Una ojeada a la “nueva generación de la Policía Federal” que anuncia la Secretaría de Seguridad Pública basta para advertir el abismo entre la jactancia de su titular, Genaro García Luna, y la realidad: los jóvenes policías contratados para sustituir a los miles de elementos que reprobaron los exámenes de confianza son sometidos a trampas, extorsión y abusos por sus jefes e instructores. En realidad los preparan para “entrar al aro” y funcionar en las redes de corrupción.
Afalta de automóviles, realizan prácticas de ascenso y descenso de Carros Radio Patrulla (CRP) con sillas; practican técnicas y tácticas de intervención en estructuras de madera, y “aprenden” a tirar con sólo 50 cartuchos de arma larga y 50 de arma corta. Para el resto de la capacitación reciben fusiles… de madera.
Más intenso y realista es el entrenamiento en corrupción: el permiso para faltar se cobra a 200 pesos por día; los parches que lleva el uniforme se venden a 20 pesos y quien no los compra es arrestado, pero después de cumplir la sanción el mismo pegote ya cuesta 50 pesos. Y cuando los alumnos están en peligro de ser dados de baja, pueden evitarlo si en vez de acudir al adiestramiento van a hacer trabajos de albañilería a las casas de sus jefes y sus preceptores.
Así se forma la Nueva Generación de Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que renovará a la División de Fuerzas Federales.
Un funcionario de la SSP facilitó a la reportera el acceso a algunas denuncias presentadas por policías terceros ante la Unidad de Asuntos Internos de la dependencia, en las que se revelan las arbitrariedades de las que son objeto.
En agosto pasado, José René Argonza Padilla, de 23 años, un policía tercero inscrito en el curso de formación para ingresar a la Policía Federal (PF), señaló que el 12 de julio anterior le solicitó permiso por escrito a su superior jerárquico Luis Óscar López Alvarado para ausentarse los días 13, 14 y 15 del mismo mes. El oficial, encargado de “RAI-1” en la Dirección de Formación, Adiestramiento y Especialización (DFAE) de la PF, le respondió que no era necesario un permiso por escrito, que fuera y solucionara sus problemas.
El día 16, Argonza se dirigía a la base de operaciones Contel pero el transporte público en que viajaba chocó y él salió disparado al frente y se lesionó el cuello. “Así me presenté con el oficial Óscar López, quien me exigió 600 pesos, 200 por cada día de permiso. Me dijo que no me hiciera pendejo con el supuesto choque. Respondí que no le iba a entrar a su juego de corrupción y que no me estaba haciendo el tonto, que en realidad me sentía mal. Me contestó que como no había nada por escrito me la iba a cuadrar, que él era el jefe y que si yo iba al servicio médico me iba a poner falta”.
En esas condiciones fue a revisión médica: “Eran las 9:00 o 9:30 de la mañana cuando el médico de la corporación que me atendió me mandó a la clínica del ISSSTE para que me tomaran rayos X. Acudí y me expidieron la licencia médica 097lM0074027 por un día. Al siguiente, por instrucciones de la doctora tratante, quien detectó cervicalgia postraumática no sistematizada, me presenté a mi Unidad Médica Familiar (UMF), en donde me extendieron otra licencia con el número 015lM0690153”.
En días posteriores, el policía acudió a su UMF a tres revisiones más y le otorgaron las respectivas licencias médicas, copias de las cuales se integraron en su expediente. Cuando Argonza fue a dejarle la última licencia al secretario policía tercero Brandon Zavala García, vio que tenía sobre su escritorio un documento: “En éste (el oficial Óscar López) solicitaba la (suspensión) preventiva de mi pago por los días de inasistencia; así fue como me enteré de que cumplió su amenaza de cuadrármela por no pagarle los 600 pesos”.
Argonza se presentó el 14 de agosto en el adiestramiento, a la hora del pase de lista, pero el secretario David Camacho Zamarrón, por órdenes del oficial López Alvarado, no le permitió firmar su asistencia. En su denuncia señala que hasta la fecha asiste normalmente al curso sin que se le acredite. Mientras tanto, asienta, “me he visto afectado económicamente porque no me depositaron el bono de operatividad por 4 mil 900 pesos, debido a las supuestas faltas del 13, 14 y 15 de julio, a pesar de que el 15 fue domingo y ese día lo tenemos libre”.
Agrega: “Mi compañero de grupo, el policía tercero Juan Carlos Nery Ávila, me confió que el oficial López Alvarado les propuso a él y a otros compañeros –de quienes desconozco sus nombres– irse a trabajar dos o tres días como albañiles a su casa particular. Le pregunté por qué lo hacía y respondió que para evitar represalias en su contra. Se supone que estamos en curso, pero cualquier día y hora se puede verificar su inasistencia y aun así en las listas aparece con la leyenda ‘construcción’, sin firma”.
