La construcción del Museo del Mundo Maya (MMM), cuya inauguración tuvo lugar el lunes 24, se ha apegado al mandato de los tiempos y ritmos neoliberales. Forma parte de un proyecto cultural más amplio del PRI, del PAN e incluso del PRD para desmantelar por la vía de la descentralización y la privatización servicios educativos y culturales (como la investigación, la memoria, el patrimonio cultural en general) de las instituciones educativas que legó al país el cardenismo. Entre otros objetivos de ese proyecto se contempla desde luego la creación de una Secretaría de Cultura, anunciada de forma clara desde la emisión fallida de la “Ley de Fomento y Difusión de la Cultura” de Sari Bermúdez (2005) en el foxiato.
Aunque en general se coincidía en que era importante contar en Yucatán con un museo que recogiese la riqueza histórica y cultural del pueblo maya (visión que la investigación académica ha hecho posible, no las élites con sus poses románticas y pseudo altruistas), son varios los problemas que de ahora en adelante enfrentarán los dueños y administradores del nuevo recinto “público/privado”. Construido bajo la fórmula de los Programas de Prestación de Servicios o PPS, hasta la fecha sólo un puñado de políticos, funcionarios y empresarios conoce las condiciones legales en que una colección con sus elementos museográficos, queda bajo “resguardo” de una empresa privada, del gobierno estatal de Yucatán y de una Fundación marcada por el liderazgo de empresarios en la que un pequeño grupo de investigadores del INAH local aparecen dentro del cuerpo de apoyo.
Ante todo, las piezas que salieron del Museo Regional “Palacio Cantón” están bajo resguardo y protección de la legislación federal vigente, pero su traslado, por mucho que se argumente como favorable, es en sí una irregularidad legal pues pasaron de un ámbito público educativo a uno privado sellado por más de dos décadas por una lógica de servicios turísticos y comerciales. El total de piezas arqueológicas (¿800?, ¿900?) que ante todo pasaron por manos de especialistas, quienes las han estudiado para integrarlas al ámbito educativo, ahora quedan en otro ámbito ambiguo e inconcluso, muy marcado por el negocio.
Ya en los años ochenta se dio el caso del desmantelamiento de varias colecciones del INAH para crear el Museo de la Cultura Mexicana en Monterrey, un museo privado en funciones. La tendencia a privatizar la reflexión de la historia regional da ahora un salto espectacular con el “Gran” museo del mundo maya. Como antecedente, en Yucatán, también en esa década pero sin la lógica de privatización que se dio en Monterrey y de forma más reciente con las alteraciones simbólicas de los Fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla, se trasladó gran parte del Museo Regional de Antropología e Historia a la ex Penitenciaría Juárez (edificio porfirista). La decisión no funcionó por los problemas de humedad y resguardo que presentaba. En ese entonces una buena parte de investigadores del INAH, de manera abierta, sin la lógica anómala y nobiliaria que la dirección general del INAH impuso ahora, participaron en la elaboración de cédulas a diferencia de la remuneración cobrada para el nuevo museo y cuyo monto se desconoce hasta la fecha.
Hankismo/salinismo
La administración del nuevo recinto quedará, en este sentido, en manos de empresarios locales bajo el formato de “Fundación Mesoamericana del Mundo Maya”, esquema que mejor ha operado la privatización de cierto tipo de bienes nacionales y culturales en la era neoliberal de nuestro país. La mayor parte de sus integrantes, por una u otra vía, están también ligados a grupos católicos de poder y empresariales oligárquicos; quienes a lo largo de la historia regional han visto y actuado ante la cultura maya e incluso ante el mestizaje con una lógica represiva y homicida cuanto no de expoliación del “gran pasado prehispánico”. Esta ocasión no será distinta.
Por ello en los pasillos de no pocas instituciones académicas locales, se comenta que dicha Fundación quedó en manos de descendientes de la “Casta Divina”, la “Casta Beduina” y uno que otro académico adosado a la lógica del figurín y el sentimiento de culpa; a dicho grupo administrativo, la Promotora Yaxché y el Patronato Cultur (dirigido por Jorge Esma Bazán), como inversionistas directos de la obra y “dueños” del espacio museístico, respectivamente, les otorgó un donativo de 10 millones de pesos para iniciar la administración del museo. En otras palabras: ¿Para colocación de amigos y familiares afines en la estructura laboral del museo? Ya se verá. Sus miembros son entre otros Luis Enrique Bolio, presidente; José Manuel Díaz Rubio, presidente adjunto, José Enrique Ortiz Lanz, vocal de museografía; Guadalupe Basteris Beytia de Molina, relaciones internacionales; Emilio Díaz Castellanos, asuntos turísticos; Margarita Díaz Rubio, asuntos históricos y patrimonio cultural; Ligia Cervera Cervera, relaciones públicas; Gabriel Cámara Roche, vinculación interinstitucional; Pilar Larrea Peón, promoción social; Ricardo Gamboa García, asuntos económicos; Josefina Rivas Acevedo, proyectos estratégicos y arquitectónicos y demás.
