Indemnizaciones fantasmas, acoso laboral y despidos injustificados es la estela que ha dejado el mayor José Trinidad López Rivas, primero como director de Bomberos de Guadalajara y después como titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ), donde lleva 12 años.
En 1992, cuando se registraron las explosiones del 22 de abril en los ductos del sistema de alcantarillado en el barrio de Analco, el mayor José Trinidad López Rivas estaba en la Dirección de Bomberos de Guadalajara. En ese incidente murieron los elementos Rubén Mercado Gómez y Ricardo González Jaramillo a causa de la negligencia de su entonces jefe, quien ahora es el titular de la UEPCJ, comenta Lilia Yareni Uribe Dalli.
Ella es la viuda de González Jaramillo y recuerda que el día previo su esposo y Mercado Gómez comunicaron a López Rivas que ese barrio iba a explotar, pero él les ordenó callarse “para no alarmar a la gente”. A 20 años de los hechos, ella y la viuda de Mercado siguen esperando la indemnización que les corresponde.
Quienes han estado bajo las órdenes de López Rivas aseguran que una de las tácticas para despedir a los integrantes de la corporación es acusarlos de robo. Y muestran el oficio UEPCB/CJ-140/2012, fechado el 2 de mayo último, en el cual se le informa a José Cruz Ornelas López su baja como segundo oficial operativo de la base central de la dependencia.
En el documento se acusa a Cruz Ornelas del presunto robo de bebidas hidratantes donadas por la ciudadanía durante el incendio en el bosque de La Primavera. De acuerdo con la Coordinación Jurídica de la UEPCBJ, encabezada por José Florentino Méndez Navarro, el 25 de abril pasado el tercer oficial Octavio Ruiz García le comentó al primer comandante Nicolás Mendoza Longinos que estaba molesto con Ornelas por intentar sustraer de la unidad “dos carteras de bebidas hidratantes Kirkland con 24 piezas de 590 mililitros”.
Mendoza avisó al director operativo de la dependencia, Jaime Alberto Moreno Chacho, quien a su vez se lo reportó a sus superiores. Y aunque Méndez Navarro le dio tres días a Ornelas para dar su versión, junto con el coordinador jurídico lo presionaron para que firmara su renuncia voluntaria.
Ornelas terminó por ceder. No obstante, presentó una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), la cual quedó en la mesa F con el número de expediente 338/2012.
Otros casos similares son los de Francisco Javier Espinoza Cárdenas y Jorge Alberto Espinoza González, segundos oficiales, quienes hace seis años fueron acusados del robo de detergente y pilas para lámparas. Ambos estuvieron detenidos del 16 al 19 de marzo de 2006 en el Reclusorio Preventivo estatal, hasta que el Juzgado Sexto de lo Criminal encontró que el arresto fue ilegal.
Los afectados presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) una queja por hostigamiento laboral (la número 609/06-IV), en la cual sostienen que Samuel Camarena Dávalos, entonces coordinador jurídico de la dependencia, los acusó de robo para que firmaran su renuncia.
Ambos se negaron, indica el organismo en su escrito. Sin embargo, cuando regresaron a laborar, Camarena Dávalos les dijo que no podían hacerlo, incluso le ofreció a Jorge Alberto una indemnización de 27 mil pesos si firmaba la renuncia.
La comisión concluyó que Camarena Dávalos actuó de manera irregular, por lo que le recomendó a López Rivas iniciar un procedimiento administrativo en contra del coordinador jurídico, pero no atendió la recomendación.
Explotación laboral
El 22 de noviembre de 2010, un grupo de trabajadores de la UEPCBJ presentó ante la JLCA una demanda contra la dependencia que encabeza el mayor López Rivas por el no pago de horas extras de días festivos laborados y prima dominical.
De acuerdo con el expediente 771/2010 /11-E, los inconformes fueron Miguel Ángel Peña Ortiz, Luis Ángel Fabián Aguilar, Marcos Vielma Sandoval, Martha Olivia Macías Hernández, Juan Carlos López Arroyo y Diego Suárez Lemus.
Meses después, el 8 de abril de 2011, otro grupo de empleados, entre ellos Víctor Hugo Zamora Aguilar, Evelyn Edith Ramos Ríos, Édgar Omar Jáuregui Meza y Fernando Esparza Osorio, del área operativa de la UEPCBJ presentó otra querella similar, que quedó arraigada en el expediente 222/2011/11-D. Hasta la fecha ninguna de las demandas ha sido resuelta.
Peña Ortiz, tercer oficial operativo, sostiene que por exigir sus derechos laborales fue despedido el 25 de julio de 2011, día en que el propio López Rivas lo separó de su cargo. Y cuando encaró al directivo, éste le contestó: “Ya me di cuenta de que anda usted incitando al personal para que demande (a la unidad) por el pago de las horas extras”
Peña presentó una demanda laboral ante la JLCA por despido injustificado, que quedó asentada en el expediente 436/2011. No fue la primera vez que Peña perdió su trabajo. En marzo de 2007 fue cesado, aunque cuatro meses después fue reinstalado, tras llegar a un acuerdo, según se lee en el expediente 229/2007.
El 28 de abril de 2010, sin sustento legal, sus jefes notificaron a Peña que sería comisionado a la base de Villa Guerrero, cuando él siempre ha tenido su plaza en Guadalajara. Esa vez se defendió y expuso que el traslado no procedía porque violaba el laudo de la Junta Local acordado ese año.
