Pleitazo en pesas

Las pugnas en las federaciones son el sello de casa dentro del deporte en México. A veces en el atletismo y el basquetbol; otras en el karate y el taekwondo, y ahora en la halterofilia. Los pleitos siempre terminan por afectar al eslabón más débil: los atletas. En entrevista con Proceso, los protagonistas del desencuentro en la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas –su titular y el exvicepresidente– exponen sus argumentos y puntos de vista, que ya llegaron a los tribunales y a la CAAD, máximo organismo de justicia y arbitraje en el deporte mexicano.

Juan Ángel García Peña lo tenía todo: la vicepresidencia de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), la presidencia de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Nuevo León y una posición no menos relevante como entrenador de la disciplina en el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León, hasta que todos los cargos le fueron arrebatados de un solo golpe.

Durante una sesión de la Comisión de Honor y Justicia de la FMLP realizada en enero de 2008 en la casa del presidente de este organismo, Rosalío Antonio Alvarado, en San Luis Potosí, se determinó que García Peña debía renunciar a sus cargos en la federación, así como a la Asociación de Levantamiento de Pesas de Nuevo León.

Se le acusó de incurrir en desacato a varios ordenamientos de la FMLP, de promover la desunión dentro del organismo, así como de realizar falsas acusaciones en contra de Alvarado, entre éstas supuestas corruptelas y malos manejos financieros.

Para enfrentar los señalamientos, García Peña promovió varios recursos ante los tribunales, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El caso se complicó a raíz de que la CAAD ordenó la revocación de las sanciones impuestas y, con ello, que el quejoso fuera restituido en sus cargos y se le reconocieran plenamente sus derechos deportivos.

Luego de que García Peña interpusiera un recurso de apelación ante la CAAD –folio CAAD-RA (AC.09)-07/2008–, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) inició un procedimiento de sanción administrativa en contra de Alvarado, por no dar cumplimiento a la resolución de este organismo.

Además, el 19 de marzo de 2009 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal le negó al titular de la FMLP la suspensión definitiva que solicitó dentro del juicio de amparo número 97/2009, promovido en contra de los actos de la CAAD.

Lo anterior derivó al acuerdo del 13 de abril de 2009, en el que el pleno del máximo tribunal deportivo del país hizo efectivo el apercibimiento en contra del presidente de la FMLP por su negativa a dar cumplimiento a la resolución, por lo cual la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade radicó el correspondiente procedimiento administrativo. Posteriormente, el 7 de septiembre de 2010 se acordó sobreseer el procedimiento administrativo.

El 18 de marzo de 2011, García Peña solicitó a la CAAD que se le notificara la resolución dictada por la Conade en contra de Alvarado. Ello “en virtud de que este organismo se niega a hacerlo con un servidor argumentando que no fui parte en dicho procedimiento administrativo, pese a estar plenamente comprobado que soy la parte afectada.

“Se argumentó que se sobreseyó. Se incurrió en un segundo desacato que involucra a la Conade. Si la ley se aplicara fehacientemente, Rosalío no debería estar ni en la Codeme, ni en la federación.”

Por su parte, Alvarado se defiende y admite que una de las resoluciones de la CAAD le ordenó afiliar a su exvicepresidente. “Lo hicimos, le pedimos que presentara un examen de conocimiento y nunca acudió. El señor no quiso entrar de nuevo a la federación e insistió en que me sancionaran. La CAAD rechazó darle vista al COM, como pretendía el señor. Luego la CAAD dice que no hay lugar a lo que pide”.

Aunque estatutariamente García Peña ya no puede ser reinstalado en sus funciones en virtud de que prescribió el tiempo para ello, exige a Alvarado que entregue “cuentas claras” a sus afiliados en una asamblea extraordinaria en la que informe cómo se utilizan los recursos de la FMLP. También pide que a esa asamblea acudan observadores de la CNDH, de la Conade, de la Codeme y de los medios de comunicación.

Rendición de cuentas

 

En entrevista con Proceso, García Peña comenta que desde hace más de cuatro años lucha por limpiar su nombre dentro del deporte federado. Asegura que no le interesa en absoluto “el poder” en la halterofilia. Sólo pide que las autoridades deportivas que asumirán funciones en el próximo gobierno “apliquen la ley, tal como lo estipula la CAAD para actos de desacato”.

Con 22 años como entrenador, de los cuales 12 los dedicó al instituto del deporte de su estado natal hasta su despido, García Peña afirma que por presiones de Alvarado perdió su trabajo.

“Estoy consciente de que ya no son tiempos para pensar en una reinstalación en mis cargos. Además, lo más bonito que tenía, mi cargo de entrenador, ya también me lo quitaron. Pero sí quiero terminar bien la carrera que inicié. En la asamblea pediré que Alvarado informe cómo utiliza los recursos de la federación y que aclare por qué su esposa acude a todas las competencias internacionales en calidad de juez”, expone García Peña.

