CAMPECHE, Camp. (apro).- Un comentario a través de Twitter en contra de una manifestación campesina frente al Congreso del Estado derivó en ríspido debate que obligó a la inhabilitación de dicho servicio hasta deslindar responsabilidades.
“Hay que crear un frente común contra los atropellos de José Antonio Che Cu”, fue el mensaje que apareció en la cuenta @Congrecam, en alusión al líder del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (Freciez), quien al frente de decenas de labriegos inconformes se plantó a la entrada del Congreso mientras se celebraba la sesión.
Che Cu y sus seguidores, quienes desde ayer mantienen tomado el Palacio Federal, donde, entre otras delegaciones federales, se encuentran las de Economía, Desarrollo Social y de la Reforma Agraria, acudieron al Congreso para exigir al gobernador Fernando Ortega Bernés y a los legisladores intervenir ante el “engaño” del que se dicen víctimas por parte del gobierno de Felipe Calderón en las gestiones que realizan para la regularización de sus tierras y acceder a los programas de beneficio social para las zonas rurales.
El diputado Manuel Zavala Salazar, de Movimiento Ciudadano, reprochó desde la tribuna legislativa al presidente en turno el comentario que respecto a la movilización campesina fue subido a la cuenta oficial del Congreso en Twitter, pues no se les tomó parecer a los legisladores para asumir tal postura.
“Yo creo que hay que tener cuidado, no lo pusieron a punto de aprobación, yo no estoy de acuerdo con este frente común, al contrario, estaría más por un frente común para solucionar los grandes problemas como la tenencia y propiedad de la tierra”, manifestó.
Zavala Salazar defendió el derecho de los campesinos a manifestarse, aunque “en lo personal no esté de acuerdo en las formas”.
Abordado al término de la sesión, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Edgar Hernández, dijo que la responsable directa del manejo de la cuenta es el área de Comunicación Social, que por cierto, desde la pasada legislatura no tiene titular.
“Tenemos que analizar qué fue lo que sucedió; a lo mejor no fue responsabilidad directa de la persona encargada de manejarlo, lo vamos a revisar y por supuesto que tomaremos cartas en el asunto”, añadió, y en un intento por eludir el problema, deslizó la posibilidad de que la cuenta haya sido “hackeada”.
Dijo que “por supuesto que no es la postura de los diputados” y aseguró que en cuanto se aclaré qué sucedió “tomaremos cartas en el asunto”.
En la misma sesión, Zavala Salazar presentó un punto de acuerdo para solicitar a los ayuntamientos un informe detallado sobre el estado de sus finanzas, en especial en lo que respecta a su deuda pública para transparentar el destino de esos recursos.
Como ejemplos mencionó los casos de Campeche y El Carmen, cuyas deudas rebasan los 500 y los 700 millones respectivamente, “recursos que, está a la vista de todos, no se usaron para atender las necesidades de la población”; y por ello pidió a la Legislatura “asumir el verdadero papel de representantes del pueblo y vigilantes de los recursos públicos” y dejar de ser “cómplices silenciosos” del latrocinio.
En el mismo sentido se pronunció la diputada Ana María López Hernández, del PT, quien destacó la necesidad de acelerar el proceso de clarificación de las cuentas públicas y comprometerse con la transparencia, la honestidad y la cultura de la rendición de cuentas.
