Después de que este semanario publicó el acta circunstanciada que evidencia el desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que incurrió el Legislativo del estado, el exdiputado Gustavo Macías admite que el Congreso tuvo la oportunidad de rectificar el error, pero insistió en desafiar a la Corte. Por eso, dice, no se resigna a cargar él solo con la responsabilidad en el juicio penal.
Gustavo Macías Zambrano, primer diputado desaforado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoce que el Poder Legislativo de Jalisco, que él presidió en agosto de 2011, tuvo ocho meses para enmendar su error pero se mantuvo en desacato y, en los hechos, desafió a los ministros del máximo tribunal del país.
“Fueron meses en que se pudo resolver el problema, dejar sin efectos los nombramientos (de cuatro ministros del Supremo Tribunal de Justicia del estado) en atención a la suspensión, y corregir el error (…) pero me decían que todo estaba en orden. Yo dejé de ser presidente del Congreso en septiembre, me confié, nunca cabildeé. Para colmo, se irrita a los ministros al incurrir en la huizachada de querer invalidar la notificación de la Corte”, lamenta el exdiputado y aún aspirante panista a una diputación federal, quien el 27 de abril se presentó en la SCJN.
Dice que tras un diálogo con la ministra Olga Sánchez Cordero le queda claro que “el Congreso como institución sí estuvo notificado” de la suspensión en tiempo y forma, pero reitera que es inocente porque se le informó de la resolución después de que fueron elegidos y rindieron protesta como magistrados José León Valle, Elsa Navarro Hernández, José Juan Soltero Meza y Ramón Ramírez Hernández.
El 29 de abril este semanario (Proceso Jalisco 390) hizo pública el acta circunstanciada que levantó Javier Gerardo Trejo Romo, actuario judicial de la Corte, el 23 de agosto de 2011. Ahí asienta que en la sede del Congreso estatal no se le permitió entregar la comunicación “urgente” de la SCJN al presidente de la Mesa Directiva, que era Macías Zambrano, o a otros integrantes de la misma para que se abstuvieran de nombrar a los magistrados.
Macías Zambrano afirma que no conocía la existencia ni el contenido del acta que acredita el desacato, reproducida por este semanario. Dice que está en espera de los resultados de la investigación interna que ordenó el Congreso para saber quién sí estaba enterado de la notificación del actuario, porque los llamará en el juicio penal que enfrentará.
Hasta ahora, confirma, los ministros no han consignado su caso, por lo que no ha decidido quién lo defenderá. Además, insiste, cada día está más convencido de que no le corresponde cargar con la responsabilidad del desacato, “ya que desde el principio la defensa estuvo muy mal. El problema no fue mío, sino del Congreso”.
Añade que si bien varios despachos de abogados mostraron interés en llevar su defensa en forma gratuita, incluido el bufete que representó a Andrés Manuel López Obrador cuando fue desaforado en abril de 2005, Macías Zambrano considera que el Congreso debe responder. En este caso, la institución lo haría mediante un despacho externo, aunque algunos diputados consideran que al ser el panista un ciudadano sin fuero, no se justifica el gasto.
La “huizachada”
En la sentencia del recurso de reclamación (70/2011) sobre el incidente de nulidad de notificaciones que se tramitó dentro de la controversia constitucional 90/2011, y con el cual el Congreso pretendió “tumbar” la notificación del 23 de agosto, la ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, advirtió que “fue presentado sin motivo, en virtud de que, por un lado, se denota una actitud reiterativa por parte del Poder Legislativo del Estado de Jalisco (…) y, por otro, también se advierte en forma manifiesta como una actitud del propio poder recurrente, tendente a eludir el cumplimiento del auto de suspensión decretado en la controversia”.
El actuario Trejo Romo precisó en su acta circunstanciada que dos personas de recepción lo atendieron y le comunicaron que los documentos u oficios se entregaban “únicamente” en la Oficialía de Partes; en consecuencia, no pudo dársela personalmente a los miembros de la Mesa Directiva.
En el incidente tramitado ante la Corte para invalidar la actuación del funcionario federal, los diputados alegaban que la notificación de la suspensión debió entregarse personalmente. “No se vale, hicieron enojar a los ministros con justa razón”, expresó Macías.
Según el acta circunstanciada, la asistente administrativa Martha Navarro, encargada de la oficina de correspondencia, recibió la notificación con la advertencia de su contenido y urgencia, por eso la entregó a un superior suyo en presencia del notificador.
