Aun cuando no todas las mujeres violadas presentan la denuncia correspondiente, las que lo hacen sufren lo indecible: desdén de las autoridades, mala atención clínica y psicológica, e incluso agresiones del MP, que muchas veces les pide desistir, lo que constituye una “doble violación”, de acuerdo con un estudio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Ante esa indolencia de las autoridades, la representante del organismo, Guadalupe Ramos Ponce, propone crear un Centro Integral de Justicia para las Mujeres.
El 7 de enero de 2010 Paty salió de su casa, en Tlaquepaque, y se dirigió a la parada del camión para trasladarse al parque Alcalde, ubicado a un costado de la Cruz Verde Delgadillo Araujo, en Guadalajara, donde trabaja como afanadora desde hace más de dos décadas.
Parecía un día normal, relata. En las instalaciones del puesto de socorro del ayuntamiento tapatío vio a su compañero Manuel Mercado Leal, uno de los choferes de las ambulancias, a quien conoce desde hace años y con cuya familia ha compartido incluso el pan y la sal en varias ocasiones.
Dice que nunca pensó que Mercado Leal se convirtiera en su verdugo: “Al estar realizando mis actividades de limpieza de la unidad, el compañero Jesús Ceja, apodado El Towi, me pidió que subiera a realizar el aseo en el dormitorio de choferes, donde en esos momentos se encontraba Mercado Leal.
“Empecé a hacer el aseo del lugar, arreglando el baño, recogiendo la basura y trapeando. Mercado estaba sentado en la cama que se encuentra en el dormitorio; no cruzamos palabra. Yo me dediqué a realizar mis labores.”
No obstante, cuando Paty terminó su faena e intentó salir del dormitorio, Mercado Leal la jaloneó hacia el cuarto:
“Forcejeamos y logré soltarme, pero él me sujetó de la mano y me jaló (hacia dentro). Cerró la puerta con llave y me llevó hasta el baño. Le supliqué que me soltara. Me dijo que no lo haría y empezó a besarme. Me quitó mis mallas y mi ropa interior. Y aunque grité para pedir ayuda, nadie acudió. Él se bajó los pantalones y me violó”, relata.
Ya transcurrieron casi mil días de la agresión y Mercado Leal no ha sido castigado. Paty asegura que tiene pocas esperanzas de que las autoridades lo hagan, pues desde el principio en la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ) el personal que la atendió desdeñó su queja.
Recuerda que una agente del Ministerio Público (MP), a quien sólo identifica con el nombre de Mónica, le preguntó si había sostenido relaciones sexuales con alguna otra persona (después del ataque de Mercado Leal). Como ella le respondió que sí, la funcionaria le espetó: “Entonces para qué quieres levantar la denuncia, si no va a pasar nada”.
Pese a los reparos de la agente ministerial, Paty insistió en que le tomaran su declaración y su denuncia quedó arraigada en la agencia 10 con el número de averiguación previa C/108/2010/S. Posteriormente, el MP César Araiza Becerra la remitió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para que le practicaran un examen ginecológico y una valoración psicológica.
“Ahí le dijeron que no siguiera con el proceso porque no iba a pasar nada”, indica Alma, hermana de la víctima.
Paty no se desanimó. Envió un escrito a Osiris Ramos Gómez, director de Relaciones Laborales y Procedimientos de Responsabilidad del ayuntamiento de Guadalajara, en el cual narra su caso y admite también que solicitó su cambio de adscripción laboral por miedo a Mercado Leal, pues teme una nueva agresión.
El funcionario no respondió, por lo que Paty y su familia acudieron a la Oficialía Mayor de la Dirección de Relaciones Laborales y se entrevistaron con una empleada de nombre Mayra, quien les comentó que Mercado Leal “ya no volvería a trabajar en esa unidad de servicios hospitalarios”.
La hermana de Paty y su madre, doña Luisa, aseguran que el chofer inculpado tiene influencias en el Sindicato de Trabajadores de Guadalajara, que encabeza Fernando Jaime Gaytán. “De ahí su protección” por parte del ayuntamiento tapatío, dicen. Según Alma, el victimario pidió sus vacaciones y luego recurrió a las incapacidades para desaparecer “mientras se controlaban las cosas”.
Durante la entrevista Paty se mostró deprimida. La mayor parte del tiempo mantuvo la vista baja y permaneció en silencio, sólo habló lo necesario.
Indignación
Sandra, una profesionista violada en diciembre de 2011, dice que, al igual que Paty, acudió de inmediato a la PGJ a presentar su denuncia. Fue inútil, recuerda, pues permaneció varias horas en el inmueble hasta que alguien le explicó el procedimiento.
Relata su caso: “Paseaba en bicicleta cuando me caí y quedé inconsciente a causa del golpe”. Un vecino la recogió, dice, y la metió a su casa, donde la violó aprovechando la situación. Al recuperarse se dio cuenta de la agresión, por lo que decidió presentar su denuncia en la PGJ.
