El hallazgo de los 18 cuerpos en las inmediaciones de Ixtlahuacán de los Membrillos puso en evidencia que, lejos de impartir justicia y atender las decenas de denuncias ciudadanas, la procuraduría estatal y la Secretaría de Seguridad Pública están confrontadas. Litigantes y forenses comentan a Proceso Jalisco que mientras el crimen organizado siembra el terror en la ribera de Chapala y los levantones se multiplican, ambas dependencias siguen trabajando por separado.
El multihomicidio del miércoles 9 evidenció una vieja pugna entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), consideran los litigantes Antonio Manzano y Luis Rabinal González. Ambos comentan que el organismo que encabeza Tomás Coronado Olmos hace caso omiso de las denuncias sobre levantones en la entidad, como lo muestra el episodio de Ixtlahuacán de los Membrillos y El Arenal.
En las últimas dos semanas, la procuraduría recibió 34 denuncias sobre desapariciones pero no las atendió. Sólo actuó cuando 12 de los plagiados escaparon de la casa de seguridad en la que estaban confinados (Proceso 1854).
Hasta ahora la Policía Preventiva, dependiente de la SSP, ha capturado a seis presuntos responsables de la ejecución de 18 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en el kilómetro 25 de la carretera Guadalajara-Chapala en dos vehículos. En tanto, los policías investigadores de la PGJ únicamente han solicitado tres órdenes de aprehensión pero aún no capturan a ninguno de los implicados.
En ribera de Chapala, donde ha ocurrido el mayor número de secuestros, así como balaceras, granadazos y algunas ejecuciones, los focos rojos se encendieron desde el año pasado, a raíz del descubrimiento de fosas clandestinas.
Hace meses, en el libramiento carretero de Chapala, antes de la entrada a Ajijic, principal asentamiento de jubilados extranjeros, la delincuencia organizada colocó retenes falsos sin que las autoridades intervinieran.
La psicosis se apoderó de la población a principios de 2011, luego del asesinato de un ciudadano estadunidense. Pero fue a principios de mayo cuando se incrementó la desaparición forzada de personas. Y aun cuando las familias de los afectados presentaron denuncias, ni los agentes municipales ni los estatales ni los investigadores de la PGJ abrieron una sola averiguación.
La dependencia sólo informó a la SSP sobre las decenas de denuncias acumuladas la víspera del hallazgo de los 18 cuerpos, cuando los secuestros se habían generalizado en las poblaciones de San Juan Cosalá, San Nicolás de los Ibarra, Ajijic, Chapala, San Antonio y Jocotepec.
Violencia e impunidad
La rivalidad entre la PGJ y la SSP hace que cada una jale por su lado, mientras la delincuencia actúa de manera impune, como el Chapala-Tala, dice a este semanario el constitucionalista Antonio Manzano.
Exdirector jurídico del ayuntamiento Chapala y maestro universitario, Manzano habla sobre los hechos que detonaron la zozobra entre los habitantes.
El 6 de enero de 2011 fue asesinado Allan Turn Pseet, de 55 años, en su casa de Riveras del Pilas, entre Chapala y Ajijic; meses después, el 29 de noviembre, en pleno centro de Ajijic, en pleno mediodía fue ultimado Stephen Christopher Kahr cuando llegaba a su domicilio. Su muerte provocó indignación entre los residentes extranjeros, incluso protestaron frente al ayuntamiento de Chapala y exigieron justicia (Proceso Jalisco 371).
El entrevistado asegura que “hay desatención porque Chapala no es la zona metropolitana; a ello se deben las balaceras entre delincuentes”. Según él, antes de los 18 cadáveres tirados sobre la carretera, hubo tres ejecutados en Ixtlahuacán de los Membrillos.
Recuerda otros “casos graves”, como la ejecución de un comandante de Jocotepec en diciembre de 2008 o el ataque a la casa del director de Seguridad Publica de Chapala en enero de 2011, situación que dio pie a los narcobloqueos en el estado. El primero fue en la misma carretera a Chapala, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego vino la quema de camiones urbanos en la capital el 1 de febrero, el mismo día en que el gobernador Emilio González Márquez presentaba su IV informe.
