El municipio autónomo de Cherán se niega a ser parte de la diversificación de negocios de los cárteles del narcotráfico que han sometido con las armas, el dinero y el poder político a las poblaciones aledañas. Los cheranenses no quieren “asociarse” con La Familia Michoacana ni con Los Caballeros Templarios para producir aguacate ni mariguana, se niegan a entregarles cerros para que los dejen pelones o permitir que exploten ilegalmente las minas. Pero están solos: justo ahí, donde el narco mutó en una mafia depredadora de los recursos naturales, el gobierno federal no interviene.
SAN FRANCISCO CHERÁN, Mich.- Los policías comunitarios armados se adentran en el monte rapado y devastado. Un grupo ya está en la cima, protegiendo al resto. Cualquier incursión por el bosque es peligrosa en estos tiempos. Lo denota el paisaje de cerros destripados, con apenas una última falange de troncos que se calcinaron pero aún se aferran a la tierra. En estos parajes, huérfanos de los árboles grandotes, milenarios y macizos que impedían la entrada de rayos solares, hoy se marcan sombras en el suelo.
“Conforme avanzan van prendiendo fuego, van talando, vienen asustando, sembrando terror para que la gente se resigne a abandonarlo. Quieren apropiarse de todas las tierras, dicen que quieren sembrar aguacates y que nos váyanos acostumbrando”, explica el jefe de un grupo de la ronda comunitaria de voluntarios que hacen las funciones de policía en este municipio independiente, mientras recorremos el cerro de San Miguel, al norte del poblado.
La matazón de árboles es palpable a un kilómetro de las orillas del pueblo; hasta allí entraron los talamontes comandados por un sujeto conocido como El Güero, de Rancho Río Seco, quien controla parte de la Meseta Purépecha para Los Caballeros Templarios. Algunos medios han dicho que su nombre real es Cuitláhuac Hernández.
El bosque parece un museo del ecocidio después de los tres años que duraron el saqueo voraz, la quema como tónica y el terror generalizado, hasta que esta comunidad se hartó, expulsó a los invasores, destituyó al presidente municipal cómplice y a sus policías, instaló su propio cerco de vigilancia y se reorganizó por medio de sus usos y costumbres.
Su insumisión y resistencia les han costado 15 comuneros asesinados y cinco desaparecidos, así como 13 secuestrados en tres años de enfrentamientos y emboscadas. Los dos últimos –Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez– fueron levantados en el monte por hombres armados el domingo 8 y los encontraron muertos el día siguiente.
El conflicto de esta comunidad purépecha no es con los talamontes de las comunidades cercanas, como afirman funcionarios del gobierno estatal, sino contra los grupos del narcotráfico y de poderosos que patrocinan la deforestación y el despojo de los recursos naturales.
“Nos dicen que no vamos a durar mucho, que se van a quedar con nuestras tierras y hasta el ganado se van a llevar, que ya nos conocen, que nos tienen en la lista, que nos van a embolsar, que no van a encontrar nuestros restos nunca”, dice el jefe de los policías voluntarios. Él es uno de muchos campesinos desplazados del bosque y de su milpa. Sus 12 hectáreas se quedaron en los cerros controlados por los talamontes. Tiene prohibido el ingreso.
Cherán tiene los reflectores de los medios desde el 15 de abril de 2011, cuando se levantó por la defensa de sus bosques. Pero su lucha va más allá. Su apuesta consiste en impedir la expansión del modelo de negocios que las bandas del narcotráfico han desplegado por todo Michoacán: cada que llegan a las comunidades se incrustan en las presidencias municipales, desde donde mandan al personal, controlan el comercio y someten a los vendedores, establecen pago de “derecho de piso” para todas las actividades productivas, extienden la venta, tráfico, producción o consumo de drogas, patrocinan actividades ilegales y se apropian de los caminos, los bosques, las tierras productivas, los recursos pétreos y hasta del agua.
Cherán está rodeado de comunidades donde esto ya ocurre. Huitzaco, por ejemplo, es un pueblo habitado por decenas de “propietarios” de minas en explotación que siguen siendo pobres porque son meros prestanombres. En San Juan Nuevo Parangaricutiro los locatarios del mercado ya comienzan a ser hostigados por el pago de protección. Los aguacateros de Uruapan, productores de “oro verde” de fama mundial, traspasan sus huertos a hombres armados que los obligan a asociarse y a vender la cosecha a sus empacadoras.
