BANDERILLA, Ver. (apro).- Habitantes de las congregaciones de Vista Hermosa, La Concha y de la cabecera municipal de Jilotepec, así como de Chiltoyac, bloquearon este lunes la entrada a la autopista del Libramiento de Xalapa, inaugurada apenas el 5 de julio por el presidente Felipe Calderón.
Los inconformes reclaman a los gobiernos federal, estatal y a los directivos de la empresa Capexa la reparación de daños a sus viviendas, reposición de sus cultivos y remediación de los deslaves ocurridos por la construcción de la primera etapa de esta obra de 30 kilómetros y que costó más de 3 mil 200 millones de pesos.
Este día, un centenar de vecinos de poblaciones aledañas se quejaron amargamente de que sus demandas y reparación de afectaciones, provocadas por la obra, no han sido atendidas.
El bloqueo carretero, realizado con piedras, reatas y una valla humana, desquició toda la mañana y parte de la tarde de este lunes la salida hacia la Ciudad de México y la entrada a la capital de Veracruz.
Los jornaleros, campesinos y personas de bajos recursos se dijeron hartos de que funcionarios federales y estatales sólo les “firman minutas de trabajo” y “promesas en reuniones” que nunca se concretan para la remediación de daños que dejó esta carretera en zonas rurales del territorio veracruzano.
A la protesta se sumó el alcalde de Banderilla, Francisco Hernández Loeza, quien se quejó de que su municipio también se ha visto afectado con daños al panteón municipal y a la entrada del fraccionamiento Magueyitos, así como afectaciones a viviendas.
En la protesta, varios autobuses foráneos quedaron varados, así como empleados del servicio público y demás; otro de los afectados fue el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Eduardo Andrade Sánchez, quien se dirigía a una reunión a la Ciudad de México.
Por su parte, la Subsecretaría de Gobierno envió un comunicado para consignar que su titular, Enrique Ampudia Melo, se trasladó al lugar del bloqueo para atender de manera personal a los pobladores que reclaman una respuesta de las autoridades federales por daños en propiedad privada.
