TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Exconvicto del penal de El Amate, donde fue procesado en 2009 por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, Oscar René González Galindo obtuvo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que no pudo en las urnas ni en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana: su constancia de mayoría como alcalde electo de Motozintla, municipio cercano a la frontera con Guatemala.
Al conocer la noticia el 10 de agosto pasado, 40 días después de los comicios, simpatizantes del médico Víctor Lavalle Cuevas, candidato de la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y MC) y a quien el órgano electoral ya le había reconocido el triunfo, realizaron marchas y bloqueos, tras lo cual tomaron la presidencia municipal para impedir su llegada.
Los inconformes se negaron a reconocer a González Galindo, el abanderado del PVEM que obtuvo 8 mil 460 votos, e insistieron en que se le reconociera el triunfo de Lavalle, que ganó con 8 mil 494.
Inicialmente el órgano municipal de Motozintla reconoció el triunfo del doctor Lavalle. Ante el reclamo del PRI-PVEM para que se recontaran los votos, las boletas fueron trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, donde se ratificó el triunfo del Movimiento Progresista, pero cuando la impugnación se llevó al tribunal federal los papeles se invirtieron.
Esto hizo que, desde varios días antes del 30 de septiembre, muchos motozintlecos marcharan contra el fallo. El último día de septiembre, fecha programada para el cambio de gobierno, las protestas derivaron en el incendio de dos patrullas de la policía municipal, un camión y una cuatrimoto de Protección Civil, así como la sede de la alcaldía y la Casa de la Cultura adjunta. En la cárcel municipal, el gentío liberó a 75 reos, algunos de alta peligrosidad, de los cuales no más de 30 habían sido recapturados hasta el cierre de esta edición.
Los que sí están bajo resguardo de las autoridades son 41 detenidos tras la revuelta en las calles de Motozintla. La policía los trasladó a Comitán, donde 28 fueron consignados por rebelión, motín, conspiración, evasión de presos y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado; los 13 restantes fueron puestos en libertad bajo las reservas de ley, según informó la procuraduría estatal.
Algunos de los acusados les confiaron a sus familiares –quienes piden no revelar sus nombres por temor a represalias– que fueron torturados para autoinculparse y señalar como autor intelectual de los presuntos delitos al doctor Lavalle, contra quien ya se giró una orden de captura.
Por ahora la tensión persiste. El alcalde electo del PVEM, quien ya gobernó el municipio de 2002 a 2004 bajo las siglas del PRI, fue corrido del centro de Motozintla y despacha en el patio de su casa.
Algunos de sus conciudadanos incluso reclaman que se le investigue por la sospechosa muerte de su esposa, la profesora Virginia Vázquez Toledo, ocurrida en 2004 por un supuesto resbalón en el baño de su casa, aunque se sabía que sufría violencia doméstica.
Sequía presupuestal
El caso de Motozintla sólo fue una muestra de la violencia política en Chiapas. Se estima que los conflictos postelectorales afectaron a la mitad de los 122 ayuntamientos de Chiapas.
En Tila, tanto priistas como perredistas protagonizaron una revuelta contra el candidato a Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez, quien hace años ya ocupó la presidencia municipal con apoyo del PRI, y ahora lo hará por el PVEM porque –señalan sus detractores– su cónyuge Sandra Luz Cruz Espinosa prácticamente le heredó la alcaldía.
Otra familia tiene en San Fernando su coto de poder. El alcalde saliente, Juan Antonio Castillejos Castellanos le cedió el poder municipal a su hermana Carmen, postulada por el PVEM, pese que las protestas de parte del electorado sacudieron durante varios días al pequeño poblado cercano a la capital del estado.
En Cintalapa, los empleados del ayuntamiento y varios proveedores protestaron contra el exalcalde y ahora diputado local del PRI Guillermo Toledo Moguel por haber dejado en bancarrota al municipio, que varios días careció de servicios como agua, alumbrado público y recolección de basura. Policías municipales salieron a botear para comprarles gasolina a sus patrullas.
La llegada del nuevo alcalde, Antonio Valdez Meza, del PVEM, calmó los ánimos pero continúa vigente la demanda de juicio contra Toledo Moguel, político muy allegado al gobernador saliente, Juan Sabines Guerrero.
De igual forma, pobladores de Villacorzo demandaron que se encarcele al exalcalde y ahora diputado local del PVEM Jorge Alberto Clemente Magdaleno, un experredista también acusado de saquear el erario municipal.
La víctima principal fue la alcaldesa interina Elvira del Carmen Castañeda Maza, quien pasó 72 horas sitiada en un domicilio particular por proveedores y empleados municipales, hasta que llegaron recursos para cubrir los sueldos y pagar los servicios adquiridos por el ayuntamiento.
También los trabajadores al servicio del municipio de Chamula bloquearon durante varios días la carretera libre y la autopista que comunican Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de Las Casas.
En Teopisca, también en Los Altos de Chiapas, los propios policías municipales bloquearon la carretera como presión para que les pagaran sus sueldos.
Los conflictos y la tensión siguen vigentes en Chiapas. Las deudas mantienen a los municipios colapsados y la mayoría de los alcaldes deben más de 310 millones de pesos tan sólo a la Comisión Federal de Electricidad. Ellos reclaman que las ministraciones que les corresponden no fluyen desde el gobierno del estado, que tuvo que endeudarse con 3 mil 870 millones de pesos más para poder cerrar el sexenio 2006-2012.
