Despliegues de prepotencia, ilegalidad e imprevisión tanto de la empresa FEMSA como del gobierno de Nuevo León ocasionaron que un juez ordenara suspender los trabajos de construcción del Estadio de Futbol Monterrey. Anunciada desde hace más de cuatro años, la construcción del coso que albergará a los Rayados ha enfrentado numerosos obstáculos y sólo lleva un avance de 25%. Todo indica que habrá de transcurrir más tiempo para que se destrabe este proyecto que, a decir de vecinos y ambientalistas, representa un ecocidio para la zona urbana de la ciudad norteña.
MONTERREY, N.L.- Cuatro años después de que se anunció la construcción del Estadio de Futbol Monterrey (EFM) en el municipio de Guadalupe, el proyecto no puede despegar a causa del desaseo jurídico con que se manejó por parte de la constructora y de, prácticamente, todas las autoridades de Nuevo León.
El martes 24, obligado por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, el alcalde sustituto guadalupense, Carlos Rodríguez Padilla, notificó a la empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA) que debían suspenderse las obras del coso.
La razón: el municipio entregó indebidamente el permiso de cambio de uso de suelo a la empresa, pues antes de permitir que se colocara la primera piedra, en diciembre del año pasado, debió efectuar una consulta pública entre los habitantes del municipio, para conocer su opinión acerca del palacio futbolero que se erige al pie del Cerro de la Silla.
Este es el nuevo contratiempo que debe enfrentar FEMSA, que esperaba concluir en 28 meses el inmueble con capacidad para 50 mil espectadores, cuyo costo será de 2 mil 136 millones de pesos.
Los problemas que no ha podido sortear el proyecto van desde el incumplimiento de esa consulta pública del ayuntamiento de Guadalupe, una entrega de coordenadas erróneas al Congreso estatal y la ilegalidad en que incurrió el gobierno de Nuevo León, que en 2008 dio a conocer el proyecto sin que hubiera una desafectación del predio.
En conferencia de prensa el presidente del consejo de administración del club Rayados, José González Ornelas, dijo que acataría la resolución del juez, aunque aclaró que desconocía los tiempos y formas en que debía efectuarse la consulta pública. También manifestó que una vez salvado ese escollo legal, el proyectado estadio se enfilaría libremente hacia su culminación en un lapso de 28 meses de trabajo efectivo.
Ya antes, en 2010, las obras fueron suspendidas luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descubrió que se habían realizado trabajos antes de que se otorgaran los permisos correspondientes.
Por su parte, Gregorio Vanegas Garza, aguerrido litigante y activista que representa a los vecinos que se dicen afectados por el proyecto, considera viable que los pilotes y vaciados que han sido erigidos hasta ahora en la obra que tiene 25% de avance, pueden ser derruidos y la empresa obligada a reponer el área boscosa que removió para despejar el predio.
Tropiezos
Durante una reunión realizada el miércoles 25 con reporteros en El Barrial, donde se localiza el campamento de Rayados, González Ornelas no supo explicar por qué, cuatro años después de que se diera a conocer el proyecto del EFM, FEMSA no podía establecer un cimiento jurídico para blindarse contra reclamos.
El directivo, quien es delegado de FEMSA en el equipo de futbol, se encogió de hombros y planteó: “Lo que nosotros entendemos es que todos los permisos fueron expedidos conforme a derecho. Particularmente el predio donde está localizado el proyecto es un corredor de uso urbano intenso que, de acuerdo al reglamento del municipio de Guadalupe, podía ser otorgado ahí el permiso mediante acuerdo de cabildo, como pasó.
“Sin embargo, un juez consideró que debía haberse llevado a cabo una consulta pública e instruyó al municipio para que se efectúe y en esa etapa estamos… El proyecto abarca 28 meses y tenemos ocho trabajando. Llevamos 25% del proyecto.”
