MÉXICO, D.F. (apro).- Los padres de Jaime Zapata, miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos asesinado en San Luis Potosí en febrero de 2011, exigieron una indemnización de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por considerar que el agente murió por negligencia.
Además, se presentó otra denuncia a nombre de Víctor Ávila, compañero de Zapata –quien resultó herido en el mismo ataque–, en la que se exige una indemnización de 12.5 millones de dólares por negligencia y causa intencional de angustia emocional.
Los abogados de los agentes argumentaron que la maniobra del gobierno de Estados Unidos para permitir el envío de armas a México, a través del operativo “Rápido y Furioso” contribuyó a la muerte de los agentes, ya que las armas que utilizaron en el ataque, formaban parte de las casi dos mil que participaron en la frustrada operación.
Un par de bufetes jurídicos del sur de Texas que representan a la familia de Zapata presentaron la denuncia el pasado 14 de junio.
En ella, la familia acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al Buró Federal de Investigación (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), así como el Departamento de Justicia.
En específico, los abogados de los padres del agente fallecido –Mary y Amador Zapata– mencionan en su denuncia a los supervisores de las agencias, al director del FBI, Robert Mueller, y al secretario de Justicia, Eric Holder, quien enfrenta un juicio por desacato.
Zapata murió en un ataque presuntamente perpetrado por miembros del crimen organizado en una carretera cerca de San Luis Potosí, en febrero de 2011. Su compañero, el agente Víctor Ávila, resultó herido.
De acuerdo con las denuncias, los presuntos criminales dispararon en más de 90 ocasiones contra los agentes, con fusiles de asalto AK-47 comprados en Texas y enviados de contrabando a México, a través del operativo “Rápido y Furioso”.
La denuncia de los familiares de los agentes se da luego de que una comisión supervisora de la Cámara de Representantes aprobó mantener la acusación por desacato contra Holder porque no entregó los expedientes relacionados con la investigación del operativo.
Además, el presidente estadunidense Barack Obama usó el privilegio del ejecutivo para retener los documentos.
