Académicos y exlegisladores consultados por Proceso Jalisco coinciden: el Congreso estatal se ha degradado. En las tres últimas legislaturas, sus integrantes sólo se dedicaron a engordar sus bolsillos y a colocar a sus familiares y amigos en la nómina. La LIX Legislatura, cuyos trabajos concluyen el miércoles 31, heredará una deuda de 300 millones de pesos a sus sucesores y una abultada plantilla de trabajadores que, paradójicamente, no saben si cobrarán su última quincena por falta de fondos.
Las legislaturas LVII, LVIII y LIX han sido las peores en la historia de Jalisco. Las tres se han caracterizaron por la opacidad, su sometimiento al Poder Ejecutivo y por los excesos de los diputados, quienes más que legislar, se afanaron por inflar de manera descomunal las nóminas para colocar a parientes, amigos, novias y amantes.
Un ejemplo de la manera desaseada con la que se conducen los diputados es la última sesión de la Legislatura LIX, cuyo periodo termina el miércoles 31, en la cual dieron base a un centenar de supernumerarios, pese a que no hay dinero para pagar la última quincena a los más de mil 300 empleados. En otras palabras, la LX Legislatura heredará a partir del 1 de noviembre una deuda de 300 millones de pesos, según admite Miguel Castro Reynoso, coordinador de la próxima bancada priista.
El panista Gildardo Gómez Verónica y el expriista Juan Enrique Ibarra Pedroza, quienes coincidieron en las legislaturas L y LIII, sostienen que en sus tiempos la nómina del Congreso no rebasaba los 400 empleados. Hoy, según Enrique Trejo Orozco, director de Administración y Recursos Humanos, el Congreso cuenta con mil 300 trabajadores.
Tan sólo en la LIX Legislatura fueron contratadas 569 personas, 27 de las cuales fueron asignadas a Enrique Aubry de Castro Palomino, coordinador de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sus sueldos oscilaban entre 5 mil y 19 mil pesos quincenales.
En contraste, Gómez Verónica, quien fue diputado local también en la LV Legislatura (1997-2000), tuvo únicamente dos asistentes; y sólo se elevaron a cinco cuando se convirtió en coordinador de su fracción.
–¿Cuál fue su experiencia como coordinador? –se le pregunta.
–Buena, en general. No teníamos el poder que tienen ahora (las fracciones). Era más ingenuo, más simbólico. Pero eso se acabó.
Ibarra Pedroza, quien ahora milita en el PT, recuerda que la L Legislatura (1983-1986) tenía sólo 26 diputados. “En las oficinas del Congreso éramos cinco en una sala y teníamos sólo una secretaria”. Sin embargo, admite que no se puede regresar a ese tiempo en el cual el Legislativo era “un apéndice del Ejecutivo”.
En la LIII Legislatura (1992-1995), de la cual también formó parte, “la mayoría de los diputados ya teníamos una oficina propia”. Más adelante, cuando llegó a la coordinación de la fracción del PRI en la LVI Legislatura (2001-2004), el Congreso contaba con más recursos, pero no con tanto personal.
Según Ibarra, el Legislativo necesita una reingeniería en el que haya a lo sumo 350 servidores públicos, incluidos los diputados.
El presidente del Congreso Ciudadano, Bernardo Jaén, coincide con el exdiputado, incluso propone definir las comisiones técnicas de apoyo sustantivas. Sobre todo, expone, deben hacerse ajustes de personal; de lo contrario “el Congreso no sobrevivirá”.
Los cuates a la nómina
El viernes 19 el sindicato del Congreso, encabezado por Irene Trejo, aprobó 98 nuevas basificaciones, la mayoría de las cuales beneficiaron al panista Alfredo Argüelles, quien fungió como secretario general de la LVIII Legislatura.
