La Marina carece de un aparato judicial estructurado; las medidas disciplinarias se ejercen a capricho de los superiores, muchas veces de manera infundada, y se trasladan al Ejército o a tribunales civiles donde los procesos se enredan kafkianamente y dejan en la indefensión total a los marinos. Así lo ha evidenciado Proceso al entrevistar a efectivos de la Armada acusados de delitos irrisorios y sujetos a la venganza de aquellos a quienes señalan como sus verdugos.
La Secretaría de Marina (Semar) no tiene juzgados para procesar al personal naval que llegara a delinquir; mediante consejos de guerra, violatorios del debido proceso, ejerce su facultad disciplinaria con base en la justicia del Ejército y decreta culpabilidades a capricho, muchas veces sin fundamento.
A pesar de las numerosas acusaciones que pesan sobre jueces y fiscales de la justicia castrense, el fuero de guerra no alcanza –salvo casos excepcionales– a mandos superiores.
En ese contexto, los marinos enfrentan una realidad peor que la de los miembros del Ejército, pues son juzgados por éstos, quienes desconocen el medio naval, por lo que sus averiguaciones suelen ser deficientes. Claro que este calvario únicamente lo viven los marinos de grados inferiores, pues en los últimos años no se ha procesado a ningún alto mando de la Semar.
Surrealismo
A la teniente de fragata y odontóloga naval Elvia Emilia Eguileta Arias se le acusó de faltar a la disciplina castrense por lo que se le formó consejo de guerra. Se le acusó de “ser estricta” en revisiones bucales, de “verle los calcetines” a un superior y de incurrir en un accidente automovilístico del que dieron cuenta los diarios de Tampico.
Este último fue el principal argumento para que a mediados de 2010 el consejo de guerra la turnara a la justicia militar. Hasta ahora no se le ha dictado sentencia.
“Si la Marina no puede procesar a su personal, entonces que se integre al Ejército… una Secretaría de Guerra y Marina, como antes. Su facultad disciplinaria abre la puerta a que se cometan todo tipo de abusos que se extienden a la violación de derechos de civiles”, dice la teniente en entrevista.
Eguileta está emparentada con el exsecretario de Marina Marco Antonio Peyrot y afirma que ese podría ser el origen de las acusaciones en su contra, que considera absurdas (Proceso 1838).
Más allá de su caso, Eguileta decidió poner al descubierto el sesgo y la justicia selectiva que se aplica tanto en el medio naval como en el militar.
El pasado 9 de abril El Universal publicó un reportaje en el que documentó el enriquecimiento del contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, jefe de ayudantes del titular de la Semar, Francisco Sáynez. El rotativo documentó que el “ayudante” tenía departamentos y vehículos de lujo, con un costo de varios millones de pesos, acumulados en cinco años.
El diario pone un ejemplo: Martínez Pastelín posee en automóvil Ferrari, modelo Spider, valuado en 2.5 millones de pesos. El diario entrevistó al millonario marino, quien negó las posesiones, aunque el reportaje cita como fuente el Registro Público de la Propiedad.
Al ver la publicación, Eguileta envió cartas a los titulares de Defensa y Marina a fin de que, así como en su caso se le hizo consejo de guerra por un accidente automovilístico que apareció en los medios, a Martínez Pastelín se le instruya por su riqueza inexplicable… que también apareció en un medio.
“Aquí en el GPS lo estamos esperando para que venga a comer como nosotros y si quiere, hasta puede dormir en las barracas de la Policía Militar”, ironiza, pues ningún alto mando militar o marino ha pasado por esas instalaciones.
Además de señalar el caso de Martínez Pastelín, la teniente solicitó una audiencia con Sáynez, con Galván y con el mando de la justicia naval para exponerles las razones por las que ella y otros militares y marinos consideran que los consejos de guerra y el fuero de guerra son injustos.
También interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues advierte que al no medir con el mismo rasero su caso y el de Martínez Pastelín, la justicia naval ha incurrido en prácticas discriminatorias.
La única respuesta provino del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En el oficio 32458 se le explica que el general Galván tiene múltiples compromisos y no la puede atender. Le sugiere, en cambio, “que exponga por escrito cualquier asunto que desee tratar y la instancia competente de la Secretaría le brindará la atención conforme a derecho”.
Ante la negativa a ser recibida y la falta de respuestas, la teniente interpondrá diversos recursos por la violación de su derecho de audiencia. Asimismo analiza solicitar medidas cautelares pues, a partir de enero, cuando ella y sus compañeros del GPS decidieron denunciar los excesos, han recibido comentarios intimidatorios en el Campo Militar Número Uno.
Sin justicia
En la justicia militar basta un dicho, la voluntad de un juez y el fuero de guerra para procesar y encarcelar, sin la probanza elemental, a quienes no gozan de privilegios e influencias en las Fuerzas Armadas.
Durante el gobierno de Felipe Calderón cerca de 30 efectivos, entre militares y marinos, han sido acusados de quebrantar el “honor militar”. Este ilícito da para tanto que se puede utilizar para someter a juicio a quien le levanta la voz a un superior o por criticar algún aspecto institucional.