Por el control total
Cherán iba por la misma senda hasta que decidió pelear, sin recibir ayuda del gobierno federal ni del estatal hasta el momento.
“Aquí el clima, que es frío, no permite que las tierras produzcan aguacate; para eso no las quieren. Pero nuestras tierras sí se prestan para dar bonitas plantas de mariguana, como hay en otras comunidades cercanas, o para instalar en las zonas más alejadas narcolaboratorios, como los que ya se han encontrado en El Cerecito. Son tentadoras las minas de arena y las canteras de grava. Nuestros bosques les sirven para hacer madera. Lo que quieren es más dinero. Ya hasta querían cobrarle a la comunidad por el agua que sacamos del pozo profundo”, explica una comunera de las que inició el movimiento, que solicita no divulgar su nombre.
En abril del año pasado ella y otras mujeres subieron al cerro acompañadas de sus hijos pequeños para intentar dialogar con esos hombres que por las noches metían excavadoras para despelucar al monte y de día les pasaban enfrente con los troncos ya extirpados. A escondidas de sus maridos se acercaron a pedirles que, por favor, respetaran los centenarios árboles del ojo de agua, porque iban a dejar a la comunidad sedienta. Pero fueron tratadas de “viejas argüenderas” y expulsadas a punta de cañón.
Encorajinadas, al amanecer del día 15 detuvieron los primeros camiones troceros que pasaron ese día por la comunidad y, como los talamontes capturados respondieron con tiros, la gente salió a defenderlas. Desde entonces los cheranenses no han bajado la guardia: el pueblo vive atrincherado con costales de arena, instauró su propia policía para los rondines y cada poblador se convirtió en vigilante.
“Según los informantes que detuvimos e interrogamos, el crimen organizado les cobraba mil pesos por cada viaje de carro trocero de tres toneladas y tenían la obligación de venderles a ellos la madera. En las noches podías ver inmensidad de luces en el cerro, como cientos de luciérnagas, de trascavos cortando y abriendo caminos. Si alguien de la comunidad se oponía, le daban su calentada; comenzaron a desaparecer gente. En un año cortaron 16 mil hectáreas. Hasta que tocaron el manantial y ahí sí la gente no se dejó”, narra la mujer mientras muele en su metate una salsa de cebollas, yerbabuena, maíz y chile verde. Una carne se cuece en un fogón de leña.
Cherán es una muestra de lo que ocurre en Michoacán. Para ganar las elecciones, el candidato priista a presidente municipal, Roberto Bautista, pidió a La Familia Michoacana que “financiara su campaña” y a cambio le dejó talar los bosques y apoderarse de los recursos pétreos.
Para facilitar su labor nombró policías municipales a personas traídas de otros rumbos, “que eran del narco”. Apoyados por éstos, empleados de El Güero visitaban a los comerciantes para exigirles el pago de cuotas a cambio de “protección”. La mujer de rebozo que vende palomitas en la plaza tenía que cooperar con 2 mil pesos; el muchacho de los discos piratas, 3 mil, y la familia Velázquez, que vende materiales de construcción, hasta 10 mil. La mariguana comenzó a ofrecerse en las calles. Cuando la gente se quejaba, el alcalde decía que no podía hacer nada porque los narcos estaban armados.
En ese tiempo comenzaron los asesinatos y desapariciones de los integrantes del Concejo de Bienes Comunales que denunciaban la tala desaforada. Rafael García fue un migrante que regresó de Estados Unidos el día que le informaron que unos talamontes habían tumbado un árbol de su terreno; tras encabezar brigadas de reforestadores, descubrió aserraderos clandestinos y documentó ilícitos, hasta que lo desaparecieron.
El pueblo tuvo que tragarse los agravios. ¿Quién iba a querer un pleito con narcos armados?