A su vez, el coordinador de la bancada priista en la LIX Legislatura, Roberto Marrufo Torres, quien cuenta con 20 colaboradores, logró afianzar a su sobrina Karla Rangel Marrufo, quien se desempeña como auxiliar administrativo y cobra 35 mil 278 pesos al mes, así como a su yerno, Joel Navarro Camacho, quien se embolsa 26 mil 214 pesos.
Marrufo también protegió a su coordinador de contabilidad, Francisco Javier Aguilar Arámbula, cuyo sueldo mensual es de 58 mil 328 pesos; a su auxiliar administrativa, Elizabeth Estudillo Alvarado, quien percibe 28 mil 540 pesos, y a su asesor parlamentario, Francisco Uribe Tapia, quien cobra 55 mil 418 pesos.
El secretario general de la legislatura saliente, José Manuel Correa Ceseña –quien relevó a Carlos Corona tras ser acusado de mal administrar los recursos del Congreso–, intervino para que su nuera, Flor de María Aragón Novelo, fuera contratada el 1 de junio como administrativa.
El diputado panista Héctor Álvarez, uno de los “críticos” del Congreso, apoyó a Ernesto González, quien consiguió una plaza de asesor con un sueldo mensual de 27 mil 500 pesos.
Su correligionario Miguel Monraz Ibarra intervino también para que su hermano Carlos Roberto obtuviera plaza como auxiliar de apoyo; también colocó a su cuñada María de la Paz Tejada como supernumeraria con un sueldo de 23 mil pesos al mes. Juan Pablo Cerrillo, también del PAN, logró basificar a su hermano Marco como auxiliar administrativo, quien ahora gana 27 mil 600 pesos al mes.
El senador José María Martínez, Chema, quien maniobró para quitarle la coordinación del PAN a Abraham González Uyeda en la LIX Legislatura local, acomodó a su hermana Faviola Martínez como directora de Vinculación. Antes, falló en su intento de hacerla diputada plurinominal.
Chema tiene su historia: en la LVII, él y Salvador Cosío fueron acusados por realizar viajes al extranjero de manera injustificada, así como de participar en el remate de vehículos del Congreso. Chema apoyó a Cosío en la onerosa remodelación del Congreso, la compra de computadoras y artículos de lujos pagados al doble de su precio real.
La LVIII Legislatura también fue una “feria del empleo” para los amigos. En esa ocasión los diputados de todas las fracciones contribuyeron para basificar a 187 personas. El priista Jorge Arana, actual presidente municipal de Tonalá, dejó a sus allegados Leslie Reynoso, Karina Montaño Salgado y Enrique García López.
Su colega Gloria Judith Rojas Maldonado acomodó a su hermano Omar, mientras que Gerardo Rodríguez y Hugo Contreras dejaron a Adriana Arrazola Ávila y a Francisco Arturo Contreras Loza, respectivamente (Proceso Jalisco 281).
Los panistas hicieron lo propio. César Madrigal incorporó a Ricardo Hugo Hidalgo Sánchez, Magdalena Guadalupe Martínez y a Juan Carlos Rosas, quien a su vez le consiguió plaza a su cuñado, Carlos Emilio Pérez Rubí; el perredista Samuel Romero Valle, por su parte, colocó a cuatro personas, entre ellas a Isaac Romero Vargas.
El petista Alfredo Zárate, el ecologista Luis Manuel Vélez Fregoso y Guadalupe Madera y Lorenzo Moccia Sandoval, ambos del Panal, colaron en la nómina a nueve personas, incluidos sus hijos, hermanos y amigos.
Ante el quebranto en que sumieron al Congreso local durante la LIX Legislatura, el presidente del PRI en Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, anunció que denunciará penalmente a los coordinadores del PVEM, Enrique Aubrey; del PAN, a José María Martínez y José Antonio de la Torre; del PRD, Raúl Vargas López; del PRI, Roberto Marrufo, así como a los diputados que resulten responsables de los excesos administrativos.