Los autores fueron sicarios del Cártel del Milenio y sus aliados de la Familia Michoacana y del Cártel del Golfo, según la SSP. En esa ocasión se le atribuyó a esa dependencia la protección de integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, también conocidos como Los Torcidos, presuntamente ligados a la banda de Joaquín El Chapo Guzmán (Proceso Jalisco 324 y 326).
Manzano insiste en que en materia de seguridad y persecución de los delitos las autoridades se manejan con ligereza. En el caso de la procuraduría, es lamentable que aun cuando había denuncias de por medio, la policía no haya investigado, dice: “Veo que las autoridades no toman en cuenta siquiera que en la ribera de Chapala hay una colonia de 20 mil extranjeros que en gran medida son el sustento de miles de familias”.
Según él, “no aprendieron la lección”. La región del lago es un corredor de droga que conecta Michoacán, la Ciénega, Chapala, Tala, Ixtlahuacán… todo tiene relación, advierte, por lo que pide a las autoridades actuar de inmediato, pues “la violencia no es aislada”.
Para su colega Luis Rabinal González, ante las críticas por su negligencia, las autoridades deben aclarar si en el caso de Ixtlahuacán se trató de un ataque deliberado a población civil o si alguno de los fallecidos tenía nexos con el crimen organizado.
Y arremete contra los medios por su proclividad, dice, a informar sobre los decapitados sin hablar acerca de las raíces profundas de la impunidad y la corrupción que engendran los amagos en la calle, las extorsiones y secuestros, los robos de carros y los asaltos de todo tipo.
La violencia muestra la osteoporosis de un Estado vulnerado en el cual el nivel de impunidad ronda el 99%. “Es muy triste reconocer que en el país y en la entidad únicamente se castiga 1.5% de los delitos que se cometen y que sólo uno de cada 100 delincuentes es castigado”, expone el entrevistado.
De manera similar se expresa Alfredo Rodríguez, médico forense y asesor en seguridad nacional. Para él, la PGJ debería contar con una plataforma de investigación técnica-científica abocada a investigar las denuncias sobre desapariciones forzadas y masacres como la ocurrida el miércoles 9.
Y al igual que Manzano y Rabinal, se refiere a PGJ como un ejemplo de la precariedad y descoordinación con la que actúan las instancias de procuración de justicia ante los levantones. E insiste: “La procuraduría carece de áreas de inteligencia y contrainteligencia para atender asuntos ligados con el crimen organizado”.
Hoy, “los agentes de la Policía Investigadora atienden actividades múltiples; es un mismo grupo el que atiende lo mismo problemas de abigeato que delitos sexuales. Y cuando surge un caso relacionado con el crimen organizado, los agentes son enviados a reforzar ese tipo de investigación. Pero un área especializada en desaparición de personas simplemente no existe”.
Rodríguez, quien se encuentra en Monterrey trabajando en la identificación de los 50 cuerpos localizados en diferentes partes de esa ciudad desde la semana antepasada, responde a una llamada de Proceso Jalisco y comenta: “La falta de infraestructura para realizar la investigación forense es un problema de orden nacional del que no escapa ninguna de las entidades del país”.
Y reitera que la PGJ debe combinar trabajo de inteligencia y contrainteligencia; conocer y estudiar el modus operandi del multihomicidio del miércoles 9 para entender la forma en que actúan las bandas criminales en Jalisco y trazar el perfil de los grupos en pugna: “Es muy probable que estas personas (los 18 asesinados) hayan sido secuestradas, levantadas y guardadas en algún sitio donde fueron torturadas, cercenadas y decapitadas para luego ser refrigeradas, como se comprobó”.
