La califican como la tercera deuda más “escandalosa” de la historia mexicana, después de la federal de José López Portillo y la de Coahuila, de Humberto Moreira. Dentro de dos meses Juan Sabines Guerrero le dejará a su sucesor un débito de más de 20 mil millones de pesos. El mandatario chiapaneco minimiza el tema y con toda calma asegura que eso se irá pagando con las partidas federales… pero no aclara en cuánto tiempo.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Al terminar su sexenio el próximo 8 de diciembre, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero habrá logrado lo que ningún otro mandatario de la entidad: heredar una deuda que ya supera los 20 mil 383 millones de pesos pagaderos a 20 y hasta 30 años. Hizo crecer 23 veces la deuda que encontró al comenzar su gestión.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía –que empezó en diciembre de 2000– encontró una deuda de 998 millones de pesos. El tope llegó a mil 416 millones en 2005, pero al finalizar su gestión, en 2006, se pagó más de la mitad y el adeudo bajó a 881 millones.
En 2007, ya con Sabines en su primer año como gobernador, la deuda saltó a poco más de 6 mil millones y a la mitad de la administración, en 2009, llegó a 9 mil 215 millones. Para marzo de 2012 ya estaba en 15 mil 88 millones de pesos.
Carlos Jair Jiménez Bolaños, secretario estatal de Hacienda, dijo en conferencia de prensa el 13 de septiembre que de ese monto a marzo de 2012, mil 149 millones correspondían a las deudas municipales: “De acuerdo con las cifras oficiales la deuda del gobierno del estado de Chiapas es de 13 mil 939 millones de pesos.
El último jalón
Pero 2012 no quedaría exento de solicitudes de préstamo. En mayo pasado el Congreso estatal le aprobó otros mil 25 millones 598 mil 382 pesos que se justificaron como inversión para al menos 48 obras públicas. A principios de septiembre pasado Sabines pretendió solicitar otros 5 mil millones de pesos “para garantizar la transición” al gobierno de su sucesor, Manuel Velasco Coello.
Este empréstito –presuntamente para la creación de un fideicomiso– se frustró por la polémica que generó y de la que él se desmarcó llamando “mentirosos” y “calumniadores” a quienes le adjudicaron dicha solicitud.
Pero pocos días antes de terminar la LXIV Legislatura local apareció una nueva iniciativa. No estaba firmada por Sabines ni por Jiménez Bolaños sino por Ricardo Alberto Serrano Pino, presidente de la Comisión de Hacienda, y por Javín Guzmán Vilchis, de la coordinación parlamentaria del Partido Verde.
Y llegó el 30 de septiembre, cuando concluyó su gestión esa Legislatura, sin que se hubiera aprobado la iniciativa. Sin embargo el martes 2, un día después de que tomó posesión la siguiente, la LXV, 33 de los 41 diputados autorizaron a Sabines un nuevo empréstito por 3 mil 870 millones de pesos “más gastos de instrumentación”.
Pero esta vez con un candado: la mitad podrá ejercerlo Sabines en los 60 días que le quedan de gobierno y la otra mitad la ejercerá su sucesor, quien asumirá el próximo 8 de diciembre.
Pese a los votos en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, con la mayoría aplastante del PRI, PVEM y PAN pasó la iniciativa de “decreto por el que se autoriza el financiamiento para inversiones públicas productivas en el estado”; se explica que será para garantizar apoyos y pagos pendientes días antes de la partida de Sabines.
El principal argumento del gobierno estatal ante los diputados para la aprobación de dicha iniciativa es que el gobierno federal les debe partidas presupuestales desde 2008 y por eso urgen recursos para saldar el final de la administración gubernamental.
Antes de dejar el cargo, Marlene Herrera, diputada local del PRI, dijo el 30 de septiembre que son alrededor de 4 mil 500 millones de pesos que le debe el gobierno federal al de Chiapas y que por ello era necesario pedir ese préstamo, que a diferencia de los anteriores no se gestionó con Banobras sino con la banca privada.
“Polemizan para dañarme”
En entrevista con Proceso, Juan Sabines dice que no le debería ocupar ni preocupar a los chiapanecos la deuda, pues ésta se irá pagando con las partidas federales.
Señala además que era preferible esa deuda con la banca a tener un débito con los chiapanecos, al tiempo que empieza a citar los logros en materia de desarrollo social durante su administración.
Dice que las calificadoras indican que el tope del endeudamiento de Chiapas es de hasta 40 mil millones de pesos y según él, la deuda del estado no está siquiera a la mitad de eso.
Según Sabines quienes han “polemizado” con el tema seguramente “quieren dañar al gobierno”.
Al conocer el nuevo endeudamiento, el economista Jorge López Arévalo señala a Proceso que la de Chiapas es la tercera deuda “más escandalosa de la historia de México”.