La quiebra
Proceso Jalisco pregunta a Gildardo Gómez Verónica si en los tiempos en que fue legislador se estilaban estos dispendios. El panista responde de inmediato que no. “Sólo necesitábamos un abogado, un contador y alguien que controlara el interior; no más. Meter a las novias y a los parientes, eso no se valía”, dice.
–Gloria Rojas, Javier Galván y los panistas metieron familiares…
–Es un abuso, pero no voy a particularizar.
El ecologista Manuel Villagómez Rodríguez recuerda que en la LVII Legislatura, de la que formó parte, sus compañeras Rocío Corona, del PRI, y Celia Fausto, del PRD, presentaron un punto de acuerdo para que los diputados no engrosaran la nómina del Congreso. Incluso, asegura, “se estipuló que debían de salir con la gente que trajeron. Se aprobó, pero hubo diputados que hasta la suegra dejaron. Me refiero al caso de Salvador Cosío, no es un secreto”.
La falta de recursos obligó a los integrantes de la LIX Legislatura a pedir un préstamo por 70 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara para solventar su déficit. Por eso resulta escandaloso que al final hayan optado por contratar más personal.
Para Bernardo Jaén, las deudas económicas del Legislativo lo hacen vulnerable frente al Ejecutivo o el grupo fáctico de la UdeG, que le hizo un préstamo. Todo mundo conocemos las ligas entre el licenciado Raúl Padilla y el Congreso del estado, lo cual no es conveniente. “Necesitamos un Congreso independiente, no con problemas de dinero”, comenta.
A causa de la falta de fondos, los trabajadores del Legislativo han tenido problemas para cobrar sus últimas tres quincenas, por lo que algunos de ellos realizaron un plantón en el patio principal del recinto parlamentario.
Supernumerarios consultados por este semanario aseguran que la idea de instalar casas de campaña fue del diputado panista Héctor Álvarez Contreras. Lo paradójico, señalan, es que él hizo muchas de las contrataciones de personal. Ahora resulta que sugiere a los trabajadores inconformes impedir la toma de protesta de la siguiente legislatura.
El presupuesto actual del Congreso es de 675 millones 941 mil 400 pesos, a los cuales deben sumarse los 235 millones que recibe la Auditoría Superior, encabezada por Alonso Godoy Pelayo. Mantener el aparato legislativo cuesta caro al estado, sobre todo en el caso del auditor, a quien se acusa de recibir pagos injustificados por casi 7 millones de pesos.
Sobre el caso Godoy, el académico Jaén sostiene: Si los diputados quieren recuperar su “legitimidad” deben comenzar por despedirlo; lo mismo deben hacer con el secretario Correa Ceseña, quien no es capaz de informar siquiera cuánta gente trabaja en el Congreso ni de aclarar cuánto se gasta en nómina, pues “perdió documentos fundamentales para fincar responsabilidades contra los coordinadores de la LVIII Legislatura que dejaron en bancarrota al Congreso”.
El analista Rubén Martín expone que en 1995-1998, cuando el PAN obtuvo la mayoría en el Congreso, generó expectativas, pero al final los legisladores de ese partido no hicieron nada. Con el paso del tiempo los panistas optaron por enriquecerse en lugar de legislar. En el trienio siguiente comenzó la contratación de asesores parlamentarios.
“Al final de la LV Legislatura, en diciembre de 2000, los diputados se dieron un bono de despedida de 250 mil pesos cada uno –10 millones de pesos en total–, lo que provocó un escándalo. Esa información se pudo corroborar.”
De acuerdo con Martín, es a partir de la LVI Legislatura cuando comenzó a abultarse la nómina legislativa. Recuerda que al iniciar la primera Legislatura con mayoría panista, en 1995, el presupuesto del Congreso era de 25 millones de pesos y funcionaba sólo con 120 trabajadores.
“En menos de 18 años, el presupuesto se elevó a mil millones de pesos y el número de trabajadores creció de manera desmesurada; algunos hablan incluso de mil 800 trabajadores.”
