En una aparente compensación ante los efectos de la guerra contra el narco, Felipe Calderón comenzó a enfatizar los programas sociales conforme se acercaban los tiempos electorales. Pero éstos llegaron en pleno auge de la violencia y no se salvó de ella el ejército de empleados encargados de llevar apoyo federal a los votantes: desde 2009 comenzó a sufrir emboscadas, asaltos a mano armada y asesinatos, como los cometidos en Chiapas hace un mes. Ni siquiera por eso la Sedesol, Liconsa o el Inapam llevan el seguimiento de estos ataques en los que pierden millones, pero sobre todo vidas de trabajadores.
Hacia las 9:00 horas del lunes 9 de abril un convoy del programa Oportunidades salió de Tuxtla Gutiérrez para llevar apoyos económicos a los Altos de Chiapas. Ya había pasado por San Cristóbal de Las Casas y se dirigía a Navenchauc, una comunidad tzotzil de Zinacantán. Llevaba 1 millón 635 mil pesos que repartiría entre indígenas pobres. Dada la inseguridad en la entidad lo escoltaban una patrulla de la Policía Estatal y otra de la Municipal.
Entre las comunidades de Nachig y Yalentay el convoy tuvo que disminuir la velocidad por las malas condiciones de la carretera. Un grupo de hombres armados le marcó el alto y se inició el tiroteo.
Ahí quedaron los cuerpos de la trabajadora de Oportunidades Lucía Guadalupe López Cruz, de un pagador del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), del policía estatal Romeo Hernández y del indígena Pedro Sánchez Pérez. Hubo dos heridos de los que un día después falleció uno: la empleada de Oportunidades Adriana Aguilar. Cinco muertos en total.
Un año antes, el 13 de mayo de 2011, en el mismo estado pero en el municipio de Simojovel, cuatro personas fueron asesinadas en otra emboscada a personal de Oportunidades.
Durante el sexenio de Felipe Calderón la violencia se ha incrementado en 24 estados. Las dependencias del sector social han tenido que modificar la operación de programas, suspender la entrega de apoyos e incluso supeditar sus labores a la presencia de fuerzas policiacas o militares.
Los riesgos son muchos. Hay carreteras con retenes permanentes de la delincuencia, ranchos han sido desalojados por grupos delictivos, empleados federales han sido asesinados o levantados, o quedaron en medio de tiroteos y hasta los han confundidos con sicarios. No obstante el gobierno federal no cuenta con un programa de atención a esos empleados que están expuestos a la violencia.
Mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, Proceso comprobó esta carencia en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Agricultura (Sagarpa), el Sistema DIF, el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes), Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades.
Concretamente se solicitaron datos sobre robos, despojos, privaciones ilegales de la libertad y secuestros ocurridos durante la operación de los programas sociales en la presente administración federal. También se solicitaron los diagnósticos de rutas de riesgo, zonas inseguras y planes de previsión, así como registros de daños patrimoniales, la canalización de víctimas y la cantidad de beneficiarios que han dejado de serlo.
Esto a pesar de que Calderón hizo de su estrategia de seguridad el eje principal de su gobierno y ha insistido, como contrapeso político, en un supuesto auge de las políticas sociales. Incluso la frustrada aspirante al gobierno de Michoacán Luisa María Calderón Hinojosa sostuvo el mes pasado en Guanajuato que el PAN no supo aprovechar los éxitos de su hermano, sobre todo el programa Oportunidades.
Oportunidades… para el hampa
El Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades es un órgano desconcentrado de la Sedesol y su objetivo es formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar las políticas públicas asociadas con la educación, salud y nutrición de familias pobres.
Entre otras cosas reparte recursos económicos para mejorar sobre todo la alimentación de este creciente sector y paralelamente realiza estudios y evaluaciones sobre sus resultados, para lo cual recopila datos y levanta encuestas.