En esa conferencia de prensa leyó un comunicado que, en su parte medular, decía: “Es lamentable que por esta resolución se detenga un proyecto que trae grandes beneficios a la comunidad y que nos veamos obligados a suspender 425 empleos directos que están trabajando en la fase actual de la obra; sin embargo, acataremos la resolución, puesto que somos respetuosos de la ley”.
También dijo que las obras se suspenderían hasta el sábado 28, para dar oportunidad a los trabajadores de que cobren la semana completa. Después, insinuó que todos ellos quedarían en el desamparo mientras no se reanuden los trabajos.
El promotor del amparo que tiene en suspenso la megaobra es Vanegas Garza, quien preside la Federación Libertad de un Pueblo y se ha dedicado a combatir la obra por la vía legal, debido al despojo del que fue objeto el pueblo de Nuevo León, según ha argumentado.
El amparo que ganó es el 314 tramitado en 2010. Fue gestionado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, donde inicialmente fue rechazado. No obstante, en el juicio de revisión –expediente 394/2010– ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Nuevo León ya no se aceptó ningún recurso.
La resolución a favor de los vecinos fue emitida el 10 de mayo pasado y notificada a Vanegas el domingo 15.
El activista dijo, al conocer la suspensión de las obras, que FEMSA no ha podido avanzar libremente porque premeditadamente omitió procedimientos y ocultó información a la ciudadanía.
“Si hubieran transparentado los trabajos, de inicio, no hubieran conseguido el permiso. Creo que lo sabían, por eso se brincaron todo esto y ahí está el resultado. Y este amparo que ganamos es sólo uno, hay otras irregularidades que van a ser combatidas cuando se haga la consulta”, auguró.
Hasta ahora no ha aparecido la exalcaldesa priista de Guadalupe Ivonne Álvarez García, quien renunció al cargo para lanzarse por la senaduría de Nuevo León, en la elección del 1 de julio, que ganó. Ella omitió la realización de la consulta, motivo por el que ahora está detenida la construcción del estadio.
Lo más parecido a ese trámite que hizo la alcaldesa ocurrió el 10 de marzo de 2010. Tal vez para enterar a la opinión pública que había consultado a los guadalupenses sobre el palacio futbolero, ese día, en coordinación con la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso local, colocó unas urnas en la plaza principal y convocó a los colonos para que se pronunciaran acerca de la edificación del inmueble. En un ambiente festivo, mientras sonaba en altavoces el himno del Monterrey, ella invitaba a todos para que aprobaran el megaproyecto.
Al final, diputados del PAN y del PVEM descalificaron el ejercicio al considerarlo poco serio. El diputado ambientalista Juan Carlos Holguín dijo que más bien se trataba de un evento de promoción al estadio y que las urnas fueron llenadas con acarreados del PRI.
Daño ambiental
El 8 de septiembre de 2008, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, develó en el palacio de gobierno una maqueta del nuevo estadio de Rayados, que debía quedar concluido en dos años y medio (Proceso 1665). Hubo confeti y serpentina. Estuvieron presentes estrellas del equipo y directivos.
Al día siguiente, la bancada del PAN en el Congreso local acalló la fiesta al anunciar que el mandatario estatal debía solicitar a los diputados la desafectación del predio que planeaba regalarle a FEMSA bajo la forma legal de una concesión por 60 años, lapso tras el cuál el inmueble construido se entregaría al estado.
Con el paso de los meses se supo que, en secreto, cuatro días antes de que se hiciera la fiesta de presentación del proyecto, FEMSA había creado un fideicomiso para recibir bienes y derechos del predio, sin haber iniciado, siquiera, el trámite para recibir la concesión.
El 31 de septiembre de 2008, González Parás solicitó al Congreso la desafectación del predio a favor de la empresa Desarrollo Deportivo y Comercial (DDC), filial de FEMSA, que administra el inmueble.
