Señor director:
En atención a la carta que me dirigieron los consejeros distritales del Distrito 04, de Zacapoaxtla, Puebla, publicada en la edición 1864 de Proceso (bajo el título Exigen a Leonardo Valdés Zurita esclarecimiento y sanciones), mucho agradeceré publicar esta respuesta en el mismo espacio (Palabra de Lector).
Señoras y señores Consejeros Distritales:
Al igual que ustedes, ni las consejeras ni los consejeros electorales del Consejo General del IFE somos militantes ni tenemos vínculos con partido político alguno. Cada uno de nosotros tiene una trayectoria que desde el ámbito académico o profesional acredita nuestro compromiso con la vida democrática. Todas nuestras decisiones, supongo que como las de ustedes, las tomamos en conciencia y dentro de los límites que nos faculta la ley.
Al igual que en su Consejo Distrital, en el Consejo General las decisiones se toman por mayoría y, como seguramente también les pasa a ustedes, hay ocasiones que nuestra opinión individual difiere de la orientación final y sentido de la posición mayoritaria. Aquí, como en cualquier espacio democrático, las mayorías determinan el rumbo y las decisiones son obligatorias para todos, aún para los disidentes. Así son los órganos colegiados y las democracias.
Por ello, de su carta me llaman particularmente la atención algunos señalamientos:
Ustedes saben que la reforma electoral 2007-2008 tuvo como uno de sus ejes principales modificar la influencia de la radio y la televisión en las campañas electorales. Se diseñó un modelo de comunicación política que prohibió a los partidos y particulares la compra o adquisición de tiempos en el espacio radioeléctrico para efectos electorales. El modelo ha funcionado en beneficio de la equidad en más de 50 elecciones y sus productos se han constituido en prueba plena ante la autoridad jurisdiccional. Se ha probado el cumplimiento de la industria de radio y televisión en la transmisión de los promocionales de los partidos políticos, en niveles que rondan el 98%, e incluso en el tiempo dedicado en 493 noticieros de esa industria (que no están regulados), en el ejercicio de su libertad periodística, también está comprobada la imparcialidad de los medios con el monitoreo que realizó la UNAM (disponible en la página de internet del IFE).
Me sorprende también que señalen un supuesto rebase de los topes de campaña cuando conocen, o deben conocer, los tiempos y procedimientos establecidos en la ley para concluir la fiscalización de las campañas y los plazos derivados de los acuerdos del Consejo General en esta materia. Me parece que para funcionarios como ustedes no es comprensible que desconozcan las tareas de fiscalización de precampañas ya realizadas, y que no reconozcan la trascendencia del procedimiento extraordinario de fiscalización, aprobado en mayo pasado, el cual permite adelantar varios meses la conclusión de los dictámenes sobre los recursos ejercidos en las campañas electorales. Una vez más, la información está disponible en la página www.ife.org.mx.
No comparto su opinión sobre la transmisión de los debates presidenciales. En nuestra transición a la democracia fue emblemática la exclusión del gobierno de la organización de los procesos electorales. Para ello se otorgó autonomía constitucional al IFE. Por tal motivo, fue mi convicción y la de la mayoría de los consejeros electorales respetar la decisión libre de cada mexicano de ver o no el debate. El resultado fue exitoso: en 2012 y sin necesidad de cadenas nacionales, vivimos los debates presidenciales más vistos en la historia desde 1994.
En relación con la presunta compra de votos, individual o masiva, como cada que me preguntan sobre este tema, los exhorto a que si ustedes tienen pruebas sobre el particular, consideren esta respuesta como una invitación a denunciar los hechos ante las instancias competentes. Ustedes saben que al IFE le corresponde la fiscalización de los recursos invertidos en las contiendas, y que la compra o coacción del voto recae en el ámbito de delitos electorales que atiende la Fepade. Detalles sobre este tema fueron publicados en un desplegado y están disponibles en la página de internet del IFE.
No puedo compartir la expresión que ustedes hacen, la cual deja ver la posibilidad de que los ciudadanos sean manipulados. En mi opinión, las cifras demuestran lo contrario: cada elector supo distinguir en libertad y con precisión su voto en las urnas. Sólo así es explicable el voto diferenciado para la presidencia de la República y en el Congreso de la Unión; incluso las cifras muestran diferenciación del ámbito federal respecto de las elecciones locales. Esto, para mí, es la mejor muestra del ejercicio libre y secreto que cada ciudadano hizo en las urnas.
Ustedes señalan que “el proceso vivido en nuestro distrito se desarrolló técnicamente de manera correcta en tiempo y forma”; lo mismo podemos garantizar en el Consejo General. Si las decisiones de ustedes y las nuestras, tomadas con apego a la ley contribuyeron a la certeza, imparcialidad, legalidad y transparencia del Proceso Electoral Federal 2011-2012, no entiendo por qué ustedes consideran que los ciudadanos de su distrito viven en un engaño.
Por último, compañeros consejeros distritales, para que puedan informar a la ciudadanía que les pregunta, ustedes pueden obtener datos detallados de cada uno de estos temas directamente en la página del IFE o a través del Consejo Local o de la instancia respectiva de las oficinas centrales del IFE.
Sin más por el momento, quedo de ustedes.
Atentamente
Dr. Leonardo Valdés Zurita