Durante la guerra lanzada por el presidente Felipe Calderón al crimen organizado, dice, hay alrededor de 8 mil cadáveres en todo el país que no han sido reclamados por sus familiares, por lo que tarde o temprano terminarán en la fosa común.
Rodríguez comenta que propuso a las autoridades estatales someter los cadáveres a un proceso de plastinación, técnica en la que se especializó, para realizar las investigaciones correspondientes, pero no tuvo respuesta.
Asegura que en el caso de muertes violentas, la mitad de la investigación se basa en la posibilidad de preservar la evidencia. “Por desgracia, ahora lo que hace el crimen organizado es desmembrar a sus adversarios, les quita tatuajes o tejido dactilar o del rostro para confundir y evitar que se reconozca a la víctima”.
A diferencia de Rabinal, Rodríguez matiza: el ataque del miércoles 9 no estuvo dirigido a población civil, se trató de un pleito entre dos bandas delincuenciales. Debe entenderse, insiste, que el gobierno ha dado “privilegios a determinados grupos”, por lo que ahora se viven las consecuencias.
Desde el punto de vista del análisis forense, según el especialista, las autoridades deben analizar los hechos ocurridos los días previos al miércoles 9 para saber si los levantones estuvieron relacionados con las ejecuciones.
Las detenciones
Aparte de la detención, el martes 8, de Laura Rosales Sánchez, La Chaparra, quien cuidaba a los plagiados en una casa de seguridad de Ahuisculco, el viernes 11 la policía estatal detuvo en Tala a cuatro plagiarios más: Ramón Parada Talamantes, César Alejandro Rodríguez Cervantes, El Moco, Héctor Manuel López Santibáñez y Milton Edibaldo Castro Vega.
El sábado 12 fue capturado Juan Carlos Antonio Mercado, alias El Chato o El R-8, presunto líder de Los Zetas en esa plaza. En el momento de su captura se encontraba drogado. Cuando pudo declarar, expuso que desde mediados de abril su grupo comenzó a levantar gente al azar. El propósito, dijo, era ejecutarlos y abandonar los cuerpos el jueves 10 en los Arcos del Milenio, como el 24 de noviembre pasado, cuando dejaron 26 cuerpos.
Añadió que su jefe era El R-2 y que días antes, él y El Moco levantaron a cinco personas, a una de las cuales le quitaron su tarjeta de crédito y él mismo retiró dinero de un cajero automático en Tala.
El investigador de la UdeG Arturo Villarreal Palos asegura que la clase política local se ve lenta en la promoción de nuevas herramientas jurídicas para contener los embates de la delincuencia organizada.
Rabinal González considera que así como la PGJ cuenta con personal honesto y profesional, también tiene agentes del Ministerio Público que actúan por consigna, así como policías investigadores que detienen gente inocente y le arman averiguaciones previas para amedrentarla.
Peor aún: la dependencia tiene un presupuesto raquítico y las condiciones en que labora su personal son precarias. Eso, dice, “se traduce en una aplicación de justicia deficiente”.
Hasta el martes 15, sólo habían sido identificados 10 de los 18 cuerpos. Los otros ocho permanecían en el Semefo. Ese día el director de la institución, Mario Rivas Souza, informó del hallazgo de varios torsos en una cámara de refrigeración industrial en la colonia Riveras del Pilar, en Chapala. Según el funcionario, con esos restos se “rearmaron” cinco cuerpos, entre ellos el de una mujer de aproximadamente 20 años.
Al día siguiente, la SSP informó sobre el aseguramiento de otra finca de seguridad en el fraccionamiento Rancho del Oro, en Chapala, donde los agentes encontraron tres armas largas de diverso calibre, tres granadas de fragmentación y mil 800 tiros útiles. También incautaron una libreta con datos relevantes sobre lo ocurrido los días previos al hallazgo de los 18 cuerpos en el kilómetro 25 de la carretera Guadalajara-Chapala.
En Tala, el Ministerio Público dejó ir a un presunto implicado en los levantones, según el testimonio de uno de los sobrevivientes.