“La primera fue la de José López Portillo en 1982. La segunda, la de Coahuila con Humberto Moreira y la tercera, la de Chiapas. Lo grave es que se trata del estado más pobre de México y el más subsidiado. Hay quienes piensan que el gobierno federal le dará dinero a Sabines por la presunta cercanía con Peña Nieto, pero no es así de fácil”, dice.
Señala que a Coahuila no le han dado nada y ha tenido que reestructurar su deuda, ha aplicado una política de brutal austeridad despidiendo personal, cancelando programas y aumentando impuestos estatales. “Ese es el panorama que nos espera. Después de la borrachera viene la cruda”.
“La deuda se debe medir en relación con el tamaño de la economía, no en términos absolutos. Por eso se utiliza el criterio de deuda/PIB. El gobierno del estado y la Secretaria de Hacienda de Chiapas tramposamente utilizan el dato en términos absolutos, pero ese dato no es robusto”, agrega.
Y ejemplifica: “Es como si yo tuviera una deuda de 100 mil pesos y Slim 200 mil; en términos absolutos él tiene más deuda, pero yo soy una persona insignificante en ingresos comparado con el empresario, así que debo más en términos relativos a mis ingresos. No hay que caer en esa trampa”.
Urge legislar
Por su parte el constitucionalista César Iván Astudillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que urge un marco jurídico efectivo que regule y controle los endeudamientos en los entidades federativas de México.
Indica que en Chiapas es necesario que la administración actual explique a qué se debió el salto de 2007 y qué justifica que al día de hoy se tenga una deuda 15 veces mayor que la de 2000.
“La rendición de cuentas que exige un estado democrático conduce a exigir la puntual fiscalización de los recursos del endeudamiento para que se advierta el destino de los recursos, se compruebe la realización de obras, se constate el beneficio que acarrearon a la población, los resultados obtenidos y su impacto para el desarrollo económico y social del estado. De no hacerlo pesará una sombra de sospecha permanente en el pueblo de Chiapas sobre la actuación del gobierno saliente”, asegura.
“No obstante”, agrega, “no es únicamente un problema que se advierta en Chiapas. Se presenta de forma preocupante en distintas entidades.
“En el fondo, con este tipo de decisiones está mutando notablemente la noción de política, porque en las circunstancias actuales la política ha dejado de demostrar su capacidad para sentar las bases para una transformación de futuro, convirtiéndose única y exclusivamente en la simple administración de los problemas del presente”, dice.
Agrega que el endeudamiento en muchos casos es altamente lesivo para el ciudadano y que la carencia de una adecuada regulación jurídica impide la existencia de contenciones adecuadas para evitar un nivel de endeudamiento que sobrepase la capacidad de pago de los estados:
“No existe norma alguna que prohíba que apenas unos meses antes de la salida del poder de los gobernantes, como acaba de acontecer en Chiapas, puedan contraer deuda y dejar hipotecadas a las administraciones venideras”.
Apunta que la regulación queda en las manos de los estados, los cuales por lo general establecen la atribución del Ejecutivo de solicitarla y del Congreso de aprobarla, pero existen márgenes elevados de discrecionalidad en los criterios para lo uno y lo otro.
Precisa que México necesita una nueva Ley General de Deuda Pública. La actual data del sexenio de López Portillo y a pesar de ser “general” estableció solamente bases de endeudamiento para el Ejecutivo Federal y el Distrito Federal, pero omitió a los estados.
Para él la nueva ley deberá sentar bases más precisas y exigentes que establezcan obligaciones puntuales a seguir tanto por la ley federal como por las leyes estatales y del Distrito Federal.
Entre otros puntos este marco jurídico debería precisar “en qué supuestos se puede acudir al endeudamiento, cuáles deben ser sus finalidades, prohibiciones expresas, montos máximos, en qué momentos debe solicitarse, cuándo debe pagarse, con qué tipo de recursos, instrumentos de deuda, control y seguimiento de la deuda y las responsabilidades”.
Menciona que es necesario comenzar por reflexionar sobre la necesidad de establecer normas constitucionales de observancia obligatoria tanto para la federación como para los estados.
Y que en esto último, por ejemplo, dice que sería conveniente especificar en el artículo 116 la atribución de las legislaturas de aprobar el endeudamiento de los estados de conformidad con las leyes respectivas, obligando a que cada entidad de la república expida leyes de deuda pública con obligaciones más severas.
Pero sobre todo es necesario adicionar el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 117 para establecer la prohibición de que los estados contraigan deuda por encima de un determinado porcentaje del PIB estatal o por un periodo que sobrepase determinados años o administraciones sexenales a fin de no endeudar al estado por encima de su capacidad de pago, ni de inmovilizar a los gobiernos futuros.