Pero al capitán de fragata aeronáutica naval piloto aviador diplomado de estado mayor Diego Alberto Silva López le fue peor que eso. Lo procesaron por violación y sin pruebas ni peritajes lo condenaron a prisión. Obtuvo un amparo, pero un juez le reiteró la condena.
Con 30 años de servicio, condecoraciones de gobiernos extranjeros y una hoja de servicios intachable, Silva López enfrenta un largo proceso en el que, sostiene, le han violado numerosos derechos.
La acusación contra el capitán fue interpuesta en agosto de 2008 por el padre de una teniente naval quien dijo que de 2002 a 2007 la oficial de marina fue violada por Silva. La denuncia no fue hecha por la víctima ni establecía condiciones de modo, tiempo y lugar, salvo que fue en diferentes hoteles y en el domicilio particular del acusado.
El marino reconoce que tuvo una relación sentimental consensuada con la teniente. Ante la acusación, surgida de la familia de la supuesta víctima, el capitán Silva ha expuesto que la reiteración del delito es imposible durante el periodo que se indica en la acusación.
El 27 de junio del 2009 a Silva se le dictó formal prisión, condenándolo por el solo dicho del padre de la teniente y la ratificación de la denuncia por la supuesta víctima.
El 7 de marzo de 2010 el Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito resolvió el expediente 139/2010 que revocó la condena. No obstante, el juez primero militar no lo dejó en libertad; reintegró el expediente y lo volvió a condenar asentando que las violaciones ocurrieron sólo durante 2002 y 2003, sin considerar que el delito de violación prescribe al año.
Finalmente volvió a promover un amparo, pero éste le fue negado.
“Al vivir los atropellos que se hacen por parte de los tribunales militares se busca interponer recursos para obtener protección ante la injusticia. Sucede que tanto jueces como magistrados se subordinan a la autoridad militar perpetuando así la mayor de las injusticias.
“Al paso de cuatro o cinco años los mismos jueces y magistrados otorgan la libertad absoluta, pero para entonces la carrera del militar se termina y no hay ni una disculpa, no existe ya nada para comprometerse con las instituciones o mi país”, lamenta.
Un fraude sin denuncia
El primer maestre naval José Antonio Alvarado Uscanga se vio en un apuro económico y acudió con una agiotista de Tapachula. Asegura que pagó su deuda, pero no le dieron recibo por lo que su acreedora interpuso una denuncia. Sin embargo ella no la ratificó a pesar de los múltiples llamados que le hizo el Juzgado Sexto militar.
Como lo anterior ocurrió fuera de las instalaciones navales de Puerto Chiapas el asunto debió tratarse en el ámbito civil, pero lo convirtieron en un asunto penal militar que se consignó en el expediente 491/2010, en el que dos testigos civiles aseguraron que lo habían visto pagar. Por ser civiles no los tomaron en cuenta.
Llevaba tres meses en prisión y ya no había acusadora, pero le negaron la libertad. Entonces lo acusaron de defraudar a la Marina. Pero a través del oficio 774/2011, la Semar informó que el guardiamarina no manejaba recursos y que no tenía adeudos con la institución.
A estas alturas la dependencia ya no le pagaba sus haberes completos. Con su salario disminuido al 10% y una crisis familiar derivada de los problemas económicos, la desesperación lo alcanzó. Quiso demandar el pago justo, pero la Semar negó las retenciones sin mostrar recibos.
Luego de un año y dos meses en prisión Alvarado quiso poner fin a su vida como hicieron antes dos compañeros de prisión; sin embargo lo detuvieron a tiempo y lo mandaron al psiquiatra.
Buscó un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en el DF, pero la juez Patricia Marcela Diez Cerda se declaró incompetente. El 28 de diciembre pasado un tribunal colegiado le ordenó a la juez conocer el caso y así fue. El 2 de marzo último dictó sentencia.
Al primer maestre Alvarado la justicia constitucional le hizo más daño. La juez Diez Cerda decidió que el expediente debía turnarse a un juzgado civil de Tapachula para reponer el proceso. Esto significa que los 14 meses que el marino pasó en prisión y los dos meses que lleva libre bajo fianza no cuentan para un caso sin acusación; será juzgado dos veces por el mismo delito sin acusador.
Alvarado, como el resto de los entrevistados, responsabiliza a los secretarios de Marina y Defensa de cualquier represalia contra él y su familia, para suscribir la causa de la teniente Eguileta:
“No podemos vivir con tantas injusticias en la Semar y la Sedena, por servidores públicos que no desempeñan sus funciones como debe ser. La Semar nos entrega a la justicia militar sin hacer averiguaciones, es incompetente para resolver asuntos disciplinarios. Era una deuda civil que nada tiene que ver con lo naval y menos con lo militar, pero al contralmirante Martínez Pastelín no lo entrega, a él alguien lo protege”.
Aunque espera un amparo, Alvarado podría ser trasladado a Tapachula esta semana para su segundo juicio. Mientras tanto, a los inconformes del GPS les han dicho que les preparan acusaciones nuevas en represalia por sus declaraciones a Proceso.
