Como si no fueran suficientes los conflictos que provocaron en Chalacatepec las maniobras privadas y del gobierno estatal para impulsar el “Nuevo Cancún” que anunció el gobernador Emilio González, la Secretaría de la Reforma Agraria se sumó a las presiones contra los ejidatarios y sostiene que no puede regularizar las tierras que en 1960 les cedió el presidente Adolfo López Mateos. Pese a todo, los lugareños siguen viendo al proyecto turístico de la empresa Rasaland como una amenaza, no como una oportunidad.
JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN.- Además de las mil 200 hectáreas que vendieron sin saber que eran para el desarrollo turístico bautizado por el gobernador Emilio González Márquez como el “Nuevo Cancún, pero bien hecho”, los ejidatarios de esta comunidad pueden perder otras mil 200 hectáreas de las 12 mil 400 que les fueron concedidas en 1960 por decreto presidencial de Adolfo López Mateos.
Se trata de tierras que colindan con la superficie adquirida por el gobierno mediante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y el grupo inmobiliario Rasaland, para levantar el complejo turístico.
Los ejidatarios exponen que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se niega a reconocer la totalidad de dicha dotación de tierras, incluso manifiesta que tiene que hacerse una regularización porque existen pequeños propietarios en la región.
Pero los afectados dicen que el argumento de la dependencia federal es poco creíble, pues han pasado más de 50 años desde que el presidente de la República les entregó la posesión de las tierras y nunca se hizo un proceso de regularización. Les extraña que sea ahora, con el anuncio del desarrollo turístico, cuando surge el interés de la SRA en darle certeza jurídica a esos terrenos, y premeditadamente hayan seleccionado los que se encuentran cercanos a la pista de aterrizaje, donde, según el proyecto, se ubicarían el aeropuerto y la infraestructura hotelera.
El pasado miércoles 10, una veintena de ejidatarios se reunieron con este reportero en un salón de eventos del poblado para explicar la situación; sin embargo, el presidente del comisariado, Cleofás Rodríguez Salas, enturbió los ánimos cuando les pidió que aceptaran la propuesta de la SRA mientras se averigua a quiénes pertenecen las mil 200 hectáreas en disputa.
“Si en 50 años a 480 personas no les han arreglado lo que tienen en posesión, ¿por qué ahora van a arreglar eso?”, le respondió Guadalupe Valadez Parra, titular del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal de José María Morelos. “Los tiempos ya cambiaron”, le reviró Rodríguez Salas.
Otro ejidatario, Luis Manuel Soto Rojas, advierte que la oferta de la SRA es engañosa, porque no garantiza que recuperarán las mil 700 hectáreas y en cambio le estarían dando la posibilidad de que los despojen con cualquier artimaña o que, incluso, sean desalojados con violencia, como sucedió el 21 de agosto de 2007 en el ejido de Campo Acosta –en el kilómetro 105 de la carretera federal 200, de Puerto Vallarta a Melaque–, donde sus pobladores se negaron a vender predios para otro proyecto turístico, y policías estatales y federales los reprimieron. De acuerdo con un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fechado en diciembre de 2009, 32 ejidatarios fueron detenidos y torturados.
La explicación oficial es que la fuerza pública intervino porque alrededor de 200 ejidatarios se oponían a la entrega de mil 200 hectáreas a la comunidad indígena de Tomatlán, que había vendido dos terceras partes del frente de playa de ese ejido a la empresa Sierra Vallarta.
Entre los ejidatarios que asistieron al salón de eventos existe la presunción de que su presidente, Rodríguez Salas, se ha convertido en un simple intermediario de Rasaland, y conforme avanzaba la reunión no tardaron en echárselo en cara e incluso le exigieron que renunciara a su cargo.
Le recordaron que, con base en un reglamento inexistente, cada que puede suspende a los ejidatarios críticos para manipular las asambleas a su antojo. En la del pasado domingo se sometería a votación la aceptación del nuevo plan que propone la SRA con el recorte de las mil 200 hectáreas; sin embargo, la ausencia de un fedatario público impidió que la acción se llevara a cabo.