Está claro que los miembros principales de la Fundación del Mundo Maya que administrará el recinto son empresarios turísticos, gasolineros, salineros, navieros… Así, aunque la gobernadora saliente de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco se asume como defensora radical de tradiciones mestizas (en Yucatán lo mestizo y lo maya adopta una sui generis simbiosis en el utilitario discurso social y político), la política la ha integrado a una estructura de poder articulada a los intereses de empresarios hankistas y salinistas quienes defienden junto con Televisa su visión comercial de lo regional, incluido lo mestizo y lo maya, como “lo nuestro”. En tal virtud las decisiones y acuerdos a los que debió llegar el gobierno federal (Felipe Calderón Hinojosa y Alfonso de Maria y Campos) con el gobierno del estado y la Promotora Yaxché no pueden calificarse en ese sentido de populares, sino elitistas. En su estructura, si no es para fines escenográficos o demagógicos, no participa ni se encuentra ningún apellido de origen maya.
Esta es también la historia reciente del bipartidismo anómalo que se padece en Yucatán (el PRD ni por casualidad abre la boca ante estos atropellos), y de las concesiones que se le están dando a empresarios que toman como pretexto la muy en boga cuestión del desarrollo del turismo y el fomento a la cultura para instrumentar todo tipo de negocios asociados). Para el caso del nuevo museo las cosas no fueron distintas. Terminó ganando como se sabe una empresa de Tijuana creada ex profeso por los Hank Rhon. Ello con la finalidad de recuperar con creces su inversión de 800 millones aprovechando la ubicación en el pudiente norte de Mérida y para alentar visitas de, por ejemplo, el turismo de convenciones, pues adjunto se encuentra el Centro de Convenciones Siglo XXI, de raíz cerverista. ¿Qué ocurrirá si se dan cuenta que no recuperan al ritmo que pensaban su inversión? ¿El gobierno del estado les pagará? ¿Está convenido o se las arreglarán llegado el momento? Si es así, ¿será a costa de los propios contribuyentes? Me parece que nada de esto se ha dicho y ya veremos qué sucede.
La ilusión de la legalidad
El MMM está ubicado de entrada en una zona de alta plusvalía de la ciudad. Si desean darle un mínimo de contenido popular acaso tendrán que hacer un esfuerzo adicional para que la población de las grandes zonas marginadas de Mérida o de toda la entidad llegue a recorrerlo sin tener que pagar tres y hasta cuatro camiones, esto sin contar el costo de 100 y 50 pesos por la entrada dispuesto de forma demagógica y populista para la población nacional y local. ¿No sería un gesto amable, como en la mayor parte de museos públicos del mundo, no cobrar la entrada a los nacionales? ¿Los administradores e integrantes de la Fundación conocen el monto del salario mínimo en Yucatán? Un dato: entre las 125,000 visitas anuales que tenía el Museo Palacio Cantón, un 25% entraba de forma gratuita.
Parece en ese sentido que, por las condiciones en que se concibió esa instancia, está claro que prevalecerá la comercialización del pasado y de las manifestaciones culturales antes que el fomento educativo que mandata la Constitución Mexicana y la Ley Federal de 1972 para provecho de todos. Quienes invirtieron no son hermanitas de la caridad. Han dicho que van a recuperar su inversión hasta por cinco montos durante mínimamente las siguientes dos décadas. Y lo harán en buena parte a partir de las piezas de la colección del Palacio Cantón como bienes nacionales, es decir, en tanto patrimonio de todos los mexicanos que, según se argumenta sin ponerlo por escrito, en cualquier momento pueden ser solicitadas en vuelta.
Las piezas que llegaron del Palacio Cantón ya deben estar debidamente registradas y clasificadas aunque, como se apuntó, muchos investigadores desconocen el Convenio de coadyuvancia que ya debe estar firmado por las autoridades de la SEP y del INAH con el gobierno del estado y/o con los dueños de ese recinto privado. Se desconoce si otros coleccionistas locales o extranjeros cederán también piezas para el nuevo espacio. Se especula que miembros de la Fundación son coleccionistas. Muchos creemos que es algo que hasta la fecha también está bastante escondido y no se habla de manera abierta. Están de por medio posibles acuerdos (en este caso de particular a particular) que en el corto y mediano tiempo implicarán repartos de utilidades en ese pingüe esquema ideado para la operación del nuevo espacio público/privado.
*Antropólogo, doctor en Ciencias Políticas,
investigador del Centro INAH-Yucatán.
