MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno federal negó la legalización masiva de los vehículos procedentes de Estados Unidos, conocidos como “autos chocolate”.
El secretario de Economía (SE), Bruno Ferrari, junto con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), José Antonio González, explicaron que sólo existe un “acuerdo administrativo” mediante el cual se facilitan los pagos por internación que se tienen que hacer, combinado con las reglamentaciones ambientales.
“Lo que estamos haciendo es que los autos que ya están internados en México y que tienen las características para que puedan ser reglamentados, se pueda saber quiénes son los dueños”, aclaró Ferrari en conferencia de prensa.
La finalidad es que cumplan con los elementos que se requieren, precisamente con respeto al medio ambiente y sean los que se están reconociendo, de acuerdo con este programa que lleva mucho tiempo trabajando”, precisó el funcionario.
En julio del 2011, entró en vigor el decreto automotriz para regular la importación de autos usados, que vence el próximo 31 de enero del 2013. Éste obliga a los vehículos importados a contar con los certificados en seguridad y emisiones que los autoriza para circular en su país de origen.
En días pasados, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) anticipó que se publicará un decreto para regularizar los vehículos ilegales, lo que desató la inconformidad de la industria automotriz mexicana.
De hecho, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la AMDA pidieron que la autoridad federal aplique el procedimiento de la ley vigente (el ingreso de autos sólo con requisitos), o confiscar o sacar las unidades del país.
“No podemos avalar una situación en la que unos estados, aprovechando coyunturas políticas, puedan buscar este proceso de regularizar vehículos que entraron ilegalmente al país. Esos vehículos deben pasar por un proceso que establece el propio decreto (automotriz del 2011) o salir del país o ser confiscados, porque se les dio la oportunidad de ser regularizados el año pasado”, advirtió Eduardo Solís, presidente de la AMIA.
Hoy el secretario de Economía dijo que ambas dependencias trabajan con el gobierno de Chihuahua para que no ingrese a México ningún vehículo que no haya sido aprobado en materia ambiental, proveniente de Estados Unidos.
“Sin la aprobación del gobierno de Estados Unidos, independientemente del estado que venga, del medio ambiente. Si no los aprueban allá, no los aprueban acá”, aseguró el titular de la SE.
En el caso particular de Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las principales entradas de automóviles estadunidenses, “el problema ha sido mayor por el uso que se les ha dado en actos delictivos a los autos que ingresan y circulan ilegalmente”.
De hecho, Ferrari enfatizó que “esto ha sido un problema muy serio en los estados fronterizos, en particular en Ciudad Juárez, no solamente porque no había certeza legal, y porque muchos de esos autos se utilizaban incluso para actividades criminales; ni siquiera se les podía dar seguimiento porque no tenían placas o las que tenían eran de Estados Unidos”.
Ferrari añadió que el nuevo reglamento es revisado de manera “juiciosa” entre la SE y la SHCP, porque implica ingresos específicos que deben garantizarse al erario público, además de los compromisos en el tema establecidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