El 7 de diciembre de 2011 los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte declararon infundado el recurso de reclamación e impusieron multas de 3 mil 888.30 pesos al exlegislador Macías, así como a los diputados priistas Marco Antonio Barba Mariscal y José Noel Pérez de Alba, los dos últimos secretarios de la Mesa Directiva del Congreso jalisciense.
En la versión de Macías, él no conocía con detalle la información, ya que se le informó de una multa por 5 mil pesos a cada uno de los legisladores mencionados, que supuestamente se debió a un error y fue cubierto por el Congreso.
Consultado por este semanario, Raúl Vargas López, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante del Grupo Universidad de Guadalajara, que encabeza Raúl Padilla, considera que el fallo de la SCJN de desaforar y procesar penalmente a Macías Zambrano por desacato “es sorprendente” y que el Ejecutivo presentó su controversia constitucional sólo 24 horas antes de la sesión en que se nombró a los magistrados del STJ, aunque la convocatoria se publicó un mes atrás.
Vargas afirma que el gobernador proporcionó un avión privado para que el pasado 23 de agosto el auditor de la Corte llegara a tiempo a Guadalajara con el fin de frustrar los nombramientos previstos para la sesión plenaria de ese día. El diputado carece de datos como la marca y modelo de la nave, número de matrícula y horario de vuelo, pero aclaró que el Ejecutivo no ha desmentido el señalamiento.
Según el perredista, el presidente del STJ, Celso Rodríguez, estaba al tanto del contenido de la notificación “antes que el funcionario de la Corte la entregara en la Oficialía de Partes del Congreso”. Agregó que el notificador se dirigió “primero” al Palacio de Justicia y luego a la sede del Legislativo, no a la inversa, y con base en la información obtenida el presidente del STJ realizó algunas llamadas a los coordinadores parlamentarios –“A mí no”, aclara Vargas– para recomendarles que no incurrieran en desacato.
Recordó que el Ejecutivo se negó a publicar las reformas al Poder Judicial, entre ellas el incremento de las magistraturas, por lo que según él se trata de una actuación concertada de ambos poderes contra el Congreso. Desde su punto de vista, en este hecho sin precedente, el proceso judicial no se realizó de acuerdo con lo establecido y la SCJN fungió como Ministerio Público.
El peso del pasado
Gustavo Macías Zambrano, exalcalde de Tequila, fue diputado federal en la anterior legislatura. En diversas notas periodísticas se le implicó en el fraude y desvío de recursos del programa federal de subsidio a la vivienda cometido por una constructora en contubernio con autoridades municipales y federales, especialmente en municipios del distrito electoral 1, por el que ha sido diputado federal y local el exdiputado panista.
El diario El Occidental publicó el 6 de noviembre de 2009 que “alrededor de 2 mil familias de los municipios de Tala, Hostotipaquillo, Ahualulco de Mercado, Villa Guerrero y Etzatlán son víctimas de una operación fraudulenta en la compra de vivienda con la empresa Construcciones y Edificaciones Andha, auspiciado por los diputados federal Ignacio Téllez González y el local electo Gustavo Macías Zambrano, y la complacencia de los presidentes municipales de esas poblaciones”.
Cuestionado sobre estas imputaciones, el exlegislador respondió que, igual que otros diputados, pudo “bajar” y gestionar fondos federales del programa de subsidio a la vivienda para los habitantes de escasos recursos, pero que el entonces presidente municipal de Tala –uno de los municipios afectados–, el perredista Cipriano Aguayo, le atribuyó a él “un interés y manejo político” sólo “para quitarse la bronca en los medios”.
Según él, también “Teresa Núñez, a quien le gané (la postulación para la diputación local), movió a la gente, y hasta en el Congreso se manifestaron”. No obstante, reitera, “tengo las manos limpias. No soy rico, mis ahorros no rebasan los 200 mil pesos. Tengo solamente una casa en Tequila y la gente sabe que no robo”.
El 7 de febrero de 2010 este semanario informó que Arnoldo Trinidad Barba Orozco, apoderado legal de la empresa Andha, cometió fraude por más de 12 millones de pesos con el programa federal de subsidio a la vivienda “Esta es tu casa”, afectando a más de 300 familias de nueve municipios de Jalisco (Proceso Jalisco 274), y el pasado 15 de enero reveló que la misma persona está detrás de la sospechosa permuta del terreno donde se construyó la Unidad Administrativa Municipal de Tlajomulco (Proceso Jalisco 375).