Los excesos se produjeron cuando el gobernador dejó de tener el control sobre el Poder Legislativo. En tiempos del PRI el mandatario en turno acostumbraba elaborar e imponer leyes; lo hacía a través de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos, que todavía existe. Él era el verdadero legislador, pues los diputados sólo aprobaban las iniciativas.
“En las siguientes legislaturas los diputados comenzaron a tomar dinero de los recursos que se daban a las fracciones parlamentarias, a instalar casas de enlace y a contratar personal para embolsarse la mitad de su salario”, relata. Desde entonces los diputados vieron al Congreso como una posibilidad para enriquecerse, “para vender el voto y cobrar su salario sin necesidad de trabajar”, rememora Martín.
Alude a Luis Manuel Vélez Fregoso, del PVEM, quien sin pudor alguno se llevó la camioneta que tenía asignada en el Congreso cuando terminó su gestión. Comenta también el caso del panista Alfredo Argüelles, quien, dice, de simple asesor se convirtió en diputado y hoy es dueño de una cuantiosa fortuna. Hoy, dice, la corrupción en el Poder Legislativo implica a todos los partidos.
Los gobernadores panistas Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez son corresponsables de los excesos de los diputados. Fueron ellos quienes les abrieron la chequera a condición de que aprobaran las leyes que ellos exigían, asegura el analista.
“Emilio González Márquez suele decir que no tiene dinero, pero cuando los diputados aprueban leyes o acuerdos que le convienen, termina por soltarlo”, remata Martín.
Mercenarios de la política
El ecologista Manuel Villagómez señala que durante su paso por el Congreso observó los desmanes de algunos de sus pares. Algunos, expone, hacían negocios con los dictámenes; otros se dedicaron a proteger los intereses de su partido o del gobernador en turno.
Refiere que cuando presentó una ley para regular el horario del consumo de bebidas alcohólicas, los panistas José María Martínez y Alfredo Argüelles lo bloquearon. El primero presentó una iniciativa similar; el segundo se negó a dictaminar:
“Argüelles se fue a buscar la lana. Antes de concluir la legislatura le pedí que la dictaminara y cumpliera con los términos de ley; se negó. Cuando le pregunté por qué, me dijo: ‘La tienen los tequileros’.”
Los diputados piden el voto a los ciudadanos con el fin de representarlos, pero cuando llegan al Congreso “se olvidan de la gente y le voltean la espalda”, dice Villagómez.
Menciona el caso del priista Juvenal Esparza, quien llegó a la presidencia de la Comisión del Transporte en la LV Legislatura. Cuando Villagómez le pidió impulsar una reforma en la materia, Esparza le respondió que su partido no se lo permitiría.
Javier Haro Tello, otro priista que hizo lo mismo como presidente de la Comisión de Salud, se negó a solicitar una auditoría a la Secretaría de Salud Jalisco y a su homóloga federal para revisar el contenido de los complementos alimenticios, todo con el fin de proteger “la marca de Jorge Vergara”.
Ahora, subraya, si no eres corrupto, estorbas; y entre más corrupto seas, más te premian. El Congreso funciona como la mafia.
–¿Cómo evitar esa corrupción?
–Es necesario formar un comité de vigilancia parlamentaria en el cual estén representados la clase empresarial y algunos sindicatos que se encarguen de presionar a los diputados para garantizar que cumplan sus promesas de campaña.
Villagómez relata que él mismo fue presionado para meter gente a la nómina cuando fue diputado. “Les respondí que no era agencia de colocaciones”. La corrupción, añade, también proviene del Ejecutivo, pues Ramírez Acuña y González Márquez han comprado favores al Congreso.