Ahí, dice Sandra, le comentó a los empleados que, como víctima de violación, tenía derecho a recibir la pastilla del día siguiente, tratamiento gratuito para detectar posible contagio del VIH, además de atención psicológica. Lo único que hicieron los empleados fue darle cita con una psicóloga… para seis meses después.
Sandra continuó el trámite. Acudió al IJCF y detalló su caso a los empleados, les dio las señas de su atacante para la elaboración de un retrato hablado; incluso lo identificó en el álbum criminalístico de la institución, pues tenía antecedentes penales por agresión sexual a menores. Luego le dieron la atención psicológica.
Terminado el proceso, Sandra acudió a la Agencia 3 del MP para preguntar cuál era el siguiente paso. “Nosotros nos comunicamos”, le dijeron. Ella insistió: “Si ya ubicaron el lugar de los hechos y saben quién es el atacante, por qué no lo arrestan”. La respuesta fue tajante, relata: “Hasta que tengamos los elementos suficientes procederemos”.
Poco después regresó a la dependencia para reiterar su petición. En el MP le informaron que como ella no había acudido al IJCF la diligencia se canceló. “Por fortuna tenía una copia para demostrar que sí había ido”, menciona Sandra. Aun así la orden de arresto no se giró.
“Dudo que se haga justicia –expone–. Te dan ganas de suicidarte. ¿Qué sentido tiene estar invirtiendo dinero y tiempo? Sientes las ganas de dejar todo tirado.”
Aunque Paty y Sandra no se conocen, tienen dos cosas en común: ambas fueron violadas, lo que cambió sus vidas, y pese a que denunciaron a sus agresores ante la PGJ, las autoridades no sólo no atendieron sus quejas, sino que las hicieron sentir culpables, por lo que dudan que se haga justicia en sus casos.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la propia procuraduría, del 1 de enero al 31 de agosto de este año se han presentado 369 denuncias por delitos de violación en los cuatro municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, pero se desconoce cuántos han sido atendidos realmente.
Injusticia
Guadalupe Ramos Ponce, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), critica a la PGJ porque, asegura, en sus instalaciones las víctimas de violación en lugar de recibir atención por lo general son humilladas.
El año pasado, con el apoyo de dos becarias extranjeras, el Cladem hizo una investigación en el área de Atención de Delitos en Agravio de Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la PGJ, dice Ramos Ponce. Según el estudio, a la mayoría de las agraviadas se les hizo sentir culpables; peor aun, el personal de la dependencia les induce a desistirse de presentar una querella.
“Unos de los casos documentados es el de una chica que presentó una denuncia por violación. Las dos actuarias que la atendieron subieron la voz para que la gente escuchara los pormenores. No hay privacidad para las víctimas de violencia sexual. Cuando la chica se retiró, las becarias escucharon que las actuarias comentaron: ‘Ella tuvo la culpa, ¿ve cómo viene vestida’”, relata Ramos Ponce a Proceso Jalisco.
Otro detalle que detectaron los integrantes de la Cladem es la deficiente atención de los servicios médicos y de ayuda psicológica y jurídica por parte de la procuraduría a las mujeres violentadas:
“Aun cuando la Ley de Acceso a la Justicia para las Mujeres dice que debe dárseles atención inmediata a las víctimas, cuando una de ellas es objeto de violación y presenta su denuncia, las autoridades le dan una cita para recibir atención psicológica que por lo general tarda seis meses. Realmente no hay atención”, expone Guadalupe Ramos.
Así, insiste, además de que la PGJ carece del personal especializado suficiente, esa demora provoca que las mujeres sean “doblemente violentadas”: por su victimario y por la propia procuraduría, a causa de la falta de atención.
“Así como están las cosas no se puede esperar mucho de la PGJ –comenta la entrevistada–. De acuerdo con la Norma Oficial 046, por ejemplo, a cualquier mujer víctima de violación se le debe aplicar la píldora del día siguiente para evitar un embarazo; además, deben hacérsele los exámenes clínicos para detectar los posibles contagios de enfermedades de transmisión sexual…
“Lo cierto es que de los casos de violación analizados, ninguna mujer recibió la atención médica adecuada.”
–Eso significa que la procuraduría no está cumpliendo su función de ayudar a las víctimas…
–Con la estructura que tiene ahora y por la forma en que opera, de ninguna manera.
–¿Es mejor que la mujer violada se desista de presentar su denuncia?
–De ninguna manera. Lo que debe hacerse es que los órganos de justicia trabajen; presentar denuncias y exigir que los nuevos ordenamientos en materia de derechos humanos, en especial con las mujeres, se apliquen.
Para Ramos Ponce, es urgente crear un Centro Integral de Justicia para las Mujeres, con asesoría jurídica y derechos humanos para dar apoyo integral a las víctimas.
–De los violadores denunciados, ¿cuántos reciben castigo?
–Aún no tenemos el diagnóstico completo, pero hemos detectado que el grado de impunidad es muy alto. Te pongo un ejemplo: preguntamos en la Dirección de Seguridad Pública cuántas de las llamadas de auxilio que reciben se relacionan con la violencia contra las mujeres. Nos dijeron que 20 mil. De ellas, sólo ocho denuncias habían llegado a término.
