordenó un cambio de señal en la votación del Senado, según relataron a Proceso distintos participantes de las negociaciones.
Desde su curul Arriola sorprendió al propio coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, al anunciar que se sumaba al bloque de panistas y de legisladores de las izquierdas argumentando que “en Nueva Alianza estamos conscientes de que lo que se encuentra a discusión no es la autonomía sindical sino el voto libre y secreto, así como la rendición de cuentas de sus dirigentes”.
El fin de semana anterior Gordillo encabezó el VI Congreso Nacional Extraordinario del sindicato magisterial en el hotel Barceló Maya, de Quintana Roo. La lideresa garantizó su papel protagónico un sexenio más y lanzó una advertencia a “aquel que anda en Europa”, en referencia a Peña Nieto: Representantes de la cúpula empresarial y organizaciones no gubernamentales “han desatado una embestida contra el sindicalismo y particularmente contra nuestra organización”.
Para algunos negociadores de la reforma laboral, el Panal y Gordillo buscaron “vacunarse” del fracaso de la iniciativa preferente de Calderón y también lanzar una advertencia sobre el peso de su bancada en la Cámara de Diputados si el PRI y Peña Nieto no respetan su liderazgo.
El artículo más polémico aprobado por el Senado es el 388 bis, propuesto por la senadora perredista Alejandra Barrales en la última parte de la discusión en el pleno el martes 23. La exdirigente sindical de sobrecargos argumentó en tribuna que esta adición tiene por objetivo “eliminar los mal llamados contratos de protección, que no son otra cosa más que contratos de simulación”. Citó el caso del “pseudolíder sindical” Ramón Gámez, “que increíblemente ostenta hasta 5 mil contratos colectivos”, tanto de tiendas departamentales como empresas de aviación.
Durante la sesión el PAN estuvo a punto de salirse del acuerdo con el PRD. “Si no vamos en este artículo se desecha la alianza en los otros temas”, como la transparencia y la democracia sindical (364 bis, 365 bis, 371, 391 bis y 424 bis), le advirtieron los perredistas a Javier Lozano, exsecretario del Trabajo y principal artífice de la negociación con los legisladores de las izquierdas.
Finalmente el panista Javier Corral argumentó en tribuna a favor de este artículo y advirtió que las adiciones al artículo 71 constitucional “no dejan lugar a duda: El proceso bicamaral puede aprobar o modificar la iniciativa preferente”.
Un estudio jurídico elaborado en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, cuya copia obtuvo Proceso, considera que esta adición “desestabilizará el mercado laboral” y generará “una subasta de contratos colectivos nuevamente violando la ley”.
La Cámara Nacional de la Industria de la Cámara de Radio y Televisión, cúpula de los concesionarios de medios electrónicos, emitió un comunicado el jueves 25 advirtiendo que el artículo 388 bis “provocará un riesgo de inestabilidad laboral” y viola lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales al hacerse pública la información personal de la plantilla laboral.
Entrevistada sobre estas objeciones, Barrales defendió su propuesta señalando que es “jurídicamente sólida” e implicará “un cambio de fondo en el mundo laboral” que no afecta ni a las centrales sindicales priistas ni a los independientes ni al SNTE, sino “al sindicalismo de protección”.
“Ese sindicalismo de protección no hace política ni defiende a ningún agremiado, sino simplemente hace dinero”, argumentó la senadora del PRD.
–Hay estudios jurídicos que argumentan que eso generará una inestabilidad laboral. ¿Es cierto?
–Ya no les dará la estabilidad que les permite el control. El 90% del sindicalismo del país es de simulación y sólo 10% se reparte entre los sindicatos de la CTM, el SNTE, la CROC y los independientes.
La enchilada y el endurecimiento
En conferencia de prensa, dos días después de la sesión del Senado, Beltrones advirtió que su bancada no aprobará la reforma laboral antes del 1 de diciembre de 2012 porque “lo que buscamos es que los ánimos se enfríen y se serenen sobre todo las posiciones radicales”, pero insistió en que “el presidente Enrique Peña tendrá una reforma laboral”.
“México ya conoce historias de frustración con las enchiladas completas que terminan por congestionar al que se las come”, agregó en tono irónico el exgobernador de Sonora, en clara referencia al proyecto panista de negociación con Estados Unidos en materia migratoria, que nunca se concretó durante el sexenio foxista.
Beltrones le recordó al PAN y al gobierno federal saliente que no fue fácil “convencer a los trabajadores de que aceptaran como venía en la iniciativa el pago por hora. No fue fácil convencerlos de que los juicios laborales se constriñan a 365 días. No fue fácil convencer a los trabajadores de que podían llegar a hacerse contratos de medio tiempo”.
El exprecandidato presidencial priista reafirmó que la bancada del tricolor en San Lázaro se comprometía “a que el presidente Enrique Peña Nieto tenga una reforma laboral que, verdaderamente, cuide los principios y nos dé garantías y estabilidad laboral”.
El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ernesto Cordero, le respondió a Beltrones que el PRI, al igual que en 2010, “está anteponiendo sus intereses de partido, sus intereses políticos”.
“Suena un poco como medio a berrinche, ¿no? Se las vamos a autorizar, pero no al presidente Calderón sino al presidente Peña”, resumió el exsecretario de Hacienda y presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Cordero, junto con el exsecretario del Trabajo Javier Lozano y el propio dirigente nacional panista, Gustavo Madero, endurecieron sus posiciones en las negociaciones del Senado y decidieron aliarse con el bloque de legisladores de izquierda (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) en los temas de democracia y transparencia sindicales, así como en la modificación al esquema de contratos colectivos de trabajo.