También menciona que su condiscípulo Gerardo Ramos Rodríguez, “entre otros”, obtuvo el beneficio de faltar un mes sin consecuencia alguna. Como testigos mencionó a su jefe de grupo, al policía tercero Tomás Castañeda López y al policía segundo Roberto Fuentes Romero, pero aclara que puede consultarse a cualquier integrante de su grupo.
En una hoja anexa Argonza Padilla menciona que ha realizado exámenes de confianza que avalan su integridad personal y como servidor público. Considera que se violaron sus derechos laborales y sus garantías individuales, por lo que demanda la suspensión inmediata del proceso administrativo en su contra; su reinstalación laboral; la limpieza de su expediente, y que se le repongan los beneficios institucionales, como salarios caídos, bono de operatividad, daños y perjuicios, al igual que gastos y costas del procedimiento.
Cuotas y golpes
El 20 de agosto de este año el policía tercero Eduardo Morales López, quien también realiza el curso para ingresar a las fuerzas federales, acusó de actitud “deshonesta” y “corrupta” al mismo oficial Luis Óscar López Alvarado, quien entonces era su superior. Asegura que le exigió dinero supuestamente para comprar material de oficina y de limpieza, y como condición para otorgarle días francos.
En su querella ante Asuntos Internos agrega: “El día 17 del presente mes, a los integrantes del grupo 8, al cual pertenezco, el jefe de grupo, policía tercero Tomás Castañeda López, y el policía segundo preceptor de grupo, Roberto Fuentes Romero, nos transmitieron la orden del oficial López Alvarado de que cada integrante debía aportar 50 pesos para pagar equipo que estaba bajo su resguardo y que fue extraviado (fornituras, portacargadores, cascos)”.
A pesar de que Castañeda López y Fuentes Romero les comunicaron a los integrantes del grupo que a cambio de la cuota les darían medio día de franquicia, el denunciante se negó a dar el dinero. Después, “la mayoría del grupo se retiró. Yo me encontraba solo en la carpa de clases y tomé la decisión de irme, ya que no recibí instrucción alguna de mis superiores. Al día siguiente se me informó que me encontraba ‘evadido’, o sea con la falta del día anterior, por no prestarme a los actos de corrupción del oficial López Alvarado”.
El policía Morales López puntualiza que desde el inicio de este curso de formación ha sufrido “acoso laboral” por su negativa a pagar cuotas por cualquier cosa: permisos, franquicias, acudir a realizar su declaración patrimonial o corregir datos en documentos importantes.
“Estos acosos comenzaron con Alejandro Robledo Sánchez, policía segundo, al decirme: ‘Si todos le están entrando, por qué te pones mamón. Quítate de broncas y cáele con las cuotas para el jefe Óscar’. Ante mi negativa, su primera medida fue cambiarme del grupo 8 al 4. Cuando lo abordé acerca de este movimiento, me respondió: ‘Por ser rebelde y pedero. A los del grupo los estás contaminando con tus ideas de cero corrupción y no le conviene al jefe Óscar, así (que) te calmas un rato y éntrale con tu lana’.”
Ante esas amenazas, Morales López le advirtió que lo denunciaría por corrupción. Al día siguiente Robledo no se presentó en el grupo 8 porque le asignaron otra actividad, pero antes de retirarse le dijo al resto de los preceptores: “‘por este güey se nos cayó el negocio” y “se cree muy chingón pero afuera no es nadie”.
En lugar de Robledo se quedó Roberto Fuentes Romero, también policía segundo y quien, según la denuncia, continuó cobrando cuotas bajo la protección de López Alvarado, con la orden de “tronar” como fuera a Morales López.
No obstante que el afectado ha presentado su caso al número 049 de Asuntos Internos de la PF, hasta la fecha nada ha conseguido: “Las denuncias las he presentado bajo el anonimato por miedo a sufrir represalias del oficial Óscar y de sus preceptores. Una es la número 430340”.
Otro abuso que le atribuye a López Alvarado coincide con la denuncia de Argonza Padilla: “El 16 de julio de 2012, por escrito solicité mi periodo vacacional a su secretario, el policía tercero José David Camacho Zamarrón. Me firmó de recibido. Posteriormente me llamó el oficial López Alvarado para decirme que no podía autorizarme vacaciones porque me encontraba en curso, pero que me tomara siete días de permiso con su consentimiento de palabra. Acudí un día antes”.
Pero el 17 de agosto Morales López comprobó en el cajero automático que no se le depositó el bono de operatividad y fue a preguntar por su pago en la oficina de enlace a cargo del policía tercero a quien se le conoce como “el contador”. Él le dijo que se me canceló el pago porque tenía nueve faltas en julio.
“Vivo una inestabilidad laboral, emocional, física y familiar debido al hostigamiento del que soy objeto por parte del oficial Óscar López, quien abusa de su puesto y obtiene dinero chantajeando a quien no se pone a mano para que nos quite las faltas”, insiste Morales López en su denuncia, y solicita a las autoridades que se investigue al oficial y a sus preceptores, a los que hace responsables de cualquier daño a su persona, su familia y su trabajo.
