Peligros electorales

MONTERREY, NL.-  Más de mil capacitadores electorales de Nuevo León comenzaron a visitar a partir de este mes los domicilios de los ciudadanos seleccionados para participar como funcionarios de casilla. Lo hacen con uniformes “identificables”: una gorra café con las letras CEE (por Comisión Estatal Electoral) en amarillo, camiseta blanca, chaleco beige, mochila gris y un gafete amarillo y negro de unos 20 centímetros de largo.

Antes fueron entrenados para esta labor con manuales de capacitación electoral. Pero ahora recibieron otra singular instrucción, la relativa a los protocolos de seguridad, pues se internarán en las zonas “calientes” del estado, donde la violencia y la inseguridad han orillado a algunos candidatos incluso a renunciar.

Partidos políticos y autoridades electorales del noreste del país tienen identificadas varias regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas donde la violencia complicará la capacitación de funcionarios electorales y la instalación de casillas.

Las zonas más conflictivas de Nuevo León están en la mayoría de los municipios del norte y los que colindan con Tamaulipas. Entre los más violentos destacan Cerralvo, China, General Treviño, Parás, Los Ramones, Sabinas, Agualeguas y Vallecillo.

En Tamaulipas las zonas más peligrosas las integran los municipios de la llamada Frontera Chica –de Nuevo Laredo a Matamoros–, además de la región de San Fernando y El Mante.

En Coahuila sobresale La Laguna, particularmente el Cerro de las Noas y los municipios fronterizos de Piedras Negras y Ciudad Acuña, donde los enfrentamientos entre cárteles y entre éstos y los militares son cosa de todos los días.

Dos grupos se disputan La Laguna: uno es una alianza de los cárteles de Sinaloa y del Golfo y el otro son Los Zetas. Los eventos más cruentos de esa narcoguerra han ocurrido en bares de Torreón, con al menos tres matanzas de jóvenes. Además hay constantes enfrentamientos, que tuvieron su momento cumbre cuando chocaron sicarios contra militares afuera del estadio de futbol del equipo Santos.

“Son diversas zonas que, en conjunto con la información que he recopilado con el Instituto Federal Electoral, se han establecido con un grado diferente de atención”, dice a Proceso Luis Daniel López, presidente de la CEE de Nuevo León. Esas regiones se han vuelto complicadas para organizar el próximo proceso electoral por situaciones como la migración y la inseguridad, agrega.

“En la Comisión estamos trabajando muy de la mano con el Instituto Federal Electoral y con el gobierno del estado para establecer estrategias que nos permitan hacer un trabajo en campo para completar y desarrollar el proceso”, precisa López.

 

Contienda desigual

 

La violencia en las zonas rurales de Nuevo León genera una contienda desequilibrada, argumentaron representantes de PAN y PRD.

Eduardo Arguijo, representante del PRD, denunció ante la CEE de Nuevo León que la delincuencia organizada provoca que en las regiones inseguras no haya equidad para el próximo proceso electoral. “En los municipios del norte del estado 25 candidatos ya han renunciado. Ahí no podremos competir porque ya los amenazaron”, precisó el perredista.

La violencia en el mismo estado es la razón por la que 15 municipios se quedaron sin policías: todos renunciaron ante las amenazas del narco.

Los candidatos del PAN también han sufrido agresiones. El pasado 20 de abril Eduardo Campos Espinoza, candidato a la alcaldía de Anáhuac, municipio ubicado a 220 kilómetros al norte de esta capital, sufrió un atentado. Varios sujetos provistos de armas largas abrieron fuego contra la fachada de su casa y luego la incendiaron. Además, plagiaron a su secretario particular durante aproximadamente dos horas.

En Tamaulipas, el PAN reportó que los distritos 01, Nuevo Laredo, y 06, El Mante, son los más inseguros.

“Debido a la violencia que impera en algunos municipios de Tamaulipas, el Partido Acción Nacional solicitará al IFE seguridad para los candidatos”, informó el secretario general del Comité Directivo Estatal, Rodrigo Monreal Briseño. “El partido no tiene presupuesto para pagar la seguridad de sus candidatos, así que tendrá que solicitar protección al gobierno central y a las autoridades estatales”, concluyó.

La violencia en ciudades como Matamoros ya está afectando la organización de las elecciones. La delegación del IFE en esa región reportó que sus capacitadores electorales se han topado con la negativa de los ciudadanos para participar como funcionarios de casilla.

Aurora Gutiérrez Legorreta, titular de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE, informó que de 29 mil ciudadanos inscaculados en la entidad se ha notificado a 17mil 343 para que participen en el proceso electoral, pero únicamente han aceptado 3 mil 848, por lo que habrá un segundo sorteo para conseguir nuevos funcionarios de casillas.

“Los ciudadanos salen con situaciones de que no quieren… Sin embargo, no tienen una situación válida para negarse”, dijo Gutiérrez Legorreta.

En Coahuila el presidente de la Junta Local del IFE, José Luis Vázquez López, indica que tienen identificadas más de 40 secciones donde pondrán especial atención, pues pudiera presentarse algún problema de inseguridad.

“Se optará por permitir que el trabajo electoral se realice con personas que habitan en dichos sectores, dándoles preferencia a mujeres mayores de 40 años”, concluye Vázquez López.

Para Jesús Cantú Escalante, excomisionado ciudadano ante el IFE e investigador del Tecnológico de Monterrey, el proceso electoral de 2012 estará viviendo una “situación totalmente nueva”.

“Qué bueno que las autoridades electorales reconozcan el problema y no intenten tapar el sol con un dedo”, dice.

Menciona que el antecedente más inmediato sobre la imposibilidad de organizar comicios en zonas conflictivas se presentó en Chiapas durante el conflicto zapatista.

“Nos tocó vivir situaciones muy difíciles con comunidades indígenas, que querían ser las que designaran a los funcionarios de casilla; en Ocosingo no permitieron instalar casillas y destruyeron paquetes electorales”, dice Cantú.

Destaca que tuvieron dificultades para capacitar funcionarios en zonas conflictivas pero al final lo lograron. “Lamentablemente ahora eso ya no sucede. Ya no existe la posibilidad de trabajar en todas partes”.