Después de atacar el derecho a la información con una reforma regresiva, el Congreso local nombró como nuevo consejero del Itei a Vicente Viveros, un exfuncionario de Zapopan que todavía no cumple el periodo reglamentario de separación de la administración pública. Ante las objeciones de los aspirantes inconformes y de especialistas en derecho, los diputados se escudan en que invitaron a académicos para participar en una evaluación que ellos mantienen inescrutable.
Aunque violaron la ley al nombrar a Vicente Viveros Reyes como consejero del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), los diputados jaliscienses no están dispuestos a rectificar y esperarán a que el Poder Judicial les enmiende la plana, si es que alguien se interesa en impugnar la designación del funcionario.
Viveros Reyes ocupó varios cargos directivos durante la gestión del panista Juan Sánchez Aldana como alcalde de Zapopan (2007-2009) y eso lo descalifica para ser electo consejero del instituto, ya que no han transcurrido los seis años separado de la función pública que marca la ley. No obstante, desde el pasado 1 de agosto, tres años y ocho meses después de abandonar la administración municipal, ya despacha como consejero del organismo.
“Habrá que decir que en 2009, cuando terminé mi última función en la administración pública de Zapopan, no existía Ley de Transparencia. Entonces no aplica la retroactividad en ese tenor; la ley aplica a partir de que fue aprobada hacia delante, no puede aplicar para atrás. En 2009 yo ni idea tenía que la legislación iba a modificarse, entonces es un supuesto imposible de cumplir.”
No obstante, el experto en derecho administrativo Héctor Hugo Cervantes Ortiz sostiene que el nombramiento es ilegal, “ya que no reúne los requisitos que la ley impone para ser elegible”. Explica que el artículo 17, fracción IX de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que para ser consejero presidente o consejero ciudadano del Itei se requiere “no haber sido titular de alguna dependencia o entidad pública federal, estatal o municipal, magistrado o juez federales o estatales, durante los seis años anteriores al día de su nombramiento”.
Cervantes Ortiz, egresado de la UdeG, resalta que la misma ley, en su artículo 19 indica que “una vez calificado el examen de conocimientos, los resultados serán remitidos a la comisión, la cual deberá revisar que los aspirantes reúnan los requisitos de elegibilidad; y propondrá a la asamblea un dictamen que contenga la lista de los candidatos elegibles, entre los cuales se incluirá sólo a los aspirantes que hubieran obtenido una calificación mínima de 80 sobre 100”.
Para el jurista, en el Congreso prevalece el “oscurantismo”, ya que los legisladores atropellan la ley “seguramente atenidos a que sus actos no salgan a la luz”, pero una vez descubiertos, lejos de corregir, se excusan con el discurso de que los inconformes pueden apelar ante los tribunales y ellos acatarán la decisión judicial.
También cuestiona que los diputados adopten la actitud de “dejar pasar” y anteponer intereses personales a la observancia de la ley: “Son nuestros representantes, los que tienen la potestad del pueblo (…), y resulta inconcebible que esperen que sean los propios ciudadanos los interesados en que se respete la ley que (los legisladores mismos) juraron cumplir y hacer cumplir”.
De acuerdo con la Ley de Transparencia, la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana debió revisar que los candidatos a consejeros cumplieran todos los requisitos y depurar el listado.
Controversia
En entrevista, Salvador Arellano Guzmán, el diputado del PRI que preside la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, dice que el nombramiento es legal “porque se apega a los lineamientos de la convocatoria”. En cambio, el abogado Cervantes Ortiz indica que una convocatoria no puede estar por encima de la ley.
Arellano dice que incluso se tuvo que lanzar otra convocatoria porque en la primera solamente pasaron el examen dos candidatos –uno de ellos Viveros Reyes–, y la comisión que él encabeza incluyó a representantes de universidades en la evaluación de los aspirantes para darle transparencia al procedimiento.
En la primera convocatoria se inscribieron 26 personas, de las cuales 23 realizaron el examen. En la segunda se registraron 42, lo que Arellano consideró una “muestra de confianza” en el Poder Legislativo.
