En los pasillos de los juzgados civiles y penales, tanto como en los del Palacio de Justicia, corre la versión de que uno de los precandidatos fuertes a suceder al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Celso Rodríguez González, es el cuestionado magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. El otro aspirante es el magistrado Espartaco Cedeño, a quien hasta ahora no se le conoce algún impedimento. En cambio Sandoval tiene que enfrentar antes los dos amparos que, en contra de su nombramiento como magistrado, obtuvieron la juez Marisa Vargas Castolo el 30 de junio del año pasado, y Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, el 14 de agosto, emitidos respectivamente por el juez cuarto y segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, Juan Manuel Villanueva Gómez y Luis Alonso Hernández Núñez. Cada cual por su lado y en su momento, ambos juzgadores dieron curso a la protección federal para Vargas Castolo y Cárdenas Rodríguez por considerar que el padre del próximo gobernador tiene antecedentes negativos como la falta de probidad y eficiencia en su anterior cargo de juez mixto en Zapotlanejo, de donde fue removido por irregularidades comprobadas (Proceso Jalisco 349 y 408). Estos antecedentes, entre otros, podrían echar por tierra las aspiraciones de Sandoval Figueroa quien, pese a todo, no sólo no ha sido removido de su magistratura por el Congreso del estado, sino que quiere la presidencia del STJ… Sólo nos faltaría que la madre del próximo gobernador quiera ser diputada y presidenta del Poder Judicial para tener a la familia completa en los tres poderes, bromean sus detractores.
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Como ya lo anunciábamos la semana antepasada (Proceso Jalisco 408), quedó comprobado que el gobernador Emilio González Márquez, para pagar favores, designó a un buen número de nuevos notarios, entre ellos, al presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez, quien debe ocupar la vacante de la Notaría 34. Lo curioso es que su designación se hizo desde marzo pasado, un año antes de la fecha en que deberá dejar el cargo en el STJ en 2013. Hay que recordar que, sin ruborizarse, mediante una serie de maniobras, aparentemente legales, Rodríguez se ha aferrado a la presidencia del tribunal por más de siete años, pese a los frecuentes señalamientos de corrupción. Los últimos en acusarlo en ese sentido fueron 75 jueces –de un total de 104 que dependen del Consejo de la Judicatura, que él mismo preside— por haber evadido durante sus sucesivos períodos, el pago del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la suma de 100 millones de pesos; las cuotas al Seguro Social por 20 millones y casi otro tanto, 18 millones, al Instituto de Pensiones del Estado. El magistrado presidente quiere que ahora paguen los jueces mediante un descuento mensual de 30% de su salario y a eso no están dispuestos, afirman sus opositores, entre ellos Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura, y el expresidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, juez Miguel Valenzuela.
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Según el acta de exámenes del Consejo de Notarios –de la que este semanario tiene copia–, otros favorecidos con el fiat notarial de Emilio que aún no dejan de ser funcionarios públicos hasta ahora son Ricardo López Camarena, subsecretario jurídico en la Secretaría General de Gobierno; José Guillermo Meza García, magistrado del Tribunal Electoral estatal, y el aún juez civil en Tamazula, Guillermo Rentería. Pero además aparecen como nuevos notarios Leticia Margarita López, auxiliar del presidente de los notarios, Manuel Bailón, y el hijo de éste, Manuel Bailón Zúñiga, cuyo padre quiere imponer como su sucesor a Heriberto Raúl Santana Murillo, frente al candidato “ciudadano”, Juan Carlos Vázquez Martín, se quejan empleados e integrantes del Consejo de Notarios.
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Ya nada más eso faltaba. El 11 de septiembre fue elegido presidente del Consejo de la Cuenca del Río Santiago, Enrique Dau Flores, enemigo declarado de la captación de agua de lluvia en pozos de absorción y de la limpieza de las aguas, como ya ha quedado de manifiesto en muchas ocasiones, como en el fallido proyecto de la presa de Arcediano, para el cual se pretendía levantar una cortina en las contaminadísimas aguas de ese río en la Barranca de Huentitán para abastecer a la zona metropolitana.
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