“A través del preceptor Roberto Fuentes me enteré de que el jefe Óscar me quiere chingar y sacar de la institución por no entrarle al aro.”
Anexa al documento una copia de su solicitud de vacaciones firmada por los preceptores, además de una tarjeta informativa que sus compañeros Erik Jesús Rodríguez González y Armando Lares Gallardo, ambos integrantes de las fuerzas federales, entregaron el 6 de julio al inspector de la PF, Rodolfo Blanco Ramírez.
En dicha tarjeta denuncian que el 5 de julio, como a las 13:20 horas, ellos y el policía tercero Eduardo Morales López pasaban por la torre de rapel de la base de operaciones Contel, en Iztapalapa, cuando tanto el policía primero Noé Rodríguez Vargas como el policía segundo Jorge López Rodríguez les reclamaron por no cuadrárseles. Los primeros dijeron que no los habían visto.
Afirman que el policía primero les ordenó realizar unos ejercicios como castigo por no verlos, y cuando ellos los estaban haciendo el policía segundo golpeó dos veces la cabeza de Lares Gallardo, mientras que el primero le pegó a Erik Jesús Rodríguez: “Nos incorporamos y exigimos respeto a nuestros derechos constitucionales. El policía primero dijo: ‘¿Quién dice que no te puedo pegar? Aquí no tienes derechos de ni madres’. Pidió nuestras identificaciones y nos mandó por nuestro preceptor Roberto Fuentes Romero”.
Al regresar con Fuentes Romero, los llevaron a la parte trasera del stand de tiro. Ahí el policía primero Noé Rodríguez le ordenó al preceptor que “reventara” a Morales López con ejercicio, y mientras esto se cumplía, otro decía: “Conozco bien Contel y en donde estábamos no hay cámaras, así que se la pelan. No tienen testigos”. Y amenazaron: “Los vamos a empapelar y se van a ir a su casa para siempre. Si regresan en un año, los vamos a esperar”.
Cuando quedaron libres, los agredidos fueron al servicio médico de la División de Fuerzas Federales. En copias anexas a la tarjeta informativa aparecen las constancias.
En una de ellas, la doctora Mirna Idania Sánchez Conde certifica que Erik Rodríguez González, de 27 años, fue agredido “por tercera persona porque no realizó demostración de respeto (cuadrarse), recibiendo golpe contuso en región occipital” y dice sufrir dolor de cabeza, visión borrosa y zumbido en el oído derecho. Diagnosticó posible contusión de cráneo.
En la otra, la doctora Miranda Álvarez Carolina, quien revisó a Armando Lares Gallardo, de la misma edad que Erik, diagnosticó posible fractura de una costilla derecha y señala que fue agredido en las mismas circunstancias que su compañero y recibió una contusión en el tórax. Agrega que al explorarlo presentó lesión eritematosa, aumento de temperatura y dificultad para respirar. Ambos fueron enviados a que les tomaran radiografías en la clínica del ISSSTE.
El juego
Proceso no consiguió localizar a los denunciantes en las instalaciones de Contel en Iztapalapa ni en las de Santo Tomás Ajusco, pero entrevistó a policías terceros que de manera anónima confirmaron los abusos de los jefes y preceptores, y añadieron que ellos mismos tienen que adquirir su uniforme de adiestramiento, que la corporación vende el equipo de rapel individual por 650 pesos, pero que si deciden comprarlo entre dos, aumentan el precio a 850 pesos.
Siendo el Ajusco uno de los lugares en que abundan los juegos de guerra como el gotcha, los policías cuentan divertidos que los preceptores prometieron llevarlos a uno para instruirlos en tiro y tácticas de intervención, a falta de armamento y equipo propio.
El camino en declive hacia el Centro de Formación Ajusco está empedrado. Lo flanquean altos pinos. Al seguirlo se llega a una casona protegida por una barda de piedra rústica. Se entra por un portón metálico pintado de marrón que dice “Rancho Tonco” en su frontispicio.
El centro se encuentra a media falda de una loma. Desde las casas construidas sobre su nivel, se domina a simple vista. Los vecinos y visitantes sonríen al describir cómo se adiestran los jóvenes, con pantalón de mezclilla y playera blanca.
Los ven simular combates y reacciones en emboscadas con “rifles” de madera, arrojarse de un salto a sillas inertes, como si fueran asientos de patrullas en movimiento, y perderse o triunfar sobre fingidos delincuentes entre muros de madera, como si asaltaran casas de seguridad.
Así se entrenan, pues, los policías que fueron contratados para constituir las nuevas Fuerzas Federales en lugar de los cientos de agentes despedidos en este sexenio por no aprobar el examen de confianza. Según el titular de la SSP, Genaro García Luna, esta renovación es fundamental para que la corporación sea “confiable” y exitosa en la guerra que el presidente Felipe Calderón le declaró a la delincuencia organizada.
