En respuesta al artículo titulado En Michoacán, gobierno de impostores, publicado en Proceso 1860 el 24 de junio de 2012, me permito hacer las siguientes observaciones al doctor Ernesto Villanueva:
Usted sabe que constitucionalmente es facultad del gobernador “nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública estatal”, y yo creo haber decidido en forma conveniente para el estado, en una combinación armónica entre lo académico, la experiencia, el compromiso, la disposición y la honradez, entre otras consideraciones.
Por esa razón le afirmo que el equipo que elegí para trabajar y alcanzar el bienestar de los michoacanos tiene la preparación, la capacidad, la convicción y el compromiso social necesarios para avanzar en la construcción de una nueva historia para Michoacán.
Si bien valoramos la calificación profesional, no nos parece que sea el único indicador decisivo, menos en un país donde la mayoría de la población tiene un bajo nivel de escolaridad, además de que no va con nuestros principios ningunear a las personas que no contaron con las condiciones y los medios necesarios para terminar una carrera profesional.
En el análisis en cuestión señala que el gobierno de Michoacán camina hacia atrás, basando su juicio en que los perfiles de algunos funcionarios no son los idóneos, pues asegura que algunos de ellos no cuentan con licenciatura, cédula profesional o se asumen con alguna profesión que, de acuerdo a su investigación, no tienen.
Lo cual es falso y calumnioso, pues casi en la totalidad cuentan no sólo con el grado que usted les niega, sino con otros superiores.
Muestra de ello es el caso del procurador general de Justicia del estado, Plácido Torres Pineda, quien, señala usted, no cuenta con cédula profesional, y reclama su retiro del cargo. Le informo que sí tiene cédula profesional, y es la número 4900, además de contar con una sólida carrera judicial y haberse desempeñado como magistrado del STJE durante 13 años, e inclusive fue declarado por el Congreso local como magistrado inamovible.
Otro caso es el de Rubén Pérez Gallardo Ojeda, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, de quien informo que sí tiene cédula profesional, la número 1844314, de octubre de 1993, y es notario público con licencia, con una amplia trayectoria en el servicio público como oficial mayor de Gobierno, diputado local y regidor, entre otros.
Dentro del Coecyt, usted señala que Esther García Garibay no cuenta con cédula de licenciatura, por lo que le informo que es doctora en Ciencias con especialidad en Química Orgánica, egresada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. También tiene una amplia trayectoria dentro de la UMSNH como directora del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, coordinadora general de Estudios de Posgrado y secretaria general de la Universidad Michoacana, además de ser miembro fundador del SNI.
Dentro de la Coordinación de Contraloría, María Berta Quintana León, directora de Auditorías del Sector Central, lo mismo que en los casos anteriores, lo publicado no es más que una mentira, pues ella es contadora pública con cédula número 667933, fechada el 14 de mayo de 1981. Además es LAE, con cédula profesional número 1557081; maestra en Administración, con cédula 2770029, y doctora en Ciencias, con cédula 5504642.
En el análisis se refleja el evidente propósito de desprestigiar a este gobierno y a sus integrantes. No existiendo posibilidad de más espacio, nos reservamos hacer la publicación completa de la información que tenemos, aunque queda claro que usted no encontró nada más grave en este gobierno que la supuesta falta de cédula de algunos colaboradores. El hecho es que –sin comparaciones frívolas en relación con la administración anterior– uno a uno de los integrantes de este gabinete posee un mejor perfil.
Atentamente
Fausto Vallejo Figueroa
Gobernador de Michoacán
Respuesta de Ernesto Villanueva
Señor director:
Me da mucho gusto que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, haya formulado una réplica a mi texto, porque me permite hacer las siguientes precisiones:
1. Adjunto a usted copia de tres volúmenes debidamente protocolizados ante la fe del notario público número 31 del Distrito Judicial de Puebla, licenciado Rafael Gutiérrez Ruiz, en el instrumento notarial número 33685, volumen 768, de fecha 21 de junio de 2012. Este notario revisó todos y cada uno de los registros existentes en el directorio institucional del gobierno de Michoacán, que se publica con veracidad conforme a lo dispuesto en el artículo 6º, párrafo segundo, de la Constitución federal, y los confrontó con la base de datos de la Secretaría de Educación Pública federal; la información concuerda total y textualmente, como lo sostengo en mi artículo.
2. El gobernador Vallejo (¿casualmente?) olvida mencionar que la cédula profesional del señor Plácido Torres Pineda, procurador de Justicia, es local; es decir, fue emitida por el propio gobierno estatal. Resulta extraño, por decir lo menos, que la cédula del señor Torres haya sido expedida el 9 de octubre de 1974, a sólo tres días de que, el 12 de octubre, entrara en vigor un convenio celebrado entre el gobierno michoacano y la SEP federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre del mismo año. ¿Quién en su sano juicio podría condenarse desde joven a no salir nunca de su estado para ejercer su profesión y no tramitar la cédula federal, cuya validez se extiende a todo el territorio nacional?
3. Debo recordarle al gobernador Vallejo que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 250, fracción II, inciso a) del Código Penal Federal, ostentarse como profesionista constituye un delito, independientemente de si otra ley exige, como en el caso del procurador, que se cuente con cédula de licenciado en derecho.
4. El artículo Michoacán, gobierno de impostores se tituló precisamente así porque muchos de sus funcionarios se ostentan como profesionistas sin serlo, lo que constituye un delito federal. Es el caso de Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura; Alejandro Avilés Reyes, secretario de Pueblos Indígenas; Mauro Ballesteros Figueroa, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente; Jesús Vázquez Estupiñán, secretario de Jóvenes; Luis Carlos Chávez Santacruz, secretario de Atención al Migrante, entre muchos otros, incluidos casi todos en el gabinete. El problema es doble, puesto que se trata de servidores públicos que mienten a la sociedad y, además, creen que lo pueden hacer impunemente. El problema no es de la sociedad michoacana, sino del gobernador, que no escogió los mejores perfiles para su gobierno.
Finalmente, le recuerdo al gobernador que en el DF y en el ámbito federal desaparecieron desde el 2006 las figuras de difamación y calumnias. Existe ahora en la capital del país la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen. Lo anterior es relevante porque las eventuales demandas que el gobierno michoacano o sus integrantes pudieran interponer deberán ser presentadas en la Ciudad de México, donde corresponde hacerlo por razón de domicilio.
Atentamente
Ernesto Villanueva
