La semana pasada el presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ayón, designó al número dos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, Daniel García, como nuevo coordinador de Juzgados Municipales. Me dirán que eso no es ninguna novedad. Pero sí lo es, y por una sencilla razón: el flamante funcionario reprobó el control de confianza apenas unos días antes. ¿Se le pueden confiar los juzgados?
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Palabras más, palabras menos, en el segundo debate entre candidatos al gobierno de Jalisco el priista Jorge Aristóteles Sandoval le echó en cara a Enrique Alfaro que Tlajomulco se haya convertido en un tiradero de ejecutados y en zona de narcolaboratorios durante su periodo como alcalde. Alfaro reviró que al menos se avisa al Ejército, que va y destruye esas fábricas de drogas. “Y en Guadalajara –de la que Aristóteles fue presidente municipal– ¿cuántos narcolaboratorios han destruido?”, lo cuestionó.
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A propósito, la semana pasada un grupo de presuntos empleados administrativos y operativos de Seguridad Pública de Tlajomulco le enviaron al presidente Felipe Calderón, a la PGR, a la Sedena, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, diputados estatales y federales, así como a los “medios de comunicación y al público en general”, una detallada “denuncia anónima” sobre cómo opera el narcotráfico en esa jurisdicción, quiénes conforman o conformaron dichas redes, qué mandos están involucrados y hasta los montos de dinero que se reparten. En fin, se trata de una amplia tarjeta informativa elaborada por conocedores que estarían involucrados en espionaje y sobre todo en la grilla, con algunas verdades posibles, medias verdades, probables mentiras y números de al menos un expediente. Los acusadores concluyen que el responsable de todo es el exalcalde y ahora candidato a la gubernatura Enrique Alfaro, quien se ha rodeado de escoltas que militaron en la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), al igual que hizo su padre, el exrector de la UdeG, Enrique Alfaro Anguiano. En la parte de “hechos”, en el inciso D, se asienta: Se tiene conocimiento que los altos mandos de la policía, incluyendo a los comandantes de los cuatro sectores en que está dividido operativamente el municipio, están comprometidos con el crimen organizado y se reparten una bolsa de un millón de pesos mensualmente para proteger personas, propiedades y operaciones del cártel de Sinaloa y sus socios el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como operar contra los cárteles rivales que intentan invadir el territorio. (Se comenta que la bolsa entregada directamente en Palacio Municipal mensualmente asciende a 3 millones de pesos y que en esta campaña electoral se les entregaron 20 millones para el proyecto político del Ing. Enrique Alfaro Ramírez.) Cantidades ridículas, si consideramos las ganancias que deja este tipo de actividad criminal. Y piden, ante todo, que “se inicie una investigación de los hechos señalados y aquí denunciados, incluyendo a los altos funcionarios municipales, desde el hoy candidato a gobernador Ing. Enrique Alfaro Ramirez, hasta los que hoy siguen protegiendo a estos grupos delictivos”, además de que se inicie una averiguación previa sobre “la maquinaria de protección municipal para la operación de narcolaboratorios”. Debe ser la ofensiva final, en vísperas de la elección.
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Dada la negra historia que arrastra el Consejo Estatal de la Familia (CEF), su secretaria ejecutiva, Claudia Corona Marseille, no sólo debe estar fuera de su cargo durante dos meses por adopciones extralegales e inmorales, sino que debe ser destituida y llamada a juicio junto con sus posibles cómplices. El asunto quedó al descubierto hace dos semanas, cuando el abogado Guillermo Ogarrio, presidente del Colegio de Derecho Familiar, exhibió un video donde se ve la manipulación de que fueron víctimas dos hermanitas de siete y cinco años para que las adoptara una familia italiana, contra la lógica natural de entregárselas a sus padrinos, los esposos mexicanos Carmen y Walter Federenko quienes hacen gestiones desde enero pasado. En el documental se aprecia que las menores prefieren quedarse en el país. El problema del posible comercio de niños a través del CEF viene desde que el PAN se convirtió en gobierno aquí a mediados de la década de los noventa, cuando muchos menores fueron dados en adopción a españoles, y recientemente a irlandeses. Mientras no haya una acción fuerte contra de los responsables del presunto tráfico de personas, el problema persistirá. l