Dos semanas antes de la asamblea circuló entre los ejidatarios un folleto advirtiéndoles de las consecuencias que padecerían si se niegan a aceptar los planes de la SRA. En dos puntos se les señala que perderían el apoyo oficial del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la propia SRA, así como la oportunidad de participar en el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progran), y el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).
En el folleto se les indica que, si continúan resistiéndose, el conflicto de la tenencia de la tierra seguirá por cuenta del ejido, que de este modo deberá contratar abogados, cuando no hay recursos para pagarles. “Se heredaría el problema de la tenencia de la tierra a nuestros hijos, como nosotros lo recibimos de nuestros padres. Y los que conocen de este asunto, ya quedan muy pocos con vida y energía para seguir”, dice el texto.
En contraparte, se asegura en el documento anónimo, si los ejidatarios aceptan la medida de la SRA se avanzará en la regularización de la tenencia de la tierra, problema que data de hace más de 50 años, y tanto la SRA como la Procuraduría Agraria se encargarían de darle la legalidad a la posesión.
Ante los cuestionamientos sobre ese folleto, Cleofás Rodríguez Salas dijo que lo elaboró la Comisión Auxiliar para los trabajos del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios (Fanar), pero miembros de ese órgano que estaban presentes en la asamblea lo desmintieron.
Momentos después, el presidente del comisariado ejidal desplegó en una mesa el plano original de la dotación de tierras expedida en 1960 por López Mateos y después le encimó la cartografía que propone la SRA, dejando en evidencia la mutilación de hectáreas. Los inconformes aseguraron que era la primera vez que veían el plano original, pues Rodríguez Salas se ha negado a facilitarles la documentación completa.
En noviembre de 2004, 16 ejidatarios vendieron poco más de 133 hectáreas al gobierno de Jalisco, entonces encabezado por Francisco Ramírez Acuña, para que construyera una pista de aterrizaje en los parajes conocidos como Valle de Maderas y La Escondida. Por medio del entonces director general de Asuntos Agrarios, Ramón Gregorio Longoria Cervantes, se les prometió la construcción de caminos alternos para que conservaran el acceso a sus tierras.
Adelaido González Bobadilla, un ejidatario que en esa ocasión vendió seis hectáreas, afirma que el funcionario no regresó a cumplir su promesa, y que ha tenido problemas para ingresar a su potrero porque ya no le permiten cruzar la aeropista. “Si no nos han cumplido en lo poco, menos nos van a cumplir en lo mucho, entiéndelo”, le dijo González Bobadilla a Rodríguez Salas.
Los inconformes aseguran que la tenencia de la tierra se complicó cuando el PAN llegó al gobierno de Jalisco y posteriormente a la Presidencia de la República. Dice que empezaron a surgir los pequeños propietarios que, por cierto, nunca asisten a las asambleas pero tienen derecho a voz y voto.
En la lista de propietarios de la zona sobresalen los nombres de María Cristina Ramos Loza de Mecat, Alfonso Medina Ramos, Leopoldo Valencia Orozco, Guillermo Garza Felan, Arturo Vega Soforo, Enriqueta Ramírez Olace, Susana Ramírez Olace e Ignacio Ahedo Garibay.
Debate sin salida
Mientras en el salón se realizaba la asamblea, afuera esperaba el empresario Francisco José Arias Rama, que preside el Consejo Regional Económico y Social Costa Norte (Crees) y a quien los ejidatarios identifican como un fuerte promotor del desarrollo turístico en Chalacatepec. Al enterarse que estaba presente el reportero, Arias Rama exigió entrar para “desmentir” lo publicado en este semanario en abril pasado (Proceso Jalisco 387 y 389), cuando varios pescadores declararon que él y ocho sujetos armados los amenazaron para que no hablaran con la prensa.
Pese a que se les negó el acceso a él y al grupo que lo acompañaba, incluidos el regidor del PRI en Tomatlán, Agustín Rosas de Alba, y el expresidente del comisariado ejidal de José María Morelos, Ricardo Vázquez Naja, el reportero conversó con ellos.
