El presidente municipal saliente de Ocotlán, Juan Manuel Alatorre, se postuló para diputado local y ganó, pero en lo que llegaba el 1 de noviembre para sentarse en su curul con fuero, volvió a sus funciones. Lo malo es que lo hizo sin formalizarlo ante el cabildo y con violencia, lo que generó un pleito político-administrativo entre él y su remplazo interino, Juan Carlos Godínez. Ahora, con las cuentas del ayuntamiento congeladas, los grupos de ambos intercambian serias acusaciones de malversación de recursos que involucran también al extesorero de Alatorre, Enrique Robledo… el presidente municipal electo.
El 4 de febrero pasado, el priista Juan Manuel Alatorre Franco, presidente municipal de Ocotlán, pidió permiso al cabildo para separarse del cargo con la finalidad de postularse como candidato a diputado local por el distrito XV. Le fue bien en la elección y, como su periodo constitucional termina el 30 de septiembre, el 6 de julio retornó al despacho de alcalde. El problema es que el ayuntamiento había nombrado a un alcalde interino, Juan Carlos Godínez, y a decir de éste, Alatorre llegó a desplazarlo sin cumplir las formalidades de ley.
Ahora el diputado electo se prepara a ocupar su curul estatal el 1 de noviembre y, a decir de sus detractores, deja el municipio a punto del colapso financiero y sin recursos para pagarles en las próximas semanas a más de 800 empleados del ayuntamiento y a 30 funcionarios de primer nivel. En entrevista, Godínez señala que la prisa de Alatorre se debe a que desea borrar evidencias de sus malos manejos de recursos públicos.
El exalcalde interino, con un grupo de sus colaboradores y de exregidores, interpusieron en el Congreso estatal una solicitud de juicio político en contra de Alatorre por violentar las normas municipales y reasumir el cargo antes de que el cabildo sancionara su regreso como establece la ley. También se pide proceder contra Enrique Robledo Sahagún, quien tiene su propia historia: fue colaborador de Alatorre en la Tesorería General y tras las elecciones regresó con él a la alcaldía, pero ya está listo para asumir su nuevo cargo: presidente municipal de Ocotlán para el siguiente trienio.
El 11 de julio pasado los inconformes pidieron que el Congreso forme una comisión especial para estudiar las condiciones de “ingobernabilidad” que padece la ciudad industrial de Ocotlán por las acciones de Alatorre. El mismo mes se le entregó al gobernador Emilio González un documento con la misma denuncia y en el cual se le solicitó restablecer el estado de derecho violentado por Alatorre. Ni el Legislativo ni el Ejecutivo respondieron.
Ante la indiferencia, Godínez promovió en el Tribunal de lo Administrativo un juicio de nulidad de los nombramientos otorgados por Alatorre, por destituir a decenas de funcionarios sin contar con plenas facultades legales y pretender saltarse la formalización del cabildo para regresar a la presidencia municipal, lo que según los inconformes constituye una usurpación de funciones.
Y como desde el 6 de julio Alatorre impidió que se realizara la entrega-recepción de la administración, al día siguiente el exalcalde interino presentó en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que encabeza Alonso Godoy, un documento en el cual él y sus colaboradores se deslindan de posibles irregularidades: “No nos hacemos responsables del mal uso que se le dé a los bienes municipales o a la hacienda pública”.
Ante la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ), el 11 de julio Godínez interpuso una denuncia penal contra el diputado electo. En la averiguación previa 1976/2012-1 acusa a Alatorre de abuso de autoridad, sustracción y destrucción de documentos oficiales, así como de no cumplir la normatividad para volver a sus funciones.
Además, denunció al presidente municipal en la Procuraduría General de la República (PGR) de defraudación fiscal por más de 4 millones de pesos, ya que se negó a pagar las cuotas obrero-patronales al IMSS durante 2011, según consta en la averiguación previa 2598/2012, presentada el pasado 21 de mayo. En esta querella también se acusa de defraudación al extesorero Enrique Robledo –el próximo presidente municipal– y a la exsíndico Karen Arlett Flores Pérez.
A pesar de esos graves señalamientos, ninguna autoridad ha llamado al orden a Alatorre Franco.
Violento retorno
Aquel 6 de julio, sin ponerle formalmente fin a su licencia, Juan Manuel Alatorre ingresó por la fuerza a la sede municipal con una banda de música y decenas de personas que –a decir del entrevistado– “iban tomadas” y llevaban licor “para la fiesta”. Detalla que Alatorre abrió el despacho “a patadas”, mandó cortar el servicio de teléfono y aisló a las dependencias del ayuntamiento para controlar la situación.
El grupo sacó de la Secretaría General del ayuntamiento a Eduardo Ondorica: “Lo echaron a la calle con lujo de violencia y lo bañaron con licor; lo mismo le sucedió al regidor Pablo Hernández”.
De igual forma expulsaron de la presidencia municipal a la secretaria del alcalde interino y a otros empleados de confianza. Godínez asegura que varios funcionarios, al ver que el grupo de Alatorre se lanzaba contra ellos, corrieron hacia la plaza, pero los sujetos los persiguieron por las calles: “Algunos de ellos fueron abordados cuanto intentaban refugiarse en el templo del Señor de la Misericordia, a un costado de la plaza”.
Desde entonces, dice, “dos o tres exfuncionarios tuvieron que abandonar el municipio en forma definitiva ante las amenazas de muerte”.