La violencia y la inseguridad afectan de manera grave la operación del programa en 24 entidades, especialmente a partir de 2009. Fue a partir de entonces, y no de 2006 –como dice Calderón para justificar su estrategia de seguridad– que se incrementaron notoriamente los atracos y emboscadas, la toma de pueblos, el bloqueo de carreteras y los desplazamientos forzados de población.
En varios municipios de Nuevo León se han cancelado todos los trabajos. En uno de ellos, Anáhuac, los grupos criminales ya despojaron a los rancheros de sus propiedades, dejando a Oportunidades sin su población objetivo desde 2010. En ese municipio hay también retenes de hombres armados que impiden el paso de los empleados.
Una situación similar prevalece en Doctor Coss, General Treviño, Los Herreras, Los Aldamas, Los Ramones, General Bravo y China. Y en municipios con mayor concentración poblacional como Cadereyta, Linares, Santiago y Montemorelos también se ha retirado a empleados federales porque ya han sido víctimas de secuestros y por los constantes enfrentamientos que protagonizan las bandas del narco y las fuerzas de seguridad.
La toma de carreteras y caminos rurales por la delincuencia es constante, asimismo, en Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pero los hechos más violentos han ocurrido en 2010 y 2011, particularmente en Coahuila, Nayarit, Chihuahua, Baja California Sur y Jalisco, y hacia el sur y centro en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y el Distrito Federal.
En esos dos años se registraron en Guerrero al menos 20 ataques a empleados federales, además de que trabajadores de Oportunidades, Bansefi y Telecomunicaciones de México (Telecomm) quedaron expuestos en varias ocasiones a fuego cruzado. En dicha entidad los empleados han sido amagados y cateados por sus captores al confundirlos con sicarios rivales.
En Tamaulipas el incremento de la violencia coincide con el recrudecimiento de la disputa del Cártel del Golfo con Los Zetas. Ahí se tiene registro de secuestros y despojos en los municipios de Llera, Mante, Río Bravo, San Fernando y Soto La Marina. Como medidas especiales en todo el estado se entregan apoyos sólo en las cabeceras municipales.
En ese estado, igual que en Coahuila, Nayarit, Zacatecas, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Jalisco, el programa Oportunidades ha solicitado respaldo policiaco o militar para su operación. Aun así desde 2010 se han dejado de visitar 46 comunidades de Zacatecas para realizar encuestas, lo que imposibilita que sus habitantes reciban los beneficios de varios programas.
Algo parecido ocurre en Guerrero, donde, según la respuesta de Oportunidades a la solicitud de información, se aplicó una “reprogramación de entrega de apoyos por falta de resguardo policiaco en municipios que se han declarado incompetentes o rebasados por las bandas delictivas que operan en sus zonas y a las que sólo se ha podido ir con el apoyo de la Policía Estatal y el Ejército”. Esos municipios son los de la región de Tierra Caliente, así como Chilapa de Álvarez, Heliodoro Castillo, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan.
En Jalisco los empleados federales ahora viajan en avionetas, y eso cuando pueden garantizarles seguridad los municipios de Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Mezquitic y Tuxpan de Bolaños. En los extremos norte y sur de la entidad de plano no pueden entrar.
Chiapas es otro de los estados que ha registrado más ataques de este tipo. En 2010 se cometieron nueve asaltos violentos a empleados federales, pero en 2011 fueron 19. El primer día de 2012 en San Juan Chamula el programa perdió más de 2 millones de pesos en efectivo en un asalto con violencia que dejó lesionado a un jefe de almacén. Generalmente estos actos los realizan hombres que incluso portan granadas.
Por razones similares se suspendió temporalmente la entrega de recursos desde el tercer trimestre de 2011 en 334 localidades de Michoacán, pertenecientes a los municipios Tuzantla, Carácuaro y Nocupétaro. Pero son 23 los municipios de ese estado en los que las labores del programa se alteraron por la inseguridad.
Igualmente hay numerosas comunidades de Oaxaca a las que los representantes del programa federal no tienen acceso, por lo que se han suspendido todas las actividades en 27 municipios y se buscan sedes alternas para reanudarlas.