Por su parte, FEMSA ya había recurrido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para tramitar un permiso que, inesperadamente, retiró el 16 de octubre para que sus abogados lo fortalecieran jurídicamente.
Finalmente, el 31 de marzo de 2010 el Congreso entregó al gobierno del estado el certificado de desafectación. La aprobación de pleno ocurrió cerca de la medianoche. Los diputados panistas, que habían jurado defender el bosque La Pastora, finalmente cedieron y fueron acusados de traidores.
El trámite fue cuestionado por la ciudadanía. La queja fue generalizada por regalarle a la poderosa empresa cervecera un terreno que tiene un valor comercial de 30 millones de pesos. Grupos ecologistas denunciaron que se trataba de un ecocidio, debido a que La Pastora es el único bosque del área metropolitana de Monterrey; sin embargo, el fallo fue inapelable.
El 9 de abril de 2010, el gobierno de Nuevo León entregó a FEMSA el ansiado comodato. Con la posesión del predio, la empresa tenía el campo libre para iniciar los trámites de construcción, pero incurrió en nuevos errores.
El 20 de octubre de ese año, la Profepa informó que las obras y estudios de terreno quedaban suspendidos, debido a que había daño forestal a matorral espinoso tamaulipeco, huizaches, anacahuitas, pájaro prieto, entre otra vegetación típica de la región, por lo que citarían a funcionarios estatales para deslindar responsabilidades.
El entonces delegado de la Profepa en Nuevo León, Francisco Treviño Cabello, informó que las obras fueron efectuadas por Geoinsa y GeoTécnica e Ingeniería de Monterrey, S.A. de C.V., pero que desconocía quién había contratado a esas empresas. Se pagó una multa y los estudios continuaron.
En 2011, la Semarnat le propinó otros dos reveses a FEMSA. Como ha sido la constante en el proyecto del EFM, los errores fueron cuestiones simples de tramitología que le significaron al proyecto retrasos y más desgastes.
El 17 de marzo de ese año la dependencia desechó el trámite para elaborar el Manifiesto de Impacto Ambiental debido a que la parte promovente entregó planos que, de acuerdo con las coordenadas indicadas, corresponden a un terreno ubicado en el municipio de Cadereyta, a 23 kilómetros de distancia del lugar proyectado. Se trató de un error garrafal que se atribuyó tanto el Congreso local como el gobierno de Nuevo León.
El 31 de marzo hubo otro rechazo. En esa ocasión al Estudio Técnico Justificativo, por más omisiones, lo cual es difícil de explicar en una empresa de clase mundial como FEMSA. La Semarnat le reprochó, por ejemplo, que no acreditó la posesión legal del terreno que ya le había entregado en comodato el gobierno del estado. El documento exhibido no estaba debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León.
La dependencia federal también le reclamó que hubiera creado el fideicomiso para manejar el terreno sin tener, en ese momento, derechos sobre éste.
Por último, la noche del 5 de agosto de 2011 la delegación local de la Semarnat publicó un resolutivo en el que daba permiso a DDC para que comenzara en forma la largamente postergada edificación del estadio diseñado por la firma inglesa HOK.
El 11 de ese mes, González Ornelas anunció orgulloso las primeras excavaciones en el terreno para rescatar la flora y fauna del lugar, reubicándolas en un lugar seguro. El 14 de septiembre iniciaron las obras de preservación y en diciembre, sin ceremonia, entró la maquinaria a abrir el terreno.
Desde entonces, los conductores que pasaban a un costado de la avenida Pablo Livas observaban con asombro cómo el terreno era aplanado, se creaba un enorme foso y lentamente, con el paso de los días, se alzaban las enormes columnas que sostendrían la estructura del estadio. En torno al redondel se aprecian enjambres de varillas que van tomando forma como sótanos y cimientos de la moderna edificación.
Casi un año después, el mismo directivo que anunció el arranque de las obras confirmó una nueva suspensión de éstas, por razones de índole administrativa.