Arias estima que la inversión en la zona ascenderá a 3 mil millones de dólares, lo que representa 300 años del presupuesto municipal, y opina que la información sobre las críticas al proyecto puede ahuyentar a los inversores, quienes, dice, ya tienen consideradas las playas de Monteón, Nayarit, para desarrollar otro complejo turístico y en cualquier momento podrían retirarse de Jalisco.
Para él, los ejidatarios inconformes se oponen al crecimiento económico de la región y varios sólo buscan una tajada de dinero, alentados por su asesor ambiental, Pedro León Corrales: “Hay gente que escucha la danza de los millones y le nacen otros intereses, lo económico, y para poder tener lo económico usan lo político”.
Arias se dice impulsor de una serie de talleres y diplomados en diversos oficios que tienen como objeto preparar a electricistas, carpinteros y albañiles, entre otros, que serán requeridos en la construcción de la infraestructura hotelera.
Además, cree que si el complejo turístico se concreta, Tomatlán tendrá la oportunidad de detonar la industria alimenticia y cárnica, rezagada desde hace años por falta de inversionistas. Su objetivo es que a futuro se construya un rastro TIF y al menos dos procesadoras de fruta.
Por su parte, Vázquez Naja señala que la compra de los terrenos por Rasaland y el gobierno del estado se hizo de manera pacífica y que ningún ejidatario fue engañado con el precio porque lo aceptaron de buena gana, aunque algunos pobladores se quejan de que a unos les dieron 120 mil pesos por 12 hectáreas, a otros 200 mil y a unos más hasta 1 millón de pesos por una parcela.
Amado López Cortés, habitante de la localidad de Morelos, narra que hasta allá fue un corredor de bienes raíces a preguntar directamente a los ejidatarios cuánto le costaría un derecho de tierra, y así fue como empezó a comprar hectáreas sin informarles que eran para el desarrollo turístico. “Somos aquí personas de una educación media baja –explica–, si acaso uno o dos entienden; no somos más que agricultores y ganaderos, no sabemos de política”.
Sobre las tierras que pelean los ejidatarios, el excomisariado dice que son 6 mil las hectáreas en conflicto: la mitad localizadas en la comunidad de Campo Acosta y la otra en el ejido de Morelos, pero en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1965 se estableció que en esa zona hay pequeñas propiedades, por lo que nunca tendrán un título de propiedad.
Refiere que la SRA les concedió un plano definitivo de 9 mil 353 hectáreas y le pidió al ejido que hiciera una cartografía adicional para completar las 12 mil 400 hectáreas que dispone el decreto presidencial. Agrega que durante el periodo en que él estuvo al frente del comisariado se acercó el Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural (Cosomer) a fin de indemnizar a los pequeños propietarios y comprar las escrituras para entregarlas a los que tenían la tierra en posesión, pero los ejidatarios se negaron.
Al respecto dice Vázquez Naja: “No puede ser posible que por mil 200 hectáreas perdamos las 12 mil. Podemos tener en un momento dado nuestro título de propiedad, que hemos estado peleando durante 50 años. Hay algunos pendejos que dicen ‘mejor nos quedamos aquí otros 50 años’. ¿Quién te va a garantizar a ti, güey, que vamos a vivir otros 50 años?”.
En contraste, Armando Murillo, miembro de la Cooperativa de Pescadores Laguna Paramán, considera que cuando funcione el complejo turístico los lugareños se van a convertir en empleados con sueldos raquíticos y sin prestaciones de ley. Fuentes de la inmobiliaria les dijeron que construirán un muelle para convertir a Chalacatepec en un pueblo pesquero, pero también que reubicarán a los ejidatarios tres kilómetros al sur del complejo turístico, donde las olas alcanzan hasta cuatro metros.
Además, sigue incierto el destino del campamento tortuguero de Chalacatepec, destinado a la preservación de tres especies de quelonios. La responsable del sitio, la bióloga Cecilia Martínez, comenta que aún no saben si será reubicado, pero piensa que es necesario porque no puede estar cerca de los proyectados hoteles.