Viudas desvalidas
Cuando López Rivas llegó a la Dirección de la Unidad de Protección Civil en Guadalajara, Ricardo González Jaramillo era bombero. Había ingresado a la heroica institución el 29 de mayo de 1991. Al año siguiente, el 22 de abril, murió a causa de la explosión de los ductos del colector Oriente. Ese día también falleció su compañero Rubén Mercado Gómez. Sus familiares aun esperan la indemnización.
Lilia Yareni Uribe Dalli, la viuda de González Jaramillo, asegura que la muerte de su cónyuge “en cumplimiento de su deber” se debe a la negligencia de López Rivas.
Según ella, un día antes de la explosión Rubén y Ricardo “le dijeron al mayor que la explosión era inminente, pero él les ordenó callar para no alborotar ni alarmar a la gente. El 22 de abril Ricardo le comentó a su esposa que tenía que ir a cumplir con su deber. “El mayor los mandó a él y a Rubén al matadero”, comenta Lilia.
Como Rubén González aún no cumplía el año en el Cuerpo de Bomberos cuando murió, López Rivas negó la pensión por viudez a Lilia, quien ha tenido que mantener a sus cuatro hijos desde entonces. El más grande tenía ocho años, el menor sólo cinco.
Lilia asegura que por parte de Bomberos de Guadalajara sólo le dieron 5 mil pesos de indemnización. “Entre los compañeros de mi marido se cooperaron y juntaron 10 mil pesos que me entregaron, fue más el dinero de parte de ellos que del mayor López Rivas”.
Y cuando ella le pidió al funcionario que le ayudara a conseguir empleo en el Cuerpo de Bomberos, el funcionario le respondió: “No hay trabajo para usted”. Ante la negativa, Lilia internó a sus hijos en una escuela de San Juan Cosalá y se metió de afanadora para conseguir dinero.
Al igual que Lilia, María del Carmen Rodríguez Cuevas, la viuda de Rubén Mercado Gómez, recibió un terreno por parte del ayuntamiento de Guadalajara, pero después se lo quitaron.
El 3 de diciembre de 1992, ocho meses después de las explosiones, el ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por el priista Alberto Mora López, aprobó por unanimidad la donación de dos predios de 112.50 metros cuadrados para ella y para María del Carmen, cuenta Lilia.
El Congreso local emitió el decreto 15161 el 20 de octubre de 1993 mediante el cual autorizó al presidente municipal la donación de los predios. El 20 de mayo de 1998 el director jurídico del ayuntamiento de Guadalajara, Samuel Camarena Dávalos, quien años después llegó a la Coordinación de la UEPCBJ, hizo la “entrega física y material” de los predios a las dos viudas.
Cuando Lilia y María del Carmen acudieron a la Unidad de Atención Ciudadana y Audiencia Pública del gobierno del estado a solicitar apoyo para construir sus viviendas, la dependencia sólo les entregó un oficio dirigido al entonces delegado de la Sedesol, Óscar Navarro Gárate, para que “valorara” la petición de las señoras. Nunca obtuvieron nada.
Los predios se ubican a un costado del panteón Jardín del Sur, en la calle Ceiba, entre Sarandi y Liquidámbar, en el fraccionamiento Arboledas del Sur, donde pasa un arroyo.
Poco después, cuando Lilia y uno de sus hijos, quien ya es bombero, visitaron el predio supieron que ya no les pertenecía, por lo que pidieron explicación al ayuntamiento. Aún no reciben respuesta.
El caso de Margarita
El 30 de noviembre de 2007 fallecieron los buzos Alejandro Tovar García y Adán Ulises Sánchez Mayorga mientras realizaban prácticas en el Cañón del Diablo, en las playas de Mismaloya, en aguas cuya profundidad es de mil metros.
Alejandro Tovar tenía cuatro años en la UEPCBJ y estaba casado con Margarita, con quien procreó tres hijos. Ella relata que fue un viernes cuando le avisaron a sus suegros, desde Puerto Vallarta, que Alejandro ya no había salido de su práctica de buceo.
La familia decidió trasladarse a la base, donde fue recibida por Germán Pinto, quien le explicó que “había un remolino en el mar que los jaló (a Alejandro y a Adrián), y que los andaban buscando”, relata la viuda.
Dice que durante ocho días permaneció en la base, pero al no encontrar el cuerpo de Alejandro, la familia decidió retornar a Ameca. “Fue entonces cuando se acercó un licenciado del Jurídico de Protección Civil llamado Carlos. Nos dijo que su seguro de vida era de 150 mil pesos y que logró un convenio para que nos dieran el doble”.
“Carlos” también le dijo a Margarita que no tenía derecho a una pensión por viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puesto que su esposo “debía tener un mínimo de 10 años en servicio, por lo que sólo se le prestaría atención médica”. Ese beneficio sólo duró seis meses, relata.
Margarita recurrió al mayor López Rivas en demanda de apoyo. El funcionario le respondió: “Confórmate con que te dieron el doble de lo que te tocaba”.
Hoy, Margarita trabaja de afanadora en el ayuntamiento de Ameca, donde percibe mil 800 pesos quincenales, no le alcanza para mantener a sus tres hijos. l