Sin embargo, algunos candidatos a consejeros que se quedaron en el camino no han encontrado respuesta del Congreso para conocer el resultado de su evaluación, ya que los legisladores se escudan precisamente en que ésta la realizaron los académicos invitados. Causan dudas el hermetismo del Congreso y el hecho de que ninguno de los aspirantes inconformes impugne el proceso de selección.
Uno de esos participantes fue Héctor Ontiveros. En entrevista, relata que en el examen oral le hicieron preguntas “mal diseñadas” y, aunque al principio los diputados les dijeron que iban a valorar sus conocimientos, después declararon a la prensa local que también evaluarían sus habilidades en mejora regulatoria, toma de decisiones y ética.
“Esto generó un poquito de descontrol en algunas de las personas que concursaron. Llegué a escuchar a uno decir que él no iba a platicar de eso porque iba a que le hicieran un examen de conocimiento”, comenta Ontiveros.
Insatisfecho con el resultado, el aspirante buscó al académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), José Bautista Farías, quien participó en la evaluación, para enterarse de qué criterios utilizaron, pero Bautista respondió que no podía revelar nada porque tal era el acuerdo con los legisladores.
No obstante, Ontiveros no impugna el proceso de selección porque respeta la legitimidad que le dio la participación de las universidades, a pesar de que el Congreso se ha caracterizado por su falta de transparencia. “¿Soy tan burro cómo para no pasar el examen con 80?”, ironiza el entrevistado.
José Antonio de la Torre, coordinador de los diputados del PAN, destaca que Viveros obtuvo una alta calificación en el examen, pero acota que la comisión legislativa debió revisar el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, toda vez que los diputados emiten su voto conforme a su trabajo. “Nos basamos en el dictamen de la comisión, somos un órgano colegiado y ese tema le correspondió a la comisión”, indica.
El 17 de julio, con 30 votos a favor y uno en contra, el Congreso determinó nombrar como consejeros titulares del Itei a Vicente Viveros y a Francisco Javier González Vallejo, y como suplentes designó a Olga Navarro y César Omar Mora, este último con calificación perfecta en la evaluación escrita.
Verónica Gutiérrez Hernández, exjefa de la Unidad de Transparencia en el Ayuntamiento de Guadalajara durante la administración del panista Alfonso Petersen Farah, considera que el Itei perdió credibilidad y terminó como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ): “Nadie cree en ella”.
En 2008, Gutiérrez Hernández participó en la convocatoria para consejero del organismo, en el cual dos años antes se desempeñó como coordinadora de Capacitación.
Su candidatura no prosperó y, al indagar por los motivos, alguien le insinuó que no podría ejercer a cabalidad el cargo porque estaba embarazada. Otro le comentó que su nombramiento estaba empalmado con la elección de consejeros de la Judicatura y que iban en paquete, a pesar de que se trataba de asuntos diferentes. Alejada ya de la función pública, Gutiérrez Hernández afirma que los diputados no eligen a los mejores perfiles, y eso se nota en la actuación de los funcionarios.
“Háblale a Luis Ramón, él es el que sabe”, le contestaba el actual titular del Itei, Jorge Gutiérrez Reynaga, cuando ella le hacía una pregunta de trabajo. “Lo que diga la ley”, solía repetirle el exconsejero Guillermo Muñoz Franco, quien estuvo seis años en el cargo y en situaciones difíciles siempre recurría a su asesor, mucho más joven que él.
“A los que están no les interesa estudiar”, enfatiza Verónica. Y agrega que siempre insistió en que los diputados sacaran las manos de la elección de consejeros y que los exámenes los hiciera una universidad nacional.
Antes de tener a su primer presidente, Augusto Valencia López, el Instituto de Transparencia jamás había gozado de un presupuesto tan oneroso. Lo más que obtuvo el funcionario para la operación del organismo fueron 25 millones de pesos, y a la llegada de Gutiérrez Reynaga el presupuesto se incrementó casi en 100 por ciento. Este año sus recursos ascendieron a poco más de 40 millones de pesos, parte de los cuales se destinaron a la remodelación de oficinas y la compra de automóviles para los consejeros entrantes.
A Viveros y González Vallejo los recibieron con autos Nissan Versa 2013. Para el ejercicio del año entrante el Itei solicitó 80 millones 721 mil 900 pesos, presuntamente para crear 10 oficinas regionales y una Dirección de Protección de Datos Personales.
