CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La procuradora Martha Elva Garzón Bernal informó que los siete funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, destituidos en febrero pasado por “actuaciones irregulares” en el caso Ayotzinapa, fueron reinstalados.
Entre ellos se encuentra el excomandante de la Policía Ministerial en la región centro, David Jesús Urquizo Molina, a quien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó de haber “torturado y sembrado” un fusil AK-47 a un estudiante normalista.
Sobre el asesinato del “testigo protegido” Jaime Galván Rodríguez, El Diablo, quien señaló que elementos de la Policía Federal (PF) mataron a los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la funcionaria estatal afirmó que fue ejecutado por dos jóvenes a quienes su pareja sentimental, Margarita Arcos Nava, pagó 30 mil pesos para que lo desaparecieran, debido a que la “golpeaba y celaba”.
Con ello, Garzón Bernal descartó que el crimen de El Diablo –cuyo cuerpo continúa desaparecido– esté relacionado con los señalamientos que hizo en contra de la PF, corporación que participó, junto con policías estatales, en el desalojo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, donde perdieron la vida dos normalistas.
Cuando se le preguntó qué tan creíble es la hipótesis de que un testigo clave en el caso Ayotzinapa haya sido asesinado por un asunto pasional, la procuradora de Justicia respondió molesta:
“Él (Jaime Galván) era testigo protegido y nosotros le estábamos dando medidas cautelares, ustedes lo saben, ¿no? Él señalaba que quienes habían matado a los estudiantes de Ayotzinapa pues eran federales, pero en ningún momento en esta investigación hemos encontrado una línea que nos diga que tenemos que irnos por ese lado”.
Añadió:
“Hay un reconocimiento ya de causa por qué (su pareja) lo mandó matar, a quiénes les dio 30 mil pesos para que lo mataran. De cien mil que le iban a cobrar, ella dio 30 mil pesos, entonces no hay por qué irse por otra línea de investigación. Hay un reconocimiento también de los autores materiales, así que no nos hagamos conjeturas”.
Garzón Bernal dijo que no quiere cerrar el caso porque está en proceso de investigación, pero “hasta ahorita –subrayó– no hay la más remota (idea) o línea que nos lleve a investigar que alguien más lo mató”.
Entrevistada esta mañana al término de un acto público en la sede de la PGJE, la funcionaria estatal dio a conocer que los tres fiscales y cuatro agentes de la Policía Ministerial (PM) cesados por su presunta responsabilidad en “actuaciones irregulares” en el caso Ayotzinapa, ya fueron reinstalados en sus respectivos cargos.
Sin informar las causas, se limitó a decir que los
exfuncionarios “ya están trabajando”.
Se trata de José Vélez Zapata, exdirector de Averiguaciones Previas y actual fiscal regional de la Costa Chica; Esteban Maldonado Palacios, fiscal especializado para la investigación de Delitos Graves, y Pablo Alejandro Jasso Barrera, fiscal especializado para el Combate al Delito de Secuestro.
Además de Urquizo Molina, también fueron reinstalados el comandante Salvador Téllez Márquez, y los agentes Israel Espinoza Aguilar y Miguel Salazar Gaona.