“El desmadre empezó cuando éstos comenzaron a quemar el bosque porque sí, y le daban una tercera repasada de lumbre y la tierra se comenzó a erosionar, quedó al descubierto, sin plantas. Les compraban a los comuneros a 5 mil pesos sus tierras; a la fuerza porque si no aceptaban, de todos modos se las iban a robar, les decían. Y a los que se oponían los golpeaban cuando se los encontraban en el cerro. Hasta que explotamos porque se metieron con nuestro ojo de agua”, relata uno de los policías comunitarios, también a condición de no publicar su nombre.
Según cálculos del Concejo Mayor de Cherán, con la tala ilegal los narcos sacaban hasta 40 millones de pesos al mes, sin contar las extorsiones y los secuestros. Basta una revisión hemerográfica para comprobar este despojo. El 24 de febrero pasado el Ejército encontró un gran laboratorio clandestino para el procesamiento de la droga sintética conocida como cristal. Había 600 kilos en una zona boscosa entre Cherán y Chilchota.
En Uruapan los aguacateros han pedido al gobernador que los defienda del crimen organizado porque muchos han sido visitados por notarios públicos que los obligan a ceder sus tierras o “asociarse” con narcotraficantes.
El 4 de marzo de 2008, productores forestales le pidieron al entonces gobernador Leonel Godoy Rangel que combatiera a la mafia de la tala clandestina. Como prueba de sus alcances le informaron que mientras la extracción legal del recurso es de 5 millones de metros cúbicos al año, la ilegal supera los 6 millones. Michoacán es el primer lugar nacional de tala, con un estimado de 3 mil aserraderos ilegales, de los cuales 2 mil 500 se concentran en la Meseta Purépecha.
Los verdaderos poderes
El 14 de octubre de 2010 la PGR informó de la captura de Javier López Medina, operador financiero de La Familia Michoacana y presunto administrador de los recursos procedentes de cobros de extorsiones, rescates, así como de venta de droga y la exportación ilegal a China de 1 millón 100 mil toneladas de mineral de fierro, valuadas en 42 millones de dólares.
“El robo de mineral en la zona es una actividad que se ha venido acrecentando en los últimos años, al ser una zona de control de dicha organización criminal. Ignacio Javier López Medina mantenía relaciones comerciales con por lo menos tres importantes empresas internacionales establecidas en México, dedicadas a la exportación de mineral de fierro con destino a China”, indicó la dependencia. Por el mismo caso fue detenido después, en Lázaro Cárdenas, el director del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Román Mendoza Valencia.
Según un informe de Seguridad Pública al que tuvo acceso este semanario, en Michoacán existen dos comunidades habitadas por personas de origen chino que podrían estar ligadas con el tráfico de minerales.
El comandante Octavio Ferris Rojas, del grupo de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública federal, explica a Proceso: “El descuido hacia los grupos delictivos ha (facilitado que hayan) diversificado su negocio: no sólo extorsionan o producen droga sintética, también producen derivados de madera y se meten a la construcción para la que necesitan madera, la industria inmobiliaria, los bancos de arena, hoteles…
Afirma que en Arriaga 115 minas son controladas por el crimen organizado y que la venta ilegal de minerales a China está causando problemas con Estados Unidos, que en Villa Madero todos los aserraderos pagan cuota, que hay varias empacadoras y exportadoras aguacateras pertenecientes al crimen organizado y que reciben las cosechas de productores obligados a vendérselas, que Sabritas pagaba 50 mil pesos mensuales para poder transportar su mercancía.
Señala que se supo de una reunión en Ziracuaretiro entre aguacateros, productores de mango y funcionarios de gobierno a la que acudió El Quique Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios, a ofrecerles préstamos desde 50 mil pesos. Y que en un hotel de Pátzcuaro hubo una reunión de empresarios aguacateros, convocados por un exalcalde, donde se presentaron líderes de La Familia Michoacana a ofrecerles protección contra los extorsionadores.
“En las playas, principalmente hacia Lázaro Cárdenas y Colima, no dan permisos de construcción y sólo dejan construir a gente que conocen. Como turista puedes andar (sólo hasta) las seis de la tarde porque no sabes a qué horas desembarcan o llegan submarinos. Y ahí están los campos de entrenamiento que ellos llaman ‘los grupos de espiritualidad’, que disfrazan de rehabilitación”, relata el comandante.
