En 1991 y en 2010 el empresario José María Andrés Villalobos hizo que los gobernadores Guillermo Cosío Vidaurri y Emilio González, respectivamente, desalojaran con violencia a un grupo de pobladores que tenían pequeños negocios en la playa de Tenacatita. Un decreto federal del martes 10 resolvió el problema: le asignó los predios al ayuntamiento de La Huerta, para que los dedique al esparcimiento de toda la población.
La inmobiliaria Rodenas, que para hacer un desarrollo turístico en Tenacatita desalojó violentamente a los lugareños hace 20 meses, recibió un gran revés la semana antepasada, cuando la federación otorgó al municipio de La Huerta más de 29 hectáreas de zona federal “para uso recreativo, playa pública y malecón”.
La noche del 4 de agosto de 2010 y la madrugada del día siguiente, elementos de la Policía Antimotines del estado y de la empresa de Seguridad Sepromex –comandados por el dueño de ésta y de Rodenas, José María Andrés Villalobos– desalojaron a un grupo de hoteleros, comerciantes y pescadores de la playa de Tenacatita y del poblado de El Rebalsito a golpes de tolete, empujones, balazos al aire y todo tipo de amenazas.
Pero el pasado martes 10 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)un acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuyo primer artículo establece:
“Se destina al servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de La Huerta, Jalisco, la superficie de 294,125.46 m2 de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en Playas Tenacatita y Divisadero de Tenacatita población El Rebalsito, Municipio de La Huerta, Estado de Jalisco para uso recreativo, playa y malecón”.
En el segundo artículo se confiere al ayuntamiento “únicamente (…) el derecho de usar la superficie destinada al cumplimiento del objeto señalado en el artículo primero del presente instrumento, no transmite la propiedad ni crea derecho real alguno a favor del destinatario”.
En los siguientes tres artículos advierte que la Semarnat, actualmente encabezada por Juan Rafael Elvira Quesada, “en cualquier momento podrá delimitar nuevamente la zona federal marítimo terrestre”, en particular si el ayuntamiento le da un uso distinto señalado en el acuerdo “sin previa autorización” de la dependencia federal o deja de necesitarla o utilizarla. En este caso pasaría directamente a la secretaría, que “vigilará el estricto cumplimiento del presente acuerdo”.
La medida entró en vigor al día siguiente de su publicación, el miércoles 11 de abril, aunque fue dado a conocer en la capital del país desde el 29 de febrero.
Salvador Magaña, uno de los líderes del movimiento contra la Inmobiliaria Rodenas, afirma que esta empresa ya no puede reclamar como suyas las playas ni los terrenos de la zona, como ha venido haciendo, por lo cual tendrá que retirar la caseta de vigilancia que instaló para impedir que los pescadores tuvieran acceso al mar.
Entrevistado por teléfono, Magaña argumenta que a dicha empresa ya no le quedan recursos jurídicos porque el acuerdo ya fue publicado en el DOF el martes 10 y causó efecto a partir del día siguiente:
“El único riesgo sería que el ayuntamiento no cuide las especificaciones, cometa irregularidades y se le pueda revocar (la entrega de los terrenos), pero hay que pedirle y hay que ayudarle los ciudadanos al ayuntamiento para que no se vaya a cometer ninguna violación que sea causal de revocación en el futuro”.
Añade que, al margen de esta resolución, existe un litigio agrario entre la Inmobiliaria Rodenas y el ejido El Rebalse, de Apazulco, por 42 hectáreas que colindan con la zona federal marítimo-terrestre. Pero como esto no tiene nada que ver con la playa, Magaña anticipa que de todas formas la empresa de José María Andrés Villalobos, expresidente de Expo Guadalajara, ya quedó fuera de la playa de Tenacatita.
Desde octubre de 2010 el ayuntamiento de La Huerta había solicitado administrar la zona y la Semarnat determinó que cumple los requerimientos técnicos y ambientales, por lo que el acuerdo recientemente publicado sólo formaliza la concesión, solamente condicionada a que el municipio utilice el área con fines recreativos y esté abierta al público.
Sin embargo, a decir del entrevistado queda un asunto pendiente: “¿Quién le va a pagar los daños a toda esta gente, ya que de manera arbitraria el juez de primera instancia de Cihuatlán dio posesión (al dueño de Rodenas) y permitió la destrucción total, el robo de bienes, enseres domésticos, incluidos camas y colchones? Todo se destruyó en esa zona. Eso, pues, queda en el aire, como muchas cosas quedan en este país”.
Indica que, a pesar del acuerdo federal, el acceso a la playa seguía obstaculizado hasta la mañana del miércoles 18 por un retén de policía privada y guardias estatales, pero que el ayuntamiento de La Huerta debía ordenar de inmediato su liberación.
Gobernadores cómplices
Al darse a conocer la publicación en el DOF, Proceso Jalisco trató de comunicarse en varias ocasiones con el presidente municipal de La Huerta, Carlos Ramírez, pero no fue posible.
Por otra parte, Magaña reconoce que la gente desalojada tampoco podría regresar en las mismas condiciones a la playa de Tenacatita porque el ayuntamiento podría perder la concesión. Destaca que este municipio tiene 90 kilómetros de litoral, pero todas sus playas están privatizadas, salvo La Manzanilla y Punta Pérula.
Con esta experiencia, dice el entrevistado, los lugareños le pedirán al presidente municipal que exija al gobernador Emilio González Márquez que saque las manos de este asunto, toda vez que ha sido evidente el apoyo que le ha dado al empresario Andrés Villalobos.
No es la primera vez que el gobierno estatal envía a la fuerza pública para desalojar a los pobladores de zonas con playa o cercanas a esos atractivos turísticos.
Ahí mismo, en Tenacatita, en 1991, fueron desalojados por el mismo empresario decenas de comerciantes y pescadores, a los que se les destruyeron sus casas. Entonces gobernaba la entidad Guillermo Cosío Vidaurri y se ligaba a José María Andrés Villalobos con Salvador Cosío Gaona, hijo del gobernador.
El empresario compró en ese lugar, y a muy buen precio, terrenos en conflicto que pertenecieron a la señora Paz Gortázar, viuda del exgobernador Jesús González Gallo (Proceso 798). En 2008 Andrés Villalobos amenazó a los lugareños con “sacarlos a chingadazos”. Lo cumplió dos años después.
En agosto de 2010 Villalobos, expresidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, se ostentaba como concesionario de la zona federal y dueño de terrenos aledaños. Como tal obtuvo del Juzgado Segundo Distrito de Autlán una orden de desalojo contra los lugareños (Proceso Jalisco 301).
El 4 y 5 de agosto de 2010, policías estatales y privados echaron afuera a huéspedes y arrasaron con seis pequeños hoteles; decenas de fondas y restaurantes fueron destruidos, no sin antes saquear sus bodegas. El saldo final fue la detención de 17 personas, incluidos varios menores de edad, y la desaparición de otra más.
A decir entonces de varios testigos, entre ellos Francisco Montelongo Aguayo, los policías se llevaron todo lo que pudieron, “al grado de que muchos iban borrachos” de tanto vino que robaron y bebieron ahí mismo.
El poblador lamentó también que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) haya reportado que el desalojo se realizó con apego a la legalidad y que no comprobó los abusos contra la gente.
