¿Por qué perdió el PAN? En 1995, cuando llegaron al poder por primera vez en Jalisco y dominaron casi por completo el panorama electoral al llevarse el “carro completo”, como lo hicieron durante siete décadas sus sempiternos antecesores del PRI, los panistas enarbolaron el lema de “con honestidad se hace más”, que pronto de desdibujó y empezó a sonar cada vez más hueco. Primero, por su inexperiencia en el poder y por la presión ejercida por el PRI; luego, porque comenzaron a caer en los mismos vicios que le criticaban al tricolor: la ambición desmedida por el poder y la avaricia por el dinero. Pero lo que vino a minar los “buenos propósitos” de los panistas y los augurios alentadores que vieron los ciudadanos que votaron por ellos, alentados no tanto por la plataforma política de su partido, sino por el hartazgo contra el PRI, fue que se llenaron de soberbia desde el primer sexenio. Ya como gobierno, los panistas se asignaron estupendos salarios y se repartieron prestaciones, bonos y jugosos seguros de vida –los famosos seguros dotales– cobrables al término de su gestión. “Porque nos lo merecemos y porque no vamos a robar ni a corrompernos”, afirmaban farisaicamente. Eran, en su inmensa mayoría, neopanistas, escasos de ideología y doctrina partidista. Lo peor: llegaron a creer que habían llegado por sus propios méritos; pero no fue así. Que se recuerde, esos políticos encabezados por Alberto Cárdenas Jiménez –prácticamente formados al vapor– jamás entendieron que en realidad una sucesión de acontecimientos dolorosos, locales y nacionales, enfureció a los jaliscienses y éstos terminaron por castigar al PRI y darles su voto a ellos. Entre esos agravios cabe destacar la explosión de los colectores el 22 de abril de 1992, que la negligencia del gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri no pudo evitar pese a la advertencia sobre la tragedia en ciernes. En segundo lugar, el malestar social por la masacre en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara del 24 de mayo de 1993, en la cual perdieron la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo –de manera intencional y no en fuego cruzado ni por confusión, como dijeron las autoridades– y seis personas más. A nivel nacional, en 1994 hubo dos homicidios oprobiosos: el de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo, y el de Francisco Ruiz Massieu, cuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari, el 28 de septiembre. A lo anterior se sumó la devaluación y la carestía al cierre del sexenio salinista. En repudio a los malos gobiernos, surgieron organizaciones civiles y, aunque de manera relativa en algunos casos, los medios de comunicación comenzaron a abrirse a las críticas. En ese escenario, los panistas tenían la mesa puesta y fue así como triunfaron. No obstante, por su soberbia, no vieron eso. Por ello, tras el inexperto Cárdenas, empezaron a llegar al PAN los arribistas u oportunistas. Al primer gobernador blanquiazul, ahora venido a menos su fracaso como aspirante a la alcaldía de Guadalajara, lo sucedió el arrogante Francisco Ramírez Acuña, más cercano al PRI y a sus vicios patrimonialistas y arrebatos autoritarios que a los principios del viejo panismo del que forma parte. Después vino el derrumbe total de los albiazules con un gobernante bipolar, con problemas de alcoholismo, que iba y venía de darle la suave a todo el mundo y mentarle la madre; siempre dadivoso y derrochador con los poderosos, aunque limitado hasta el extremo para hacer obras de beneficio social o atender a damnificados, como los del huracán Jova. En suma, los gobiernos panistas se corrompieron; se prostituyeron, como lo admiten algunos exfuncionarios y dirigentes del partido. Todo por soberbios y faltos de congruencia.
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El nuevo director jurídico del Congreso, Luis Enrique Villanueva, encontró que la dependencia tiene más de mil asuntos rezagados: 926 amparos directos, 64 juicios administrativos y 200 laborales. La mayoría no se resolvieron por complicidades, corrupción y falta de capacidad. Uno de ellos que llama la atención es el de la sospechosa contratación de la consultora López Castro para la devolución de impuestos retenidos a diputados y trabajadores órgano legislativo. Los responsables deberán responder a demandas civiles por enriquecimiento ilegítimo, anunció Villanueva, quien sustituye en el cargo al licenciado Antonio Rocha Santos. l
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