Desde su creación en 1996, el Comité Regional de Protección, Promoción y Fomento de los Recursos Naturales de la Sierra de Quila recibe subsidios puntuales de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) para atender los problemas de las comunidades de esa zona. Sin embargo los ejidatarios no ven resultados. Y cuando apelan a las instancias de transparencia para saber en qué se invierte el dinero –6 millones de pesos anuales–, éstas se niegan a entregarles la documentación solicitada.
A pesar de que es una asociación civil y recibe 6 millones de pesos anuales del gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), el Comité Regional de Protección, Promoción y Fomento de los Recursos Naturales de la Sierra de Quila se niega a transparentar sus actividades.
Tal es el misterio con el que se maneja el organismo creado el 16 de mayo de 1996, que aun los más de 60 ejidatarios de la Asociación Regional de Ejidos Sierra de Quila, dueños de las tierras que supuestamente defiende el comité, desconocen la forma en que se administran esos recursos.
Ello los llevó, dicen, a pedir a las autoridades estatales una copia del acta constitutiva del comité, así como los comprobantes de los gastos realizados entre 2000 y 2009. La solicitud la hicieron a finales del primer semestre de 2010 a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, un año y medio antes de que ésta fuera reformada.
El 18 de octubre de 2010 los ejidatarios recibieron “un pliego de 15 copias”, por lo que interpusieron un recurso de impugnación en el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) para que el organismo obligara a las autoridades a entregar los documentos solicitados (expediente 744/2010). El instituto arguyó que el comité recibe también aportaciones de la iniciativa privada, por lo que sólo les entregaría parte de la información solicitada.
El 27 de junio de 2011 el presidente de la Asociación Regional de Ejidos, José Alberto Villaseñor Moreno, envió un oficio al presidente del Itei, Jorge Gutiérrez Reynaga, en el cual le expone que el comité está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Jalisco y le pide reconsiderar su posición:
“Le pedimos que sea revisado el error jurídico cometido por la institución que representa, al negar información que evidentemente es pública, pues el problema no es que se cometan errores, sino que si no se resuelven, con base en ellos se funden violaciones recurrentes a la ley.”
El 4 de abril de 2011 los ejidatarios habían enviado también una solicitud de información a la Seder (oficio 00475111). La dependencia respondió con base en la resolución del Itei y entregó copia de los programas operativos anuales y los informes de actividades, pero no incluyó ningún comprobante de gastos.
Martín Gómez García, uno de sus asesores, relata que cuando fue al edificio de la Seder a presentar la petición en compañía de varios ejidatarios, un funcionario de la Dirección Jurídica le reclamó por sus ataques.
“Es por su ineptitud –le contestó Gómez–. La gente que ustedes tienen en la dirección se niega a entregar copia (de los documentos que tienen en el archivo). La ley dice que puedes revisar lo que está ahí y pedir copias de lo que tú consideres útil.”
Aarón González, coordinador de lo contencioso y encargado de esa dirección asegura que, según la Ley de Transparencia, los solicitantes tuvieron 15 días hábiles para inconformarse con la resolución pero no lo hicieron; además, dice, el presidente de la asociación, José Alberto Villaseñor, firmó de conformidad el pliego de copias que recibió en octubre de 2010.
González explica que los ejidatarios tampoco solicitaron relación del personal del comité ni de los vehículos que emplean para sus labores. Y aclara que el Itei se negó a resolver la solicitud en su totalidad porque los ejidatarios “tienen otras instancias para hacer valer sus derechos”.
Los documentos requeridos por la asociación incluyen el de los bienes patrimoniales del comité, la lista del personal y el desglose de sus sueldos, así como sus funciones y obligaciones laborales, la relación de incendios por fecha y año, sus coordenadas, la superficie afectada, el número de combatientes participantes, el de los ilícitos denunciados ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los reportes de afectación por plagas.
El Itei les entregó únicamente copia de los programas operativos y el número de incendios registrados.
Respecto de las otras vías de acceso a las que pueden recurrir los ejidatarios, como señala Aarón González, Gómez García insiste: el Itei está obligado a aplicar la ley, no a interpretarla. En cuanto a que los ejidatarios no se inconformaron en los 15 días posteriores a la resolución, subraya que sí lo hicieron, pero las autoridades del organismo prefirieron deslindarse.
Tan es así que, a más de un año de la solicitud, el Itei aún no fundamenta por escrito su resolución, lo cual violenta el artículo 8 de la Constitución que a la letra dice: “A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.
Según Gómez García, nunca se citó al presidente de la Asociación Regional de Ejidos a las instalaciones del organismo para que firmara de conformidad con las copias que se le entregaron. De haber acudido se habría dado cuenta de que no le entregaron la información solicitada.
La zona ecológica
La Sierra de Quila tiene una extensión de más de 15 mil hectáreas de bosque de pino, encino, mesófilo, tropical caducifolio y de galería; manantiales, y una fauna que incluye venados cola blanca, gatos monteses, coyotes, zorros, liebres, tejones, armadillos, ardillas, serpientes de cascabel, boas, víboras alicantes, águilas cola blanca, zopilotes, cuervos, búhos, halcones, pájaros carpinteros y pumas.
El 4 de agosto de 1982 el presidente José López Portillo emitió un decreto para convertirla en zona de protección forestal y fáunica para garantizar la reproducción de las especies, e incluye los municipios de Tenamaxtlán, San Martín de Hidalgo, Cocula, Tecolotlán, que posee 90% de esa reserva territorial. Más tarde se incluyeron Ameca y Atengo.
Entre sus atractivos naturales destaca el cerro del Huehuentón, un enorme peñón formado de roca ígnea basáltica cuya altura es de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar. Desde su cima es posible disfrutar la vista del valle que rodea la sierra. También se localizan las cascadas de Tecolotlán, a 13 kilómetros del municipio del mismo nombre, donde nace el río Armería Ayuquila, que abastece a toda la región, y El Salto de Santa Rosa.
De acuerdo con Martín Gómez, el decreto presidencial pone el acento en la preservación del abasto de agua para las cabeceras municipales, ya que las administraciones locales, el gobierno del estado y los habitantes abrieron fosas sépticas sin redes de drenaje, las cuales contaminaron los pozos de absorción, pero descuida la