Y cita un ejemplo: “La fracción del PRI se comprometió en blindar jurídicamente a la Universidad de Guadalajara con un presupuesto. Roberto López hizo el proyecto y sacó prefirmas. (Los diputados) fueron con Ramírez Acuña a Casa Jalisco, quien más inteligente y más corrupto que ellos les dijo: ‘Yo necesito tres favores: que autoricen mi salida para dejar la gubernatura; que me aprueben la cuenta de 2004, que tenía observaciones por 280 millones de pesos, y que me autoricen el presupuesto 2006 para manejarlo como se me dé la gana.
“Para no sacar la ley a favor de la UdeG, Ramírez compró a tres priistas: Armando Pérez Oliva, al nieto de García Barragán y a Salvador Cosío. Ya no se presentó el acuerdo.”
Apunta también que Cosío cabildeó a favor de Ramírez Acuña para que el “ganador de la licitación de la planta del tratamiento del Ahogado recibiera 200 millones de pesos de reserva, mientras la empresa arreglaba sus corridas financieras (…).
En síntesis, según Villagómez, como gobernador Ramírez Acuña hizo del Congreso una oficina de trámites. Emilio González está actuando de la misma manera”.
El petista Ibarra Pedroza expone: “El Poder Legislativo no cumple con la tarea fundamental de ser un contrapeso del Ejecutivo; tampoco defiende los intereses de la gente. La mayoría de los diputados federales y locales llegan al Congreso pensando en cómo quedar bien con el gobernador y comienzan a trabajar en la siguiente elección”.
También coincide en que González Márquez negocia con los diputados para que le aprueben créditos o sus cuentas o las de otras dependencias; a cambio, les amplía el presupuesto para tapar el déficit que arrastran.
Deficientes e incompetentes
Raúl Octavio Espinosa, quien tuvo un paso fugaz por el Congreso estatal en la LIV Legislatura, ya que fue llamado por el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez para que ocupara el cargo de secretario general de Gobierno, opina que las tres administraciones panistas se han caracterizado por el despilfarro y la falta de transparencia.
Recuerda que en ese entonces la nómina del Poder Legislativo apenas sobrepasaba lo 300 trabajadores. Espinosa, exlegislador federal, hace un comparativo entre el personal del Palacio Legislativo de San Lázaro y el Congreso de Jalisco: en la Ciudad de México hay aproximadamente 2 mil trabajadores para atender a 500 diputados; en Jalisco hay mil 500 empleados para sólo 39 diputados, dice.
Ibarra Pedroza se pregunta: “¿Cómo te explicas que la Cámara de Diputados federal tenga 500 legisladores y un presupuesto de 5 mil 944 millones de pesos, mientras los 39 diputados locales van a gastar mil 240 millones de pesos con un número sensiblemente menor de legisladores? Eso es irracional y ha propiciado la irritación de mucha gente hacia ese poder.
“Los diputados entrantes tienen un gran reto y una gran oportunidad de poner un orden y aplicar criterios de racionalidad en el gasto público, implantar la transparencia y hacer que la ciudadanía deje de ver al Congreso como botín”, puntualiza.
Para Espinosa, los recientes nombramientos de magistrados en el Poder Judicial, de los consejeros del Instituto Electoral del Estado y Participación Ciudadana, de los consejeros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta en el Instituto de Transparencia son lamentables.
Sostiene que, por sí solos, los diputados no corregirán su conducta. Por ello aplaude que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyera al panista Gustavo Macías Zambrano por desacato a la autoridad. Aunque, dice, debió separar a toda la legislatura; “hubiera sido una lección para Jalisco y para todos los estados”.
La degradación del Congreso inició cuando los panistas comenzaron a ser mayoría e incorporaron a la nómina al personal de confianza. En tiempos del priismo, los legisladores llevaban a su gente, pero ésta se iba cuando ellos terminaban su gestión.
“Los priistas llegaban al Congreso y barrían. Los demás tenían que quedarse callados. Cuando le tocó el turno al PAN, esa práctica se perdió, pues los nuevos tenían que convivir con los viejos y al final terminaban por quedarse”.
