Señor director:
El 18 de mayo de 2008, en Palabra de Lector de Proceso 1646, se publicó una queja por el mal servicio que prestaba la encargada de la Unidad de Hemodiálisis del Sanatorio Durango (UHSD) a la paciente Raquel Adelfa Méndez Méndez, quien padece de insuficiencia renal crónica con tratamiento sustitutivo de hemodiálisis cada tercer día desde marzo de 2003.
Ahora el SAE suspendió el servicio de enfermera a domicilio que se le proporcionaba bajo el contrato SAE/193/2010 y el Reglamento Para el Servicio de Enfermería a Domicilio para Derecho-Habientes (Pacientes) de los Mandatos Administrados por el SAE (que firman el coordinador Médico del SAE, la licenciada Teresa Ruelas, el representante legal del Corporativo QPS y Martha Yáñez B., gerente general de la Sociedad de Enfermeras “El Ángel”).
Con lo anterior se está poniendo en peligro la mermada salud de la paciente, quien, por las altas presiones arteriales que padece, podría caer en un evento vascular cerebral, entre otras cosas, debido a la falta de vigilancia las 24 horas. Asimismo, y de acuerdo con las visitadurías de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se están violando sus más elementales derechos humanos consagrados en la Constitución y en la Carta Internacional de los Derechos Humanos de la ONU.
Pese al Dictamen para el Nivel y Vigencia del Servicio de Enfermería a Domicilio que hiciera el Corporativo Quality Process Services (QPS) el 14 de noviembre de 2011 por medio del médico Ricardo Rivera Pérez, el SAE sólo otorgó enfermera auxiliar por tres meses. El argumento del licenciado Agustín Hernández Méndez, administrador titular del Servicio Médico del SAE, es que “el servicio de enfermería no se encuentra cubierto por la Ley del IMSS”, institución a la que están subrogados los servicios médicos que proporciona el SAE.
No mencionó que el SAE, que ha rentado una lujosa oficina en Plaza Inn, contrata los servicios del Grupo Ángeles, con hospitales muy costosos pero sin servicios médicos integrales, y omitió señalar que la Secretaría de Salud es la dependencia del Ejecutivo federal normativa en materia hospitalaria y encargada de revisar, verificar y evaluar el cumplimiento de las normas oficiales.
Es por lo anterior que el pasado 22 de febrero envié una carta al presidente Felipe Calderón, con copia a los secretarios de Salud y de Hacienda, al Senado y a la Cámara de Diputados, a la CNDH y al licenciado Sandro García Rojas, encargado de la Dirección General del SAE en ese entonces, en la que exijo se restituya a la brevedad el servicio de enfermera las 24 horas de los siete días de la semana a mi señora madre, y que se reembolsen los servicios que nos hemos visto obligados a pagar hasta hoy, pues han mermado considerablemente la economía de mi señor padre, Leónides Emiliano Díaz Cortés (clave ALSUR-1725), quien tiene una pensión de 6 mil 840 pesos mensuales.
Hasta la fecha, sólo el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, el del Comité de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados y la CNDH han contestado con recomendaciones que han ignorado Tuffic Miguel Ortega y Agustín Hernández Méndez, director general y administrador del Servicio Médico del SAE, respectivamente.
Reclamamos la debida atención para una paciente con un estado de salud sumamente delicado. (Carta resumida.)
Atentamente
Leticia Díaz Méndez
