VALPARAÍSO, CHILE.- Las revelaciones de Jorgelino Vergara contenidas en el libro La danza de los cuervos causaron gran conmoción en este país porque dieron a conocer que la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), organismo estatal represivo al que estuvo adscrito, contaba con un centro de exterminio.
Conocido como El Mocito, Vergara comentó al autor del libro, el periodista Javier Rebolledo, que en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, organizado para decidir si se aprobaba la constitución política propuesta por el gobierno de Augusto Pinochet, hubo un fraude masivo.
También mencionó que la Central Nacional de Informaciones (CNI), donde se desempeñaba como agente, contribuyó de manera decisiva a que en esa consulta ganara el “sí”, con 67% de las preferencias.
Refiere que el día de la consulta se despertó a primera hora para iniciar sus labores y todos los que estaban en el cuartel Loyola recibieron la orden de acudir a las municipalidades de Santiago para votar por el “sí”.
“En seis autos de la CNI recorrieron las calles de la ciudad en grupos de cinco. Todos fueron en esa ocasión con su documentación verdadera, nada de documentos falsos. Al llegar al primer lugar de votación entraron sin que nadie les exigiera que hicieran fila. Los vocales de mesa debían haber estado al tanto porque nadie se les interpuso. Votaron y se marcharon.
“En el siguiente municipio hicieron lo mismo: entraron a toda velocidad y salieron después de votar por segunda vez. Y así hasta muy pasado el mediodía, cuando ya habían cubierto la ciudad en todos los puntos. Luego se detuvieron a almorzar y realizaron el mismo recorrido, pero en sentido inverso, para votar de nuevo”.
Según Vergara fueron muchos los votos que se obtuvieron de ese modo. Asegura que en el transcurso de ese día se encontró con numerosos colegas de otros cuarteles que hicieron lo mismo en varias comunas.
La consulta de 1980 se realizó sin un padrón porque el que databa de la época democrática había sido destruido por órdenes del gobierno. El único mecanismo de control para evitar que las personas votaran más de una vez consistió en cortarle una esquina a las cédulas de identidad de los votantes.
En ese plebiscito hubo 6 millones 271 mil 868 sufragios, un número muy alto si se considera que siete años atrás, en las parlamentarias de marzo de 1973, sólo se registraron 3 millones 661 mil 868. En nueve provincias aparecieron más votos que personas mayores de 18 años. Además, las cifras no cuadran debido a que cientos de miles de chilenos salieron al exilio huyendo de la represión o expulsados por el gobierno.
Según informó el diario Cambio 21 el pasado 22 de junio, el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) e integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh, le confesó a un alto dirigente de la Democracia Cristiana (DC) que en el seno del gobierno se discutió cuál debía ser la cifra más adecuada para entregar como resultado final del plebiscito y resultara creíble. Finalmente acordaron que el “sí” debía acaparar entre 60% y 65% de los votos.
Los voluntarios que participaron en los comicios denunciaron que hubo irregularidades en casi 40% de las mesas y a muchos de ellos se les expulsó de los centros de votación. Denunciaron que el conteo de sufragios se hizo mayoritariamente sin la presencia de observadores independientes.
Sin legitimidad
Las confesiones de El Mocito contribuyen a poner en tela de juicio una institucionalidad que en su raíz es ilegítima. La constitución de 1980 –originada en el fraude ya señalado– aún rige en Chile y su origen espurio es motivo de fuerte controversia.
Prueba de ello es que el 7 de junio último varios de los más importantes movimientos sociales chilenos, agrupados en Democracia para Chile, presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional –con el patrocinio de 10 parlamentarios– a fin de que la carta fundamental contemple la realización de plebiscitos vinculantes. Ante todo quieren que se consulte a la ciudadanía si debe impulsarse una nueva constitución.
Los partidos que integran la oficialista Concertación por la Democracia, conscientes de que la legitimidad de las instituciones se encuentra en jaque, exigen al gobierno –como condición para entablar un diálogo– que se debata la posibilidad de sustituir el sistema electoral binominal. A éste se le considera el principal referente autoritario heredado de la dictadura que gobernó a Chile entre 1973 y 1990.
Sin embargo, el vocero gubernamental, Andrés Chadwick, militante de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), prefirió dar por cancelado el diálogo con la oposición –según expresó el pasado 19 de junio desde La Moneda– antes que debatir el cambio de este sistema que se caracteriza por entregar gran parte del poder electoral a las cúpulas partidistas.
El pasado 15 de junio, luego de reunirse con parlamentarios de su coalición, la Concertación de Partidos por la Democracia, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) expresó:
“Me parece inadmisible que haya un partido político que diga ‘no acepto sentarme a debatir el tema’, porque los chilenos hemos estado sujetos a ese veto de la minoría, porque en este tema la UDI es minoría y se refugia en la constitución de Pinochet y en los quórum de Pinochet. Esto no es democrático”. El exmandatario aseguró también que el sistema binominal “está muerto”.
En 2005 Lagos impulsó reformas a la constitución y logró su propósito. El principal cambio consistió en la supresión de los senadores designados. El presidente también quiso que se borrara del texto constitucional la firma de Pinochet y se incorporara la suya. Lo consiguió. Por eso hay quienes plantean que la carta magna vigente se llama “Constitución Pinochet-Lagos”. l