En medio de este realineamiento, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, y de la Concamin publicaron desplegados e hicieron declaraciones para presionar al Senado a que aprobara “en sus términos” y sin modificación alguna, la minuta procedente de la Cámara de Diputados.
Esto provocó un mayor endurecimiento del PAN y la respuesta airada de Javier Lozano, quien acusó a la cúpula empresarial de tener “una doble moral”.
Si la alianza entre PRI y PAN fue fundamental para que en la Cámara de Diputados aprobaran la reforma laboral, con 80% del contenido de la iniciativa calderonista, el bloque formado por PAN y PRD en el Senado incorporó asuntos de democracia y transparencia sindicales que ya habían sido desechados en la negociación de San Lázaro.
En el Senado el líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, admitió en privado, poco antes de la votación en el pleno, que no iba a poder sacar la reforma laboral en los mismos términos que los aprobados en la Cámara de Diputados.
Sostuvo no sólo una sino varias reuniones con los negociadores del equipo de Peña Nieto, especialmente con Alfonso Navarrete Prida, coordinador en temas laborales en el equipo de transición, y con Miguel Osorio Chong, el operador y negociador político del peñismo.
Ambos tuvieron reuniones también con la cúpula empresarial y con los senadores representantes de las centrales sindicales del PRI, como Isaías González, de la CROC, y Armando Neyra, veterano dirigente cetemista en el Estado de México. El objetivo era evitar que se hicieran modificaciones a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados.
En la última sesión de comisiones dictaminadoras los seis senadores priistas votaron a favor, en lo general, junto con los panistas, pero en contra de cualquiera de las ocho reservas presentadas por el PRD y el PAN.
Gamboa Patrón intentó frenar la mayoría que prefiguraba la alianza entre el PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Fracasaron los ofrecimientos de viajes, prebendas o extrañas ausencias el día de la votación en el pleno, según confiaron a Proceso algunos legisladores del Senado.
Ante la inminencia de que la reforma laboral regresara a la Cámara de Diputados por las modificaciones a la minuta, Gamboa Patrón cambió la señal y ordenó que los priistas y sus aliados del Partido Verde votaran a favor de las modificaciones al 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis, los únicos artículos aprobados con 128 votos a favor.
Uno de los cambios que habían generado resistencia en las centrales sindicales priistas fue la modificación del 364 bis, cuya redacción quedó como sigue:
“En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, equidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.”
“Outsourcing”
y transparencia sindical
De la iniciativa preferente “inconsulta” que Calderón envió a la Cámara de Diputados, los dos temas que concentraron el escándalo y las negociaciones fueron el outsourcing y la transparencia y democracia sindicales.
Desde el principio los negociadores del PAN Juan Bueno Torio y el coordinador Luis Villarreal, vinculado éste directamente con el líder nacional, Gustavo Madero, aceptaron las modificaciones al esquema de pago por hora y la reglamentación al outsourcing, al tiempo que presionaron para mantener los temas que afectaban a las dirigencias de los sindicatos agrupados en la CTM, CROC y CROM.
De los 11 representantes obreros que tiene el PRI en la Cámara de Diputados, nueve pertenecen a la CTM, uno al STIRT y otro al SITATYR, y la Comisión del Trabajo es presidida por el secretario general suplente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo (Proceso 1873).
Ellos fueron los principales negociadores con la contraparte panista y empresarial, especialmente con Gutiérrez Candiani, quien presionó para que saliera el polémico esquema del pago por hora, y la reglamentación del outsourcing.
El bloque de diputados del Frente Legislativo Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) rechazaron en lo general la reforma, pero presentaron varias propuestas que, finalmente, también le sirvieron al PRI para modificar algunos puntos que dañaban los intereses de las centrales sindicales y frenar el esquema de pago por hora, sin el techo del salario mínimo, como proponían los empresarios.
Desde el inicio de las negociaciones Adolfo Orive, diputado del PT y exasesor de la Secretaría de Gobernación durante el zedillismo, advirtió que Calderón “no tiene la autorización legal para mandar la iniciativa con categoría de preferente cuando no ha habido legislación”.
Sin embargo las propuestas de Orive fueron importantes para que en comisiones se modificaran varios puntos del outsourcing para regular a las más de tres mil empresas de subcontratación laboral en México.
Entre otros puntos se establecieron reglas para impedir que el uso de esta figura tenga como finalidad “disminuir derechos laborales” y se establecieron multas de 250 a 5000 veces el salario mínimo general a quien utilice este régimen “de forma dolosa”.
En el tema del pago por hora la diputada del MC Luisa María Alcalde Luján, secretaria de la Comisión Dictaminadora, junto con legisladores del PRI, provenientes de las centrales sindicales, y Francisco Hernández Juárez, dirigente de los telefonistas y diputado del PT, establecieron que la base para el pago por hora fuera el salario mínimo vigente. Un pago menor a las ocho horas sería violatorio de la Constitución.
El PAN tuvo que aceptar a regañadientes que 20% de la iniciativa preferente de Calderón fuera “rasurada”, sobre todo en los temas de voto libre y secreto en la elección de dirigentes sindicales, rendición de cuentas, información de manejo de recursos y revisión de la información contable y financiera, a cambio de aprobar el 80% restante de las reformas.
En la sesión para aprobar la reforma laboral, en San Lázaro los diputados del PAN plantearon su desacuerdo por la eliminación de los puntos que ellos querían en los temas de democracia y transparencia sindicales.
Comenzó el juego para saber qué partido y qué gobierno pagaría los “costos políticos” de mantener este tema. La operación mediática desde Los Pinos y en la dirigencia nacional del PAN acorraló a los priistas en el Senado. Finalmente la reforma que Calderón quería promulgar antes de que terminara su sexenio se frustró ante el mecanismo legislativo más común: la congeladora.
