Las agresiones contra los defensores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo subieron de tono el lunes 7, cuando policías, presuntamente estatales, amagaron cortando cartucho al apoderado legal de los habitantes, Guadalupe Espinosa Sauceda, y al sacerdote Gabriel Espinosa Íñiguez.
Por acuerdo de la asamblea de las comunidades, que se reúne cada semana, los dos acudieron a hacer una labor de reconocimiento cerca del predio de Talicoyunque, donde la Comisión Estatal del Agua (CEA) inició la construcción de un núcleo de viviendas para reubicar a los habitantes porque sus localidades quedarán bajo el agua una vez que empiece a operar la presa El Zapotillo.
Espinosa Sauceda está a cargo del juicio que entablaron más cien personas que no desean cambiar su residencia, y el sacerdote es el vocero del Comité Salvemos Temaca, que integran todos los lugareños que defienden sus pueblos.
El 28 de febrero de este año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Guadalajara declaró improcedente y desechó el amparo 98/2002 que interpuso la autoridad municipal de Cañadas de Obregón contra la resolución 319/2009 del pleno del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), que a su vez declaraba nulo el Plan de Desarrollo de Temacapulín. Es decir, la autoridad judicial resolvió que no era posible reubicar a los pobladores de Temaca en Talicoyunque.
“Ya no cabe ningún recurso y, por lo tanto, Temacapulín ya ganó esta lucha, que fue muy difícil porque significó cuatro años de luchar, con recursos, movimiento de gente… fue muchísimo trabajo y es una gran victoria”, dijo Espinosa Sauceda al diario Milenio el 15 de febrero pasado.
No obstante, en la reunión semanal varios de los presentes mencionaron que vieron entrar camiones con material y postes al predio de Talicoyunque y pensaron que esto significaba que el promotor de la obra no acepta la sentencia judicial y continúa trabajando ilegalmente.
De acuerdo con el testimonio que los dos agredidos ofrecieron en un comunicado de prensa, y ampliaron en entrevista, alrededor de las 22 horas se trasladaron en una camioneta al sitio donde se construye “el Nuevo Temaca”. Sauceda bajó del vehículo y caminó hasta la puerta de madera que impide el acceso al predio y llamó, sin obtener respuesta. Cuando regresaba escuchó detonaciones y el grito de un guardia, quien les exigió que se detuvieran. Se quedó en la camioneta.
Posteriormente, tres policías más que estaban adentro se brincaron la puerta y, ya en la carretera, apuntaron sus armas al abogado y al sacerdote para obligarlos a bajarse de la camioneta.
Primero le dijeron al conductor, el padre Gabriel Espinosa, que se bajara de espaldas, con las manos en la nuca, y se acercara a ellos sin voltear. Lo mismo le ordenaron a Sauceda. Después los policías los obligaron a hincarse y mantener las manos en la nuca, los deslumbraron con linternas y hurgaron en el vehículo. Con todo, la noche era muy cerrada y no pudieron confirmar si los policías eran estatales o municipales, aunque el estado es el encargado de vigilar la obra.
Además, dice el abogado, “nos mantenían encañonados con escopeta y tiro cortado al padre Gabriel, diciéndonos que el predio es propiedad del estado”.
El padre Gabriel saltó a la fama por su férrea defensa de Temacapulín, aun en contra de los dictados del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien despotricaba cada vez que lo veía mencionado en una nota periodística.
“Anda como chapulín fuera de la olla. Es una obra del gobierno el agua. Entonces ¿qué tiene que andar convenciendo a la Iglesia si la hace o no la hace? Ni que fuéramos técnicos nosotros. Necesitamos agua”, dijo el prelado a La Jornada, que lo publicó el 2 de marzo de 2011.
Espinosa señala que, aunque los amagados eran él y el abogado, los policías se veían muy nerviosos. “Cuando yo me puse de rodillas cortaron cartucho, a manera de intimidación. Estábamos encañonados, no había posibilidad de movimiento”.
No es la primera vez que se cometen agresiones en contra de defensores del pueblo de Temaca. El pasado 3 de abril, en un billar de la localidad, la periodista de Radio Universidad de Guadalajara Jade Ramírez y el colaborador del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) Marco Von Borstel fueron hostigados por dos hombres que se identificaron como empleados federales y otro más le puso una pistola en la espalda a Ramírez. Después de esos acontecimientos ambos recibieron llamadas y correos donde se les amenaza por investigar y “alborotar la gallinera”.
Sauceda y Espinosa Íñiguez interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por la violación a sus garantías individuales, la cual quedó asentada con el número 1269157 en la oficialía de partes.
La construcción de la presa El Zapotillo sobre el río Verde se anunció en septiembre de 2007, y si bien no hubo mucha oposición inmediata porque la cortina no sería de más de 85 metros, el problema estalló al anunciarse que se levantaría el nivel a 105 metros, suficientes para dejar bajo el agua a Temacapulín, la mayor de las tres poblaciones afectadas. A partir de entonces la población repudió la obra, que además le será útil sobre todo o a la ciudad de León, Guanajuato, y desde hace un lustro se suceden acciones legales, denuncias y manifestaciones contra la presa que ya han tenido apoyo internacional.
