El divisionario Ricardo Escorcia, detenido el jueves 17 por la PGR, tiene una larga y oscura historia en Cuernavaca. Fue comandante de la zona correspondiente a Morelos, de donde lo sacaron cuando la DEA supo que dejaba aterrizar aviones con droga. El titular de la Sedena quiso mandarlo a Sinaloa, pero el militar se negó y se quedó a vivir en la capital morelense desde donde, según se desprende de investigaciones castrenses realizadas los últimos dos años, había dado y siguió dando apoyo y cobertura al cártel de los Beltrán Leyva.
La desgracia del general de división Ricardo Escorcia Vargas comenzó el 28 de diciembre de 2007 cuando un avión King Air cargado de cocaína aterrizó en el aeropuerto de Tetlama, Morelos. La aeronave, según se supo por reportes posteriores, fue protegida por militares de la 24 Zona Militar, de la que él era comandante.
Esa protección era rutinaria. Lo que no lo fue es que la aeronave estaba siendo monitoreada por la DEA.
Aunque Escorcia fue inmediatamente relevado de su cargo y sustituido por el general Leopoldo Díaz, no fue dado de baja del Ejército ni sujeto a ningún proceso militar o civil. El secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, lo nombró jefe del Estado Mayor de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa.
El divisionario no aceptó el nombramiento y en un acto inusual decidió pedir un año sabático; se quedó a vivir en Cuernavaca, Morelos, donde había asentado su domicilio. Desde entonces, según los registros oficiales de la Secretaría de la Función Pública, no volvió a ocupar ningún cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con la información contenida en expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR) y en informes militares a los que tuvo acceso este semanario, Escorcia no eligió Cuernavaca sólo por su bondadoso clima.
Meses después del aterrizaje del King Air, un civil que pretendía convertirse en testigo protegido se reunió con agentes de la DEA en México para hablar de la presunta colusión entre Escorcia y la organización criminal de Arturo Beltrán Leyva.
Cuando aún trabajaba con el Cártel de Sinaloa, Beltrán Leyva se hizo cargo de Morelos y de Guerrero. Luego de la ruptura con la organización de El Chapo Guzmán, a principios de 2008, desató una sangrienta guerra por el control de esas dos entidades.
Durante dos años ni la Sedena ni la PGR actuaron contra Escorcia. No fue sino hasta el jueves 17 cuando decidieron aprehenderlo, tras la detención del general de división Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de Defensa, y del brigadier Roberto Dawe. El día 18 fue capturado el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández. A todos ellos se les acusa de haber colaborado con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
Desde que Escorcia fue nombrado comandante de la 24 Zona Militar el narcotráfico en Morelos adquirió gran poder hasta terminar desatando una ola de violencia que hizo de Cuernavaca un infierno.
En Morelos, los Beltrán Leyva cooptaron a militares y tejieron una amplia red de complicidades con funcionarios del gobierno –quienes incluso prestaban aeronaves y vehículos oficiales para el transporte de droga–, secretarios de Seguridad Pública de municipios aledaños y mandos de la Agencia Federal de Investigación en la delegación local de la PGR, según las nóminas incautadas en el operativo de la Marina del 16 de diciembre de 2009 en el que murió Arturo, el jefe del clan.
Trayectoria del general
El 1 de enero de 2007, a pocos días de iniciado el sexenio, el titular de la Sedena nombró al general Escorcia comandante de la 24 Zona Militar.
Originario de Iguala, Guerrero, egresó del Colegio Militar en 1967. Uno de sus compañeros de generación fue el general de división Armando Tamayo Casillas, jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Vicente Fox.
También es egresado de la Escuela Superior de Guerra; entre sus compañeros de generación están los generales Moisés Melo Ochoa y Leopoldo Díaz, su sucesor en la 24 Zona Militar.
Escorcia fue comandante de batallón en Santiago Papasquiaro y jefe del Estado Mayor de la VI Región Militar, en Puebla.
En el sexenio de Fox fue subjefe y tercero al mando del Estado Mayor de la Defensa, así como subjefe de logística, responsable del movimiento de unidades y la ejecución de operaciones militares.
Durante su año sabático en Cuernavaca se le concedió el retiro por edad límite.
Pocos meses después de haber relevado a Escorcia, Díaz recibió una visita inusual. Una fuente que pidió el anonimato narra que una elegante mujer de entre 45 y 50 años se presentó en la sede de la 24 Zona Militar. Con naturalidad dijo ser hermana del “señor” y la pasaron a la casa que habitaba el comandante. Ahí comentó que iba a saludarlo de parte de Arturo Beltrán Leyva. Díaz no estaba ahí en esos momentos, no la atendió y la mujer fue escoltada fuera de la instalación castrense.
A finales de 2009 la DEA le informó a Díaz que había personal de la 24 Zona Militar al servicio del crimen organizado. Al parecer era una herencia dejada por Escorcia, quien en Cuernavaca y ya fuera de sus funciones como comandante presuntamente siguió en contacto con los Beltrán Leyva.
Según los informes a los que tuvo acceso este semanario fue a finales de noviembre de 2009 cuando Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, llegó a asentar su centro de operaciones en la torre de departamentos Altitude, en Cuernavaca. Entraba y salía de la ciudad con libertad.
