En apenas año y medio de gobierno, Javier Duarte de Ochoa lleva uno de los peores registros en México: el asesinato de nueve periodistas, incluida la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
El más reciente, el de Víctor Báez Chino, quien fue secuestrado por tres hombres armados la noche del miércoles 13 y cuyo cuerpo fue encontrado a las cinco de la mañana del jueves 14 en pleno centro de la capital del estado, en las inmediaciones del Diario de Xalapa.
Era director de la página de internet Reporteros Policiacos y encargado de la sección policiaca del diario Mileno El Portal, de Xalapa, cuyo propietario y director es Alejandro Montano, exsecretario de Seguridad Pública y actual candidato del PRI a diputado federal por Xalapa.
A diferencia del asesinato de los otros periodistas, que en su mayoría antes de las investigaciones fueron vinculados por el gobierno del estado con la delincuencia organizada –salvo el caso de la corresponsal de este semanario, Regina Martínez–, esta vez la vocera del gobierno, Gina Domínguez, dio una conferencia de prensa a las nueve y media de la mañana, unas horas después de que se supiera la muerte de Báez, su amigo.
El jueves 7, Día de la Libertad de Expresión, Duarte le entregó a Báez uno de cinco automóviles rifados por su gobierno para festejar a los periodistas a la vieja usanza del PRI. En ese acto, el gobernador anunció el envío de la iniciativa al Congreso del estado para crear la Comisión de Protección a Periodistas en Veracruz, que ha sido recibida con escepticismo por muchos periodistas locales.
“No podemos ni debemos vivir con miedo”, declaró la vocera en esa conferencia y pidió “no criminalizar” al periodista colaborador de Milenio. El asesinato se lo atribuyó el cártel de Los Zetas, quienes de acuerdo con el director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Enoc Maldonado, dejaron un mensaje en el cuerpo del periodista que decía: “Esto les pasa a quienes nos traicionan y se quieren pasar de listos”.
La posición de la vocera contrastó con la asumida por el gobierno del estado con motivo del asesinato, apenas el 3 de mayo pasado, de tres reporteros gráficos en el puerto de Veracruz. En esa ocasión, la Procuraduría General de Justicia del estado pidió a la PGR que atrajera el caso por presumir que en éste hubo participación de la delincuencia organizada.
En junio del año pasado, ante el asesinato de los periodistas del diario Notiver, Milo Vera y Yolanda Ordaz, el entonces procurador, Reynaldo Escobar, afirmó que se trataba de crímenes cometidos por la delincuencia organizada. El exprocurador ahora es junto con Montano candidato a la diputación federal por Xalapa.
A pesar de la petición estatal, la subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República no se ha quedado con los casos.
Las investigaciones se han radicado en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que además participa como coadyuvante en las investigaciones de la procuraduría estatal en el caso del asesinato de Regina Martínez. A casi dos meses de ocurrido, la PGJ del estado aún no da siquiera con los responsables materiales de ese crimen.
Organizaciones nacionales e internacionales señalaron en un mensaje público que además de los nueve asesinatos, en Veracruz se han registrado ataques con explosivos a un medio de prensa y diversas agresiones graves.
El resultado es que media docena han tenido que salir de la entidad y uno de ellos solicitó asilo en Estados Unidos.
“La situación que vive la prensa en el estado es crítica y se prevé que las agresiones no cesarán mientras el gobierno de Veracruz continúe sin dar respuesta eficaz a los llamados… sobre su obligación de proteger y asegurar la integridad física de los periodistas”. (Jorge Carrasco A.)