Aunque Proceso consultó a ecologistas, comuneros, líderes comunitarios, policías, funcionarios estatales, religiosos y profesionistas de Uruapan, Morelia y varios lugares de la Meseta Purépecha, ninguno quiso dar su nombre por miedo a ser levantado. En el estado natal del presidente Calderón, que se declaró ecologista, se acalla a quienes se atreven a denunciar.
Uno de ellos fue Ramón Ángeles Zapata, periodista desaparecido en abril de 2010. Corresponsal de la revista Cambio en Paracho, en sus notas señalaba la tala ilegal y el despojo de minas. Otros: el maestro Teódulo Santos Girón y el comunero Trinidad de la Cruz Crisóforo, mejor conocido como Don Trino, los dos asesinados. Promovían la recuperación de tierras de Ostula disputadas por narcotraficantes, empresarios, empresas mineras y otros comuneros. A la lista se suman las víctimas de Cherán.
Un técnico forestal que trabaja en la zona señala que el hambre en la Meseta Purépecha es la principal causa de que los narcos se apoderen de los recursos naturales, pues a cambio de dinero los campesinos les permiten usufructuar sus tierras. Considera que también hay una fuerte presión de los agronegocios que quieren expandir los terrenos de siembra de aguacate y requieren madera para fabricar los empaques con que exportan su producto.
“Queda 5% del bosque que había hace 100 años. Todo este bosque no existe, se erosionó la tierra, se cambió el suelo por otro que no permite filtración de agua, se permitió el monocultivo de aguacate. ¿Y quiénes se benefician? No los indígenas, sino los malos, que además piden cuota a los aguacateros o ponen sus propias empresas para lavar dinero”, explica.
Coincide en esto la comunera cheranense que participó en la resistencia: “Son estrategias (de los narcoempresarios) para allegarse más dinero. Ya no sólo trafican lo ilícito, secuestran y estafan telefónicamente, también se apoderan del bosque, de la arena, del agua. A fin de cuentas los bienes de la nación son para unos cuantos, que no son sólo narcos, porque se ayudan con autoridades de ayuntamientos, empresarios que se llevan los beneficios y autoridades comunales… todo se quieren chupar”.
Tras el asesinato de Urbano Macías y Guadalupe Gerónimo Velázquez, los integrantes del Concejo Mayor fueron a Morelia y al Distrito Federal para presentar en la Secretaría de Gobernación y ante el gobierno estatal una estrategia de seguridad. En ella exigen que los policías y militares detengan a los talamontes y no se limiten a observarlos, como hasta ahora.
Otra decisión del Concejo Mayor es recuperar las minas que están en el municipio. “La comunidad va a tomar control de los recursos pétreos porque esos recursos no pueden ser particulares. Hemos visto cómo a las comunidades vecinas, como Nahuatzen o Paracho, las organizaciones del crimen ya las tienen controladas… y ahora extraen (sus minerales) y se quedan con la venta”, explica uno de los 12 integrantes del órgano de gobierno.
El jueves 19, los concejales se reunieron para afinar la estrategia que le propusieron al subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila. Un día antes los habitantes de la comunidad salieron a las calles a marchar por la paz. Un helicóptero los vigiló desde lo alto y un convoy de la Policía Federal dio dos vueltas. En el recorrido de Proceso no se vieron las Bases de Operación Mixta que, según el gobierno estatal, iban a proteger a los cheranenses.
“Parece que las bandas o los grupos económicos y políticos que están detrás de la apropiación de nuestros recursos están mezclados con el gobierno porque es muy notoria la negación de las autoridades de atender las demandas de seguridad de Cherán. Sólo nos dan palmaditas, pero no hay una respuesta de Estado”, dice un comunero, que tiene un cargo administrativo en el municipio. Otro señala que si el gobierno quisiera, ya hubiera atrapado a El Güero, que permanece en la región y aún tiene bajo control a comunidades y talamontes.
Parte de la estrategia de Cherán es la recuperación de sus bosques. Cada tanto suben al cerro brigadas de reforestadores para plantar varias especies de árboles y cavan zanjas, como explica un veinteañero de la ronda comunitaria, para que “la tierra tenga juguito” y el árbol chupe agua. El jefe del grupo calcula que, si los dejan crecer, en 30 años Cherán estará de nuevo arropado por árboles macizos, altos y verdes que reemplacen a este cementerio calcinado.
