En circunstancias más que sospechosas fueron acribillados por presuntos zetas el director de seguridad pública de Magdalena, Raúl Hinojosa, y dos de sus agentes. Compañeros suyos y la presidenta municipal aseguran que respondieron a un llamado de apoyo de la corporación de Hostotipaquillo pero que ésta no se presentó en el lugar del enfrentamiento. Policías que estuvieron bajo fuego destacan que la abrumadora superioridad de los delincuentes en armamento y la falta de apoyo de sus vecinos determinó la tragedia.
Inconformes con la actuación de los efectivos de la Dirección de Seguridad Pública de Hostotipaquillo, policías municipales de Magdalena acudieron el 24 de agosto a San Andrés, en Guadalajara, para despedir a su jefe, Raúl Hinojosa Saad, quien el día anterior fue acribillado con dos subalternos por presuntos zetas.
Hinojosa y sus hombres fueron a ese municipio tras recibir un reporte, según el cual varias camionetas de lujo con sujetos armados –incluso con granadas de fragmentación colgadas al cuello– se desplazaban por la carretera a Hostotipaquillo intimidando a la población. Ahí fueron ejecutados.
En el sepelio, los efectivos de Magdalena se veían consternados. Los que aceptaron hablar con el reportero, a condición de no publicar sus nombres, se dicen “impotentes al comprobar la capacidad bélica y logística de las bandas del crimen organizado… frustrados por el sueldo, que está por debajo de los 6 mil pesos… intimidados por los delincuentes y conscientes de que trabajamos en uno de los corredores más peligrosos que existen en Jalisco (Magdalena está en la región Valles, limítrofe con Nayarit). Por aquí entran y salen en forma constante grupos de delincuentes de alta peligrosidad”.
El municipio de Magdalena viste a sus policías con un uniforme estampado con rayas parecidas a las de cebra, que lejos de camuflar, los hace resaltar.
La mayoría del personal de la dirección de Seguridad Pública tiene entre de 25 a 35 años. Muchos aún no tienen ni diez años de casados y sus hijos aún son muy chicos. “Cada que salimos a cumplir con nuestra labor, pensamos que quizá se trate del último día de servicio, pero no tenemos otro empleo”, dice uno de ellos.
Una agente de vialidad muy joven reconoce que su uniforme (pantalón azul, camisa blanca y botas) no le da ninguna clase de poder para avalar su autoridad: “Somos civiles. Nos dan un radiotransmisor para nuestra protección o auxilio, pero no tenemos arma de cargo, ni siquiera un tolete, que de poco serviría ante los hechos que ahora se enfrentan. Por eso entendemos que no podemos meternos con nadie, y menos exponernos”.
La policía local tiene que atender a 500 mil habitantes. De las cuatro camionetas pick up con que contaban antes del ataque zeta, sólo quedaron dos y una de ellas constantemente necesita reparaciones. Ninguno de estos vehículos ofrece protección en una balacera. Uno de los policías comenta: “Usted los puede ver; son como queso cuando se exponen a las balas de cuerno de chivo o fusiles tipo Barrett”.
Desde el día de los asesinatos, la corporación de Magdalena está colapsada y sólo un pequeño grupo de agentes resguarda la población. La mayoría de los policías se presentó el día 24 al sepelio de sus tres compañeros: el jefe Raúl Hinojosa, Eleazar López Casillas y Francisco Javier González Castañeda. El primero era originario del barrio de San Andrés, en Guadalajara, cuna de la pandilla de Los Vikingos, del cual salieron en los setenta unos cuantos idealistas que se sumaron a la guerrilla.
En la calle Gigantes, de la contigua colonia San Jacinto, la gente guarda silencio cuando pasa la vieja carroza negra. Ahora, igual que hace cuatro décadas, uno de los suyos ha caído, esta vez un jefe policiaco “ejemplar”, como lo llama la presidenta municipal de Magdalena, María de los Dolores Juárez.
Hinojosa forma parte ahora de las víctimas contabilizadas de una guerra no convencional, dice Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara.
“El tipo de lucha que se libra entre los policías de diferentes órdenes y las bandas del crimen organizado, los enfrentamientos, las masacres, narcobloqueos como los del 25 y 26 de agosto y la muerte decenas de policías en municipios pobres como Magdalena, dejan en evidencia un hecho muy grave: esto no es otra cosa que un alzamiento armado.
“Es un fenómeno similar a una guerra civil que se libra en las calles de las zonas urbanas, en las carreteras y en los poblados, sin que las autoridades lo quieran admitir. Insisto, es una guerra civil que no reconoce protocolos ni códigos de ética. En medio de todo esto nos encontramos los ciudadanos”.
Le emotividad del sepelio de Hinojosa supera la de cualquier película. Afuera de la funeraria La Piedad, en la calle Gigantes, María de los Dolores Juárez pide un minuto de palmas para despedir al “01”, a quien describe como un buen colaborador, y la gente se desborda en su reconocimiento.
Están presentes miembros de la Policía Estatal y de otras corporaciones. La manzana de la funeraria –entre López Velarde y Ejido– está rodeada de agentes armas largas, en previsión de otro ataque de los sicarios. De todas formas, los amigos, vecinos y conocidos de Hinojosa acuden a ofrecer sus condolencias.
Después de la ceremonia de cuerpo presente, el féretro de madera oscura es trasladado. La banda de guerra homenajea al asesinado.
Lucha desigual
En la funeraria los testimonios se escuchan sin necesidad de buscarlos; es como si las paredes hablaran: “Los delincuentes rodearon a Raúl y empezaron a dispararle a él y a los dos compañeros que lo acompañaban”, coinciden.
