Uno de los proyectos más ambiciosos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el del Centro Cultural Elena Garro en el corazón de Coyoacán, acaba de ser revertido por la protesta vecinal. La sentencia del Tribunal de lo Contencioso es definitiva, pero si el Consejo persiste en continuarla, a decir del abogado de los residentes en La Conchita, podría ser acusado de desacato. El costo de la polémica obra asciende a 134.5 millones de pesos.
Los vecinos del Barrio de la Conchita, en Coyoacán, lograron poner en jaque al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) al obtener una sentencia para revocar el uso de suelo en la obra de la Librería Educal y Centro Cultural Elena Garro, ubicada en la calle de Fernández Leal 43, que era originalmente habitacional.
Con ello podría perderse una inversión de recursos públicos que, de por sí, se incrementó de 30 millones de pesos calculados en 2008 a 134.5 millones de pesos en este 2012, cuando se tenía previsto terminar e inaugurar el espacio. Una salida, a decir del especialista en economía y cultura Eduardo Cruz Vázquez, sería que las autoridades responsables del proyecto tomaran una acción rápida para que un particular (“habrá más de un rico dispuesto a pagar”) se apropie de la casa, tal y como está ahora –con la obra avanzada–, y sin alterarla pueda darle el uso establecido por la sentencia final.
Autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Educal S.A. de C.V. (dependiente del Conaculta) en octubre de 2008, el proyecto del centro cultural tuvo que suspender la obra en tres ocasiones. En septiembre de 2010 se clausuró por falta de medidas de seguridad; de enero a junio de 2011 estuvo detenida por no contar con la documentación sobre el impacto vial; y ese mismo año, en agosto, por la muerte de un trabajador de la construcción.
Finalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, resolvió el pasado 21 de junio anular el cambio de uso de suelo concedido a ese predio para la creación del espacio cultural. Y la sentencia le fue notificada oficialmente al Conaculta el pasado miércoles 11.
Cuestionada al respecto por los medios de comunicación, durante una conferencia de prensa del jueves 12 de julio, Consuelo Sáizar, titular del Conaculta, aceptó haber recibido la notificación y dijo escuetamente que el área jurídica se hará cargo del asunto, pero señaló que la obra no se detiene:
“Nosotros estamos siempre en la mejor disposición de dialogar (con los vecinos). La obra continúa… creo que está ya en 90%, la parte jurídica lo verá.”
Todo el proceso jurídico se desprendió de la oposición de los vecinos de La Conchita a la construcción del centro cultural, pues alegaban que causaría un caos vial en la zona. Al iniciar en 2010 sus indagaciones descubrieron irregularidades, entre ellas la autorización para el cambio de uso de suelo por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) (Proceso 1765 y 1810).
Según Benjamín Salinas, abogado de los vecinos involucrados en el proceso, la demanda se emprendió contra Seduvi, pero Conaculta la ha seguido como “tercero” y perjudicado, pues Educal forma parte del organismo.
En el expediente del juicio IV-4949712/2010, de 67 páginas, con número de cumplimiento de ejecutoria 133/2012, y recurso de apelación 7254/2011, se resume que es “insubsistente” el uso de suelo específico a establecimientos mercantiles concedido a Educal por Seduvi, y por tanto se declara que se debe retornar a su uso original que es habitacional.
Tan pronto como los colonos supieron del fallo, colocaron una manta amarilla amarrada a los postes, y de banqueta a banqueta, frente a Fernández Leal 43, en la cual se puede leer:
“Consuelo: Los vecinos ganamos, tu obra es ilegal y la tienes que quitar”.
Mundo ideal
El presidente del Comité Vecinal del Barrio de La Conchita, Jorge Martínez Stack, quien dice que a la fecha no se ha acercado personal de Conaculta o Educal para hablar sobre el tema. Comenta:
“Si viviéramos en un mundo ideal, lo que seguiría es que ellos pararan la obra y acataran la ley, pero si intentan otra cosa no descansaremos hasta resolver este asunto… Las obras siguen con trabajadores en ese lugar.”
Al respecto, el licenciado Salinas, representante jurídico de los vecinos, explica:
“En términos legales no pueden seguir con el proyecto de la librería. Pueden ocupar ese inmueble pero sólo de manera habitacional o bien venderlo a particulares o demolerlo. La resolución se dicta porque lo ordena un tribunal federal que es el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que da la orden al Contencioso.”
Añade por su parte Martínez Stack:
“Da la impresión de que no tienen idea de lo que hacen. Tienen a la Escuela Superior de Música al lado, les destruyeron la barda para una nueva entrada de autos, no terminan una y están con otra, por donde levantes la piedra sale algo. La delegación también tiene su parte, juega un papel importante porque tienen que estar al corriente.”
Sobre el tema, Roberto Sánchez Lazo, director general Jurídico y de Gobierno de Coyoacán, expresa:
“Si queda firme la resolución de la Sala del Tribunal Contencioso, revocando el uso de suelo, iniciaremos un procedimiento para anular la obra, pero hasta la fecha no hemos recibido notificación alguna, de todo lo que tenemos conocimiento es más por parte de los vecinos y los medios de comunicación.
“Pero hasta que no tengamos conocimiento oficial no podemos hacer nada. Si están trabajando actualmente, una vez que nos notifiquen haremos una clausura conforme a procedimiento, pero eso no es algo inmediato, es un proceso que dura de diez a quince días hábiles, eso debe quedar claro.”
El Conaculta fue notificado justo unos días antes de que el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo y el Décimo Segundo Colegiado en Materia Administrativa (así como todos los locales y federales a nivel nacional) tomen dos semanas de vacaciones para cuestiones ordinarias, que inician este lunes 16. Aunque no cierran de manera permanente, siempre dejan una sala para cuestiones excepcionales.
