OAXACA, Oax. (apro).- La policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán utilizó “de manera excesiva” la fuerza pública al disolver una manifestación en la que resultaron agredidos varios periodistas, con lo cual también atentó contra la libertad de expresión, determinó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
La DDHPO emitió la recomendación 09/2012 al presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino, por los hechos ocurridos el pasado 6 de marzo.
El ómbudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, resaltó que con esta recomendación se protegen derechos de libertad de expresión de periodistas que fueron agredidos por policías municipales de Xoxocotlán.
El 6 de marzo, un grupo de ciudadanos que se manifestaba cerca del palacio municipal de Xoxocotlán y de periodistas que realizaban la cobertura informativa, fueron agredidos por elementos de la policía municipal de dicha localidad.
Entre los reporteros, camarógrafos y fotógrafos que fueron golpeados y rociados con gas lacrimógeno cuando cubrían el desalojo de un grupo de inconformes, se encuentran Alejandro Villafañe, del periódico El Imparcial; Arturo Pérez, reportero del sitio web de noticias Oaxaca Ya; José de Jesús Cortés, colaborador de Telemundo y Jesús Cruz Porras, reportero de la agencia Oaxaca Hoy.
En el documento, la Defensoría determinó que hubo violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica por el uso ilegítimo de la fuerza pública por parte de elementos de la policía municipal. Y es que los uniformados utilizaron de manera arbitraria gas lacrimógeno, toques eléctricos, golpes con macanas, escudos y piedras al tratar de disolver la manifestación.
Al concluir la investigación, la Defensoría determinó recomendar al edil perredista de Xoxocotlán que “gire sus instrucciones a quien corresponda para que la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, inicie y concluya procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de esa corporación que intervinieron en los hechos y, de ser procedente, se les impongan las sanciones que resulten aplicables”.
Asimismo, pidió que se “exhorte a los elementos de la policía municipal que se vieron involucrados en los hechos, que en lo subsecuente ciñan su actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, a efecto de que apliquen métodos distintos al uso de la fuerza pública que les permitan llevar a cabo sus funciones”.
De igual forma, la DDHPO recomendó al alcalde que gire las instrucciones necesarias “para que los elementos de la policía municipal de Xoxocotlán se abstengan de usar la fuerza, excepto en los casos en que resulte estrictamente necesario, evitando el abuso de poder a través de prácticas como los tratos crueles o degradantes contra las personas con las que tengan trato por motivo de esas tareas, preponderando siempre la racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”.
Como una forma para reparar el daño moral de que fueron objeto los agraviados, el ombudsman estatal recomendó al presidente municipal que, “de manera inmediata”, ofrezca una disculpa pública a los agraviados por los hechos.
Ahora, el edil perredista tiene 15 días para la aceptación de la recomendación, en caso de que no hay respuesta ni se aporten pruebas, dará lugar a que se interprete que no fue aceptada, quedando esta Defensoría en libertad de hacer pública dicha circunstancia.
Hasta el momento, siete meses después de las agresiones, el edil perredista José Julio Antonio Aquino no ha informado de alguna sanción a los policías que violaron los derechos humanos y atentaron contra la libertad de expresión.