Localizado cuando viajaba a su natal San Luis Potosí, el presidente de la FMLP explota ante las exigencias de su excompañero. “No acepto retos de nadie. Él tuvo su oportunidad, y la perdió. Todos sus argumentos están fuera de lugar, porque nos sometimos a la decisión de las autoridades”.

Y añade: “Si quiere le puedo dar empleo de barrendero o de conserje. Con todo gusto lo ayudo, porque es su actual condición. Ya no es entrenador porque lo corrieron de la Universidad de Nuevo León, luego de sus malos resultados en la Universiada”.

El presidente de la FMLP dice que puede acudir a las instancias legales y puntualiza: “Que demuestre que recibimos ese dinero por la certificación de árbitros y entrenadores. Si él tiene recibos o facturas que hayamos dado, que los muestre ante la autoridad competente. De todos modos él no está asociado, no tiene por qué pedirnos cuentas, porque ya no pertenece a nuestra federación”.

Sostiene que en cada asamblea de la federación ha presentado puntualmente los estados financieros, a lo que está obligado estatutariamente, y que éstos han sido aprobados por los afiliados. “Que él siga haciendo sus cuentas alegres. La verdad que el señor está totalmente fuera de la razón. No sabe ni lo que dice”.

A la sesión de la Comisión de Honor y Justicia realizada el 30 de enero de 2008 asistieron el sobrino del presidente de la FMLP, Ricardo Antonio Salas Alvarado, responsable jurídico del organismo, quien ejerció la función de presidente, y el propio Alvarado, en su carácter de secretario de esa comisión. También acudió su esposa, y el cuñado de Rosalío, Andrés Ramírez Zarazúa.

De este encuentro existe una grabación, cuya copia tiene este semanario. En la cinta se escucha la voz de Alvarado que dice:

“Lo más importante es de que acabemos con todo esto, Juan Ángel, porque aquí el más perjudicado es usted, y esa no es la intención. Usted podrá luchar, hacer todo lo que quiera, pero entonces sí tendrá una respuesta muy contundente de la federación: no queremos un pleito, queremos que las cosas se arreglen, porque esto no es en beneficio de nadie. Yo saldré adelante porque no tengo absolutamente nada que se me pueda imputar en cuestiones financieras de la federación… pero si usted quiere un pleito, pues este va a ser un pleito, donde el más perjudicado va a ser usted, y véalo de esa forma. Le propongo lo siguiente para que nos entendamos: usted debe ofrecer una disculpa en este aspecto, la cual vamos a entender perfectamente.”

A continuación se escucha la voz de García Peña: “Puede usted contar con ella”. Luego, Alvarado lo deja sin opciones: “En otro sentido pienso que usted debe ofrecer su renuncia a la vicepresidencia de la federación y también en la asociación. Usted queda como entrenador, verdad. Aquí es importante que nos haga la renuncia, entonces queda fuera de todo, y si continúa con su trabajo, yo hablo con sus jefes. Usted sigue integrado, pero…”.

El directivo fue más allá en cuanto a los términos en los que se acordaría la “renuncia” de García Peña: “La razón, entonces, sería la pérdida de la confianza, hablando a plata limpia”.

 

Encono

 

En entrevista con este semanario, el presidente de la FMLP asegura que su acusador no tendrá una segunda oportunidad en la halterofilia, y menos como entrenador. Explica que no tuvo nada que ver en su despido como entrenador, primero en el instituto del deporte estatal y luego en el cambio de funciones en la Universidad de Nuevo León.

“Lo corrieron por malo. Nunca fue buen entrenador. Si fuera bueno estaría ahí trabajando. No lo pueden correr de la universidad porque tiene base, pero lo mandan como bodeguero, conserje, gente de limpieza. Ahí está el lugar que tiene él… todo lo que dice está totalmente fuera de contexto. Perdió y no entiende que está perdido.”

Y abunda: “Con todo el derecho que tenemos peleamos y ganamos. No convencieron sus argumentos, pues no es culpa mía. Él mismo se sometió al arbitrio de esa gente. Ahora dice que no está de acuerdo. Se hubiera acercado a arreglar las cosas directamente con nosotros, no lo hizo, pues entonces hay que defenderse, pero le doy empleo como barrendero y conserje en la federación, porque como entrenador no tiene conocimientos para eso”.

El titular de la FMLP sostiene: “Soy hombre de arreglos. Él se expresa mal de mí. Si el pleito es conmigo, que así sea, pero que no involucre a mi esposa, que no confunda. He sido respetuoso de su familia, que está totalmente fuera de esto. A mi esposa, quien es juez internacional, no la convoco yo, sino la federación internacional. Tengo tres hijos que fueron levantadores de pesas que me apoyan en los eventos. Son profesionistas, se dedican a lo suyo y me ayudan a llevar los eventos para que se realicen en orden. No tienen ningún cargo en la federación. Los tres son jueces internacionales y tienen todo su derecho de serlo. La ley no prohíbe absolutamente que los hijos de los presidentes de federación sean jueces”.