Cuatro semanas después de las elecciones, la comarca jalisciense sigue sin recobrar el sosiego. Dos de los contendientes derrotados (Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, y Alberto Cárdenas Jiménez, abanderado del PAN a la alcaldía de Guadalajara) decidieron impugnar formalmente lo comicios, alegando “graves irregularidades”. Ahora sus demandas para anular las elecciones del domingo 1 de julio se encuentran en manos de los magistrados del Tribunal Electoral de Jalisco.
Por su parte, los integrantes del capítulo local de #YoSoy132, que insisten en la naturaleza apartidista de su movimiento, han seguido manifestándose periódicamente contra el pasado proceso electoral, cuya equidad y limpieza niegan, exhibiendo como prueba de ello las variadas trapacerías –o al menos los indicios de algunas de ellas– que han salido a la luz en las semanas recientes: compra e inducción del voto, la presunción de recursos que sobrepasaron por mucho los topes oficiales a los gastos de campaña, presunto financiamiento ilícito, intervención indebida de los llamados poderes fácticos en favor de Enrique Peña Nieto, abanderado presidencial del PRI, así como de otros aspirantes del mismo partido a diversos cargos de elección popular.
El reiterado reclamo de los jóvenes inconformes se ha dirigido también hacia varios medios de comunicación y a las autoridades electorales. A los primeros –particularmente al gigante mediático del país, Televisa– los acusan de tener un desempeño parcial y tendencioso a lo largo de la campañas y después de las elecciones; haber favorecido la candidatura de Peña Nieto, y de publicar periódicamente (en el caso del Grupo Milenio, se hacía a diario) encuestas cuyos resultados siempre eran desmesuradamente favorables a la causa peñista, pero que estuvieron muy lejos de corresponder con las verdaderas preferencias de la ciudadanía. De ahí el reproche a tales sondeos: que fueron un machacón instrumento de propaganda priista y no un orientador trabajo informativo; que se usaron como instrumento de propaganda que, de manera desaprensiva o maliciosa, los medios en cuestión difundieron hasta el final del periodo de campañas, 72 horas antes del 1 de julio.
Por lo que hace a las autoridades electorales, el principal reclamo es por haber permitido, sin ninguna sanción significativa, las más diversas tropelías que habrían cometido algunos contendientes, y por haber consentido que se entrometieran en el proceso agentes externos que, de manera abierta, hicieron proselitismo a favor de candidatos del PRI y en contra de los abanderados de otras siglas partidistas. Entre esos agentes externos, en el caso de Jalisco, figuraron iglesias evangélicas, sindicatos, casas encuestadoras, medios de comunicación y hasta dirigentes de la Universidad de Guadalajara, que abiertamente hicieron campaña contra el candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, mediante desplegados de prensa y recursos de la casa de estudios.
Ante todos estos casos de conducta indebida –y eventualmente de delitos electorales– que enturbiaron los comicios, surge un par de preguntas: ¿qué hizo o qué ha hecho el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)? ¿Sancionó o tan siquiera les hizo algún extrañamiento a las empresas que realizaron o publicaron las encuestas disparatadas, o a las centrales obreras que abierta y descaradamente inducían a sus agremiados a votar por los candidatos del PRI, o las asociaciones religiosas que hacían lo propio con sus feligreses, o los funcionarios de la UdeG que, con dinero y recursos de la institución (es decir, del erario) insistieron en presentar a Alfaro como “socio de delincuentes” y de ser un peligro para Jalisco?
La respuesta es que ni entonces ni ahora los consejeros electorales de la comarca han sido capaces de llamar a cuentas a presuntos infractores de la legislación en la materia. No sería exagerado decir que el árbitro electoral ha sido rebasado por las tretas cometidas por los poderes fácticos y por más de un partido político. Y si el IEPC no ha brillado por su ausencia ha sido por los peores motivos: por algunas resoluciones disparatadas de sus integrantes, como haber asignado ilegalmente una diputación plurinominal a una candidata del PAN, ponderando una presunta “cuota de género” como un elemento más relevante que el número de votos.
Por lo que hace a las impugnaciones de los comicios para gobernador como para la alcaldía de Guadalajara, es de destacarse que mientras Enrique Alfaro, quien contendió al primer cargo de la entidad por MC, parece haber aceptado el dictamen de los electores de Jalisco que lo colocaron a sólo cuatro puntos porcentuales del ganador de la contienda (el priista Aristóteles Sandoval Díaz), el aspirante del PAN al ayuntamiento tapatío, Alberto Cárdenas Jiménez, no se resigna a su segura plaza de regidor y pretende desbancar en los tribunales al priista Ramiro Hernández García, a quien las urnas dieron por ganador. Por lo pronto, el panista ha obtenido no sólo el respaldo de las dirigencias local y federal de su partido, sino de dos aspirantes al mismo cargo.
La situación de ambos impugnadores es paradójica porque a pesar de que Alfaro estuvo más cerca de alcanzar a Sandoval Díaz que Cárdenas Jiménez a Hernández García, el primero presentó una impugnación sin mucha enjundia ni convicción y sin buscar el apoyo de los otros candidatos a la gubernatura, particularmente de quien fuese el abanderado del PAN, Fernando Guzmán Pérez Peláez. En cambio Cárdenas Jiménez, no obstante haber quedado a más de seis puntos porcentuales de quien ya fue declarado alcalde electo, ha conseguido otros resonadores y aliados para su causa: Salvador Caro Cabrera, quien contendió por Movimiento Ciudadano, y César Navarro, por el Partido Nueva Alianza.
Como muy probablemente el Tribunal Electoral de Jalisco habrá de resolver estas y las demás impugnaciones a partir de la solidez de las pruebas y los elementos de juicio que hayan aportado los quejosos, y no por las dimensiones de la porra que los acompañe, de poco le servirán a Cárdenas Jiménez los apapachos externos e internos.
Por lo pronto, los juicios para anular las elecciones seguirán su curso y la atención de los medios –y de sus consumidores– estará enfocada en los Juegos Olímpicos de Londres, lo cual no implica que olviden sus demandas quienes exigen la limpieza de las elecciones. Ejemplo de ello es el movimiento #YoSoy132, que anunció una “toma simbólica” de las instalaciones de Televisa para el día de la inauguración del espectáculo deportivo internacional.