Todo esto lo hizo Alatorre “a sabiendas de que por nuestra parte no había ninguna objeción para su retorno, pero todo eso se lo pasó por alto y sin tener facultades, sin la autorización del cabildo para su reintegración a la alcaldía, de inmediato cambia de director de Seguridad Pública y pone a Diego Cervantes; lo mismo hace con el titular de la Oficialía Mayor, donde nombra en forma ilegal también a Jorge Luis Moguel Salazar, que fue acribillado en forma extraña”.
En efecto, nueve días después de su nombramiento, Moguel Salazar, de 51 años, fue asesinado afuera de su domicilio en la calle Turquesa, colonia Solidaridad. Hasta ahí legaron varios sujetos que se identificaron como personal del Ministerio Público y que llevaban un mensaje para Moguel, pero sólo portaban un sobre amarillo que contenía una hoja en blanco y le dispararon. Después los pistoleros huyeron en una camioneta. Hasta la fecha se desconoce cuál fue el móvil y quiénes son los responsables del crimen.
El 5 de junio, semanas antes de ser elegido como diputado local, al propio Alatorre alguien le incendió parte de su casa y dos vehículos en su cochera. El afectado denunció que antes había recibido una llamada anónima para advertirle que el siguiente agredido sería su extesorero y entonces candidato a la alcaldía, Enrique Robledo.
Godínez afirma que Alatorre incluso lo acusó a él del incendio de su casa, lo que no tiene ningún sustento. Al contrario, añade, el retorno violento del alcalde constituye “una especie de golpe de estado de orden municipal: llegó y nombró de forma ilegal a un tesorero, Jorge Luis Ortega Reynoso, y como secretario general a Raúl Ríos, dos incondicionales”.
El entrevistado considera que, pese a la licencia que pidió, Alatorre nunca estuvo dispuesto a soltar las riendas del municipio, sino que aprovechó todos los medios para desviar dinero del ayuntamiento hacia su campaña electoral y antes de separarse del cargo dejó amarrados contratos publicitarios con medios locales por más de 600 mil pesos.
Por su parte, los exregidores denunciantes dicen que entre los medios de comunicación de Ocotlán que se beneficiaron de los mencionados contratos publicitarios está el periódico La Extra, que hostigó a los enemigos de Alatorre Franco y atacó incluso a las familias de los funcionarios que le pedían cuentas al presidente municipal con licencia.
Detallan que Alatorre sustrajo dinero de las arcas municipales para establecer contratos por aproximadamente 200 mil pesos con radiodifusoras y canales de televisión locales; y por 400 mil pesos con el mencionado periódico. Especifican que dichos contratos tenían vigencia desde enero hasta septiembre de 2012.
A partir del 1 de noviembre, Juan Manuel Alatorre tendrá fuero constitucional y podrá eludir las acusaciones en su contra. En tanto, las cuentas bancarias del municipio están congeladas porque los únicos autorizados por el cabildo para disponer de recursos son Juan Carlos Godínez y Gonzalo Becerra, quienes eran el alcalde y el tesorero interinos.
Actualmente el municipio tiene cinco cuentas bancarias para cubrir gastos de más de 10 millones de pesos mensuales. El presupuesto calculado es superior a 240 millones por año.
Godínez y Becerra dicen que en la última fase de la administración de Alatorre, sin las firmas autorizadas para ese trámite, se sacaba dinero de las cuentas mancomunadas para tratar de cubrir el gasto corriente del municipio, especialmente la nómina de más de 800 trabajadores, pero advierten que éstos tendrán problemas por las contradicciones legales sobre quién puede disponer de los recursos públicos.
Señalan que todavía el 13 de septiembre Alatorre y sus colaboradores lograron sacar un cheque de una cuenta en Banorte por 1 millón 145 mil pesos y otro más por 3 millones 497 mil pesos. Sin embargo, el movimiento tuvo que cancelarse ante los reclamos presentados por Juan Carlos Godínez y su tesorero como titulares de la cuenta.
Entre los “malos manejos” de recursos que el diputado pretende ocultar o al menos desvanecer su evidencia, el exalcalde interino cita la compra a sobreprecio de lámparas para el alumbrado público por 22 millones de pesos, con garantía de año y medio.
Asimismo menciona que, tras su regreso irregular al cargo, Alatorre se daba el lujo de traer a más de ocho policías como escoltas personales, sin que se supiera si fue objeto de amenazas y si éstas ya las investiga la autoridad competente.
Por su parte, Alatorre acusó ante medios locales a Juan Carlos Godínez del supuesto uso indebido de más de 4 millones de pesos; incluso amenazó con denunciarlo penalmente, pero nunca lo cumplió.
No obstante, Alatorre declaró que desaparecieron 4 millones 700 mil pesos en cheques, que Godínez había repartido 2 millones entre funcionarios de primer nivel y sus familiares, y que durante su interinato se realizó una compra por 1 millón 35 mil pesos para la adquisición a sobreprecio de uniformes para policías. Igualmente, denunció deudas con proveedores por más de 6 millones de pesos y la desaparición de dos vehículos oficiales.
Así, Juan Carlos Godínez terminó su gestión como alcalde interino el 6 de julio, ya fuera del despacho de la presidencia municipal, hostigado por Juan Manuel Alatorre, pero con el respaldo de nueve de los 14 regidores del anterior cabildo.