Uno de los efectivos de Magdalena que tomó parte de esa confrontación dice que el “01” no tuvo tiempo ni forma de defenderse. Recuerda con claridad que la llamada de auxilio para interceptar al convoy de hombres armados provino de la Dirección de Seguridad Pública del municipio vecino:
“La policía de Hostotipaquillo tiene mucho que explicar, pero nadie la cuestiona. Ellos fueron los que solicitaron el apoyo, y el jefe, junto con los dos compañeros muertos, acudió. Lo más grave es que la gente de ‘Hostos’ nunca llegó. Pasaron más de 20 minutos y nunca aparecieron. Yo pienso que Hostotipaquillo puso las cruces y nosotros los muertos”.
Otro testigo indica que los agentes de Tequila fueron los primeros en llegar a la zona: “De ahí al lugar donde se solicitaba el apoyo se hacen más de 20 minutos, y de Hostotipaquillo al lugar de la balacera no se hacen más de cinco o siete minutos; estamos a menos de 11 kilómetros por carretera y el desplazamiento se hace con códigos encendidos (sirena abierta). No me explico por qué llegaron más rápido los compañeros de Tequila que los de Hostotipaquillo; éstos nunca apreciaron cuánto se les necesitaba”.
La alcaldesa Juárez reconoce que sus elementos tienen razón. “Yo no quiero hacer ningún comentario fuera de lugar, pero lo cierto es que (la policía de Hostotipaquillo) no llegó. Nos pidió apoyo y es de suponerse que cuando se solicita ayuda es porque estás en el enfrentamiento, y eso no fue así, porque cuando llegaron mis elementos la corporación de allá ni siquiera estaba presente”.
Juárez Estrada reconoce que el tiroteo del 23 de agosto con presuntos zetas dejó a otros tres agentes heridos e informa que a la familia de cada uno de los fallecidos se le entregará un seguro de vida por 200 mil pesos. Comenta que se espera apoyo especial del gobierno del estado para reforzar la seguridad de su municipio.
Los policías reclaman falta de equipo y de armamento, carencia de patrullas y bajos sueldos. “Que salga con ustedes (Proceso Jalisco) todo lo que se tenga que decirse. El problema que tenemos es la falla en la gestión de apoyos de las diferentes administraciones y la incapacidad para integrar a nuestra policía a proyectos que permitan el desarrollo de la infraestructura de seguridad; no somos uno de los pueblos más pequeños de Jalisco y estamos en una de las zonas más peligrosas”, reclaman.
El director en turno, quien únicamente se identifica como el comandante Juárez, asegura que él es uno de los sobrevivientes de la balacera y admite: “Por desgracia, en la zona se está dando mucho la presencia de gente armada como los zetas. Ellos cuentan con un poder económico, logístico y de armamento superior al que nosotros podemos enfrentar.
“El día de los hechos duramos más de media hora tirándonos de balazos y poco o nada se les hacía a sus vehículos; por desgracia nunca llegó (la policía de) Hostotipaquillo; vinieron compañeros de Amatitán; luego de Tequila, y Hosto nunca llegó. Y le pido de favor que no me pregunte por qué”.
“Cuando se dio el enfrentamiento, los de Magdalena íbamos bien pertrechados. Contábamos con la nueve milímetros, que es el arma de cargo, y rifles AR-15, pero ahí descubrimos que ellos traían fusiles FAT, Barrett y cuernos de chivo. Estos últimos tienen una capacidad tremenda, con una repetición endiablada para soltar los tiros”.
La escaramuza ocurrió en los límites de Magdalena y Hostotipaquillo, en un tramo de la carretera libre Guadalajara-Nogales, por donde ingresaron los sicarios desde Nayarit. Los policías municipales pidieron apoyo a la Policía Estatal y al Ejército, por lo que más tarde se montó un operativo con decenas de soldados y efectivos de Seguridad Pública para tratar de capturar a los agresores.
Según las primeras versiones de los hechos, dos camionetas del convoy de sicarios (una Cherokee y una Chevrolet Tahoe) se precipitaron por una barranca y en ellas se encontraron los cadáveres de seis atacantes, así como armamento. Otra de las unidades quedó fuera de control y fue a parar en un sembradío de mariguana.
Sin embargo, la Procuraduría de Justicia de del estado informó sobre dos presuntos los sicarios abatidos y de una camioneta Ford roja, blindada y adaptada con un aditamento para lanzar clavos a fin de dañar a otros vehículos.
El pasado 21 de mayo pasado Víctor Manuel Hernández Otelo, director operativo de la misma corporación, fue asesinado por un sujeto no identificado. La víctima circulaba en un auto Lincoln en las inmediaciones del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara.
Julio Aldana, exintegrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indica que los policías municipales son objeto de una serie de abusos que nadie atiende: bajos sueldos, falta de equipo adecuado para sus peligrosas labores y en ocasiones malos tratos, lo que sólo fomenta que algunos pasen al bando de la delincuencia. Lo grave es que los municipios de Magdalena, Tequila, Hostipaquillo y Amatitán están ubicados en una zona conocida ya por la presencia de bandas del crimen organizado.
A decir de Aldana, en esa región y en Zapopan la delincuencia se ha incrementado. Ejemplo de ello es la reciente ejecución de tres personas en el rancho Los Pinos, situado en la población de Nextipac. Las víctimas son Cecilia Verónica Reynoso, de 35 años y al parecer esposa del dueño del inmueble; así como Felipe de Jesús Contreras Villarreal y Armando Flores Contreras, ambos de 20 años y supuestos trabajadores del rancho, donde las autoridades estatales decomisaron más un millón 650 mil dólares (cerca de 22 millones de pesos).
El procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, adelantó que los propietarios del rancho manejan una empresa dedicada a exportación de carne, aunque no se descarta la posibilidad de que el crimen esté relacionado con actividades de la delincuencia organizada.