En la declaración ministerial que en su momento rindió a la PGR uno de los detenidos en el operativo (Proceso 1672) se dice que el 16 de diciembre de 2009 El Barbas esperaba a comer al comandante de la 24 Zona Militar, a un capitán y a un mayor. Ahora se sabe que presuntamente a quien se refería no era a Díaz sino a Escorcia y al mayor Iván Reyna Muñoz.
La red morelense
En cuanto Leopoldo Díaz llegó a Morelos comenzó a realizar operativos contra la delincuencia organizada, de los cuales rindió informes a la Sedena. En esos operativos quedó descubierta la poderosa presencia de los Beltrán Leyva en el estado y la protección que recibía de militares y de funcionarios del gobierno estatal.
El 31 de agosto de 2008, en un operativo en un inmueble de la calle Río Tamazula de la zona residencial Vista Hermosa, una de las más caras de Cuernavaca, fueron incautadas cinco armas cortas, dos largas y 214 cartuchos de diferentes calibres. A ese operativo le siguieron otros en Jiutepec, Temixco y Amacuzac.
Siguiendo las pistas de cada operativo, el 24 de diciembre de 2008 el Ejército inspeccionó el helipuerto de Palo Escrito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Morelos. Con un detector molecular encontraron residuos de cocaína y heroína en el interior del helicóptero Eurocopter AS350 B3, matrícula XA-DVM. El aparato era usado por la Policía Estatal, pero también por el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo.
También encontraron residuos de droga en el vehículo cisterna Dodge Ram 4000, placas 2014 del gobierno del estado. De acuerdo con el informe militar de esos operativos –al que la reportera tuvo acceso–, la aeronave y el vehículo fueron asegurados.
En 2009 continuaron los operativos militares. Se incautaron armas y droga en los municipios de Jojutla, Jonacatepec, Alpuyeca, Emiliano Zapata, Yautepec, Tepoztlán, Xochitepec, Puente de Ixtla y Huitzilac. El narcotráfico en Morelos se había convertido en plaga. La violencia ya había comenzado a manifestarse públicamente, había una guerra en marcha.
El 23 de octubre de 2008 fue asesinado Andrés Dimitriadis Juárez, subprocurador de Asuntos Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y sus dos escoltas.
En mayo de 2009 un grupo de hombres armados y con uniformes de la Policía Federal (PF) secuestró a siete personas en el municipio de Ocotepec. Los cuerpos fueron encontrados debajo del puente Mezcala de la autopista México-Acapulco. Al mismo tiempo fue detenido por la PF el secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, muy cercano al titular de la SSP federal, Genaro García Luna, y simultáneamente fue aprehendido Salvador Pintado Vázquez, comandante del Grupo de Recuperación de Vehículos de la Policía Ministerial de Morelos. Los dos fueron acusados de trabajar para el crimen organizado.
Las represalias no tardaron. El 13 de agosto de 2009 en la unidad habitacional José María Morelos y Pavón, en Jojutla, fue hallada una camioneta en cuyo interior estaban los cadáveres de Víctor Manuel Velarde Toledo, Iván Gómez Robles, Mauricio Herrera Goicoechea y Abad Jaimes Calvo. Dentro del vehículo había una gorra y una cangurera con las siglas de la AFI, que entonces era coordinada por la SSP federal.
Y en septiembre de 2009 fue encontrado asesinado Mario Pineda Villa, El MP, uno de los lugartenientes de Arturo Beltrán Leyva, con quien había roto. En los municipios donde estos dos capos se asentaron se multiplicó la violencia.
Las narconóminas de Morelos
El general Díaz informó a la Sedena que hasta enero de 2010 había sometido a proceso a 16 militares de la 24 Zona Militar, entre ellos cinco tenientes y cuatro sargentos.
Pero Escorcia no fue importunado ni llamado a declarar. Tuvieron que pasar más de cuatro años para que fuera sujeto a investigación.
De acuerdo con la información recabada de las declaraciones ministeriales con las que cuenta la PGR contra el general Ricardo Escorcia Vargas, el mayor Iván Reyna Martínez –quien se señala que tenía un puesto de mando en la 24 Zona Militar cuando aquél era el comandante– rindió una declaración ministerial el pasado miércoles 2.
Señaló que cuando trabajaban juntos Escorcia lo envió a reunirse con unas personas al restaurante California cerca del centro comercial Galerías, en la autopista México-Acapulco. Cuando llegó a la cita se acercó a él un sujeto que le reprochó que fuera vestido de militar, porque llamaba mucho la atención y le instruyeron que se fuera del lugar.
Declaró que cuando informó a Escorcia de lo ocurrido éste lo reprendió por haber ido uniformado. El mayor Reyna le habría dicho al comandante que los sujetos parecían narcotraficantes y Escorcia le habría dicho que no fuera insubordinado y acatara las órdenes que se le daban.
Desde noviembre de 2010 la PGR tenía una declaración del testigo protegido Jennifer –Roberto López Nájera, un abogado guerrerense que trabajó para Édgar Valdez Villarreal, La Barbie–, quien declaró que por conducto del mayor Reyna los Beltrán Leyva pagaban sobornos a mandos militares. Dos años después la PGR decidió desempolvar el testimonio y usarlo contra Escorcia.