–Ya que el Conaculta ha sido notificado, ¿es correcto que sigan las labores? –se le pregunta a Benjamín Salinas:
–Pues no, podrán hacerlo, pero saben que deben parar, de hecho ellos sabían del fallo en su contra, porque el área jurídica del Conaculta ha seguido todo el procedimiento desde el año pasado. Y si hasta un día antes dijeron que no tenían la notificación es porque no quisieron, porque podían pedirla o bien esperarse a que se la mandaran, fue lo que hicieron.
“Hay 15 días a partir de que la recibieron para que los abogados del Conaculta realicen cualquier movimiento. Una vez pasadas esas fechas, si notamos que siguen en labor, se les puede acusar de desacato.”
Martínez Stack abunda:
“El único argumento que tenemos es la vía legal, hacer que se cumpla la ley, que se cumpla y que se aplique, porque no puedo creer que seamos los propios ciudadanos quienes defendamos estas cosas.”
Aclaraciones
Según el Estudio de Costo-Beneficio Simplificado del Proyecto del centro cultural, actualizado a 2012, las tres clausuras temporales por parte de instancias del Distrito Federal, más algunas modificaciones al proyecto, incrementaron el monto de 30 millones a 134.5 millones de pesos.
En el 2009 se invirtieron 22 millones 755 mil 211 pesos para la compra del inmueble, provenientes de recursos fiscales; al año siguiente, 88 millones 724 mil 624 de una ampliación de recursos fiscales etiquetados proporcionados por el Congreso de la Unión; en 2011 la cifra se amplió con 8 millones 270 mil pesos; y este año, 114 millones 771 mil 202 pesos. En estos dos años fueron recursos destinados a obra pública del presupuesto autorizado a Educal con apoyo del Conaculta. En total son 134 millones 521 mil 37 pesos.
La idea era vender un volumen de 23.3 mil libros al mes y tener ingresos de 36 millones 396 mil y de 3 millones 360 mil pesos anuales también por la renta del restaurante y el auditorio.
Casi desde que se dio a conocer el proyecto y comenzaron las protestas vecinales, y tras un análisis del Estudio de Costo-Beneficio, Cruz Vázquez advirtió que era un proyecto inocuo e improcedente. Dijo a Proceso entonces:
“Una de las funciones sustantivas de la paraestatal se enfoca a cubrir nichos donde inversionistas privados no pueden, no quieren o no los dejan operar. Educal cuenta con 91 unidades económicas, 27 de ellas en la capital. En la delegación Coyoacán, según el estudio, operan 59 librerías, varias de ellas del FCE (Fondo de Cultura Económica). Ello establece un contrasentido al impulsar un nuevo establecimiento que generará competencia desleal (propia de una intervención de la Comisión Federal de Competencia, CFC) a los particulares y al mismo Fondo. Además, según el estudio, la perspectiva a ¡20 años! es tomarse 13.31% del mercado de la demarcación gracias a una inversión de 122 millones (que seguramente ya son más).”
Incluso, por esa competencia, se sorprendió del apoyo dado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial al proyecto y así lo expresó en su momento en su columna “En el paredón” del diario El economista. Consultado por Proceso comenta ahora que el caso remite a una serie de factores que confluyen en los proyectos culturales como el uso de suelo, impactos ambientales, los derechos culturales a partir de la reforma al artículo cuarto constitucional, las recientes modificaciones a la Ley de Planeación para establecer que cualquier programa, estatal, federal o municipal debe contemplar la “factibilidad cultural”.
“Si revisamos la construcción del Centro Garro a la luz de estos elementos, podemos decir que el camino ha sido tortuoso y por ratos absurdo, por la falta de un andamaiaje jurídico adecuado que permita dilucidar con rapidez la pertinencia de crear equipamiento cultural, o cualquier otro, en una demarcación que bajo ciertos elementos estadísticos sabemos que son zonas sobreequipadas y digamos es innecesaria una mayor aglomeración.”
No exime de las críticas a los gobiernos perredistas, delegacionales y de la ciudad que otorgan las licencias de uso de suelo, pues no se sabe bien a bien bajo qué criterios. Recuerda lo difundido en algunos medios donde hasta un hermano de Marcelo Ebrard fue vinculado al otorgamiento de licencias para la cadena Walmart. Ahí está también, agrega, el permiso de construcción del Museo Soumaya en Polanco, una zona también densamente poblada y con dificultades viales.
Habrá que ver si realmente no hay ya modo de revertir la sentencia, pero lo que queda al Conaculta –dice– es la enseñanaza para futuros proyectos de equipamiento, y considerar los elementos ya citados. Ahora por lo pronto, asumir “con generosidad” la oposición de los vecinos:
“Creo que ese Centro Garro puede caber perfectamente en otros lados donde es un páramo, no tiene que ser ahí aunque suene muy bonito Coyoacán. Considero que un acto de inteligencia seria decir: ‘Señores, estamos de acuerdo. Hemos convenido que este centro se desarrolle en tal otro punto de la ciudad, ya hablamos con otra autoridad y vimos a tales o cuales vecinos y propiciamos un proceso de descentralización, no perdemos el concepto sólo lo ubicamos en una lógica razonable de desarrollo urbano y de desarrollo poblacional’. ¡Y listo! No lo deben de ver como una derrota sino con la sensatez que debe privar ante un hecho que debió verse con criterios de desarrollo estrategico.
“Y debe aclararse además quiénes son los responsables de la pérdida de los millonarios recursos provenientes del erario público”, concluye.
