WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos elabora un expediente judicial por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero contra el exgobernador priista de Tamaulipas Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba.
“Estamos recabando información en los casos de narcotráfico y lavado de dinero que tienen que ver con el Cártel del Golfo y Los Zetas, donde se menciona el nombre del exgobernador”, confía a Proceso una funcionaria de la citada dependencia.
Las causas criminales y civiles que se han dado a conocer en días recientes en Texas “son parte del expediente que se está elaborando para el caso del señor Yarrington (pero) también contamos con la información que al respecto nos está proporcionando el gobierno de México”, añade la funcionaria, quien pide el anonimato.
El presunto involucramiento de Yarrington con el tráfico de drogas y el lavado de dinero en Estados Unidos –y hasta con un asesinato político en Tamaulipas– está presente en cuatro acciones judiciales en Texas:
En la demanda criminal contra Antonio Peña Argüelles, que se develó el pasado 6 de febrero en la Corte Federal del Distrito Oeste, en San Antonio; en la causa criminal contra Fernando Alejandro Cano Martínez ante la Corte Federal de Distrito Sur, en Brownsville; en la demanda civil para decomisar un condominio en la Isla del Padre, presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur, en Corpus Christi, y en una demanda civil presentada ante la Corte Federal del Distrito Oeste en San Antonio para confiscar un terreno de 18.6 hectáreas.
El eventual proceso en Estados Unidos contra el exgobernador, según la fuente, podría implicar un juicio muy complicado porque está sustentado sólo en declaraciones de “informantes de la DEA” y de “personas encausadas judicialmente” en este país.
El homicidio del candidato
La presunta relación de Yarrington con el narcotráfico y el lavado de dinero se hizo pública por primera vez ante la juez federal Nancy Stein Nowak, de la Corte en San Antonio.
En la demanda criminal contra Peña Argüelles, el agente de la DEA Stephen A. Parkinson describe la relación del acusado, del hermano de éste, Alfonso Peña Argüelles, y de Yarrington con los líderes de Los Zetas, Miguel Treviño Morales, Z-40, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y con los del Cártel del Golfo.
La DEA acusa a Antonio Peña de conspiración para lavar dinero del Cártel del Golfo y de Los Zetas. La demanda ante Stein señala que el 29 de noviembre de 2011 Alfonso Peña Argüelles fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por órdenes de Treviño Morales pues “el ahora occiso se quedó con 5 millones de dólares que pertenecían a Los Zetas”.
“Alfonso Peña Argüelles fue asesinado por Los Zetas debido al robo de ganancias procedentes de la venta de drogas que se entregaron a los hermanos Peña Argüelles a nombre de Treviño Morales” a fin de “conseguir influencia política en el gobierno de Tamaulipas por medio del exgobernador Tomás Yarrington”, se lee en la página 3 de las 14 que integran la acusación del agente de la DEA.
Entre las evidencias que el Departamento de Justicia presentó a la Corte de San Antonio está un mensaje de texto que supuestamente Treviño Morales envió a Antonio Peña Argüelles horas antes del asesinato de su hermano. En ese mensaje el capo zeta le informaba que tenía secuestrado a Alfonso, lo amenazó de muerte y exigió la devolución de los 5 millones de dólares.
También hizo una acusación muy seria: “Además tu hermano ha estado diciendo aquí que tú y Tomás Yarrington, junto con Costilla (Jorge Eduardo Costilla Sánchez, capo del Cártel del Golfo) asesinaron al candidato (priista) a gobernador (de Tamaulipas) Rodolfo Torre Cantú (el 28 de junio de 2010) porque afectaba los negocios de construcción y estaba protegido”.
El caso contra Peña Argüelles sostiene que este hombre, detenido por las autoridades estadunidenses el 8 de febrero de 2012, hizo transferencias bancarias de México a Estados Unidos y a la inversa con dinero procedente del tráfico de drogas con el objeto de comprar casas, terrenos, vehículos y otros bienes dentro del territorio estadunidense.
A Peña la demanda lo identifica como “el enlace” entre Yarrington y los dos principales capos de Los Zetas.
Con el testimonio de cuatro informantes del agente Parkinson, se notifica a Stein que uno de ellos –identificado como CS-3– varias veces “observó a Antonio Peña Argüelles reunirse con Tomás Yarrington en Nuevo Laredo, México, y en Estados Unidos… En 2008 Antonio Peña Argüelles se reunió en varias ocasiones con Tomás Yarrington en una casa en San Antonio” que rentaba el exgobernador.
Otro informante, CS-4, asegura, según la causa federal SA-12-M-120: “Aproximadamente entre 2000 y 2001 Peña Argüelles comenzó a trabajar para Tomás Yarrington lavando dinero procedente de la venta de drogas, fondos que Yarrington recibía por parte del Cártel del Golfo. Peña Argüelles coordinaba las actividades de lavado de dinero y los bienes de Yarrington en Estados Unidos y en México”.
Como otra de las pruebas de la DEA contra Peña Argüelles se enlistan los números telefónicos guardados en el celular del acusado: ahí están los de Yarrington y Treviño.
Sobornos
La otra demanda criminal en Texas que implica al exmandatario tamaulipeco –la B-12-435 contra Cano Martínez– no lo señala directamente, aunque sostiene que con dinero proveniente del narcotráfico el encausado sobornó a las autoridades de Tamaulipas de 1998 a la fecha.
El Departamento de Justicia le achaca a Cano dos delitos federales: lavado de dinero y declaraciones falsas ante instituciones financieras y fraude bancario. En la denuncia ante la Corte de Brownsville los fiscales acusan a Cano de lavar dinero para el Cártel del Golfo y Los Zetas en México y en Estados Unidos.
“Para garantizar la continuidad de las actividades ilegales, miembros y socios del Cártel del Golfo usaron porciones de las ganancias derivadas de las actividades de trasiego de drogas para pagar rutinariamente sobornos grandes a altos funcionarios en el estado de Tamaulipas y a candidatos políticos. Esos sobornos se pagan a cambio de poca o nula interferencia policiaca concerniente a las actividades del tráfico de drogas y lavado de dinero del Cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas”, señala el documento.
La implicación de Yarrington con el narcotráfico está implícita en la primera página del expediente, donde se dice que Cano, a nombre del Cártel del Golfo, sobornó a “altos funcionarios” del estado desde 1998 a la fecha. Aquél gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004.
Según varias fuentes federales de Estados Unidos, consultadas por Proceso, será durante el juicio contra Cano cuando salgan a relucir abiertamente los nombres de Yarrington y de otro personaje relacionado con él, Napoleón Rodríguez, a quien el Departamento de Justicia acusa de ser prestanombres del exmandatario tamaulipeco en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia asegura que de 2005 a 2009 y por conducto de varias empresas estadunidenses y mexicanas, Cano y “algunos de sus socios no encausados” cometieron los delitos de lavado de dinero y fraude bancario por varias decenas de millones de dólares con depósitos y giros bancarios electrónicos sustentados en 10 cuentas bancarias mexicanas y en por lo menos cinco bancos estadunidenses.
Las autoridades fundamentan el delito de fraude bancario del que acusan a Cano en los créditos solicitados por las empresas registradas en Estados Unidos, las que con documentación apócrifa recibieron financiamientos de hasta 15 millones de dólares. De ahí que el Departamento de Justicia pidió a la Corte Federal de Brownsville decomisar bienes y cuentas bancarias de Cano en Estados Unidos por unos 20 millones de dólares.