Abandono
A pesar de la situación que se refleja en la respuesta del programa Oportunidades a la solicitud de información de Proceso, la mayoría de las dependencias federales consultadas niega que haya víctimas en su personal y no cuenta con diagnósticos sobre zonas riesgo.
La peor negligencia se encuentra en la Sedesol, que declaró la inexistencia de la información solicitada, aunque, según la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, los programas 70 y Más, Empleo Temporal y Atención a Jornaleros Agrícolas se aplican de manera conjunta con Oportunidades, Bansefi y Telecomm y deben compartir datos básicos.
La Sedesol tampoco tiene un estimado de la cantidad de personas afectadas por la cancelación de sus programas, aunque debe darle seguimiento a esos datos de acuerdo con la ley orgánica y su reglamento interior.
La misma respuesta a la solicitud de información es irregular e ilustra la opacidad señalada por organismos civiles como característica del gobierno de Calderón. En noviembre de 2009 Marcela Turati, reportera de Proceso, impugnó una respuesta semejante que le dio la Sedesol y consiguió que el Instituto Federal de Acceso a la Información instruyera a la dependencia para que entregara un documento que elaboró la Secretaría de la Defensa Nacional en 2007 sobre las zonas de riesgo en el país.
A este nuevo requerimiento de información la Sedesol respondió que “no tiene registro de algún incidente como el pedido por el particular”. Añadió que “no ha realizado ningún estudio o evaluación sobre la peligrosidad de la aplicación de programas sociales, o cuyo objeto sea informar sobre personas que han perdido los apoyos de programas sociales por inseguridad, ya que ello no es ámbito de competencia”.
También el Indesol declaró que la información solicitada no existe.
Como la mayoría de las tomas de carreteras, desalojos forzados de población y emboscadas se cometen en zonas rurales, se le dirigió la misma petición a la Sagarpa, cuyo personal realiza labor de campo en entregas de recursos y aplicación de programas. Pero esta dependencia se declaró incompetente para atender la solicitud.
Otro organismo con trabajo directo en campo es el sistema DIF, que entregó una lista de robos. En el documento destaca el incremento de la incidencia de este delito contra la dependencia: en 2007 y 2008 se registraron 10 por año; en 2009, 13; en 2010, 22, y en 2011 fueron 15. En total 70 robos, de los cuales 61 ocurrieron en el Distrito Federal.
El DIF manifestó también que en 2011 el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, otro de los programas mencionado con insistencia por el presidente Felipe Calderón, elaboró un registro que se incluyó en el V informe de gobierno:
“Durante el periodo, las principales problemáticas se manifestaron en los procesos de licitación del área de capacitación, además de las dificultades de llevar a cabo las capacitaciones en zonas de alto riesgo, ya sea por el aspecto climático o por la inseguridad en la zona.”
Pese a ello tampoco el DIF proporcionó la información sobre “las zonas de alto riesgo”, con el argumento de que no podía generar documentos distintos a los oficiales que le corresponden.
El Inapam también declaró la inexistencia de la información, en tanto que el Fonaes presentó una lista de robos, la mayoría ocurridos en sus oficinas centrales en el Distrito Federal.
Liconsa entregó una lista de 45 asaltos a su personal con una pérdida de 2 millones 200 mil pesos en efectivo. De estos robos, 25 ocurrieron en 2010 y 2011. De acuerdo con estos datos, las entidades más peligrosas para el personal de Liconsa son Chiapas (12 asaltos), Sinaloa (ocho), Coahuila (seis) y Baja California (cuatro).
Además Liconsa informó sobre robos de leche y azúcar, así como de un vehículo y varios equipos de cómputo. No obstante lo abultado de la lista, sobre las víctimas entre su personal y la atención que se les pudo ofrecer respondió igual que las otras dependencias federales: “En Liconsa no se tiene un área de atención a víctimas”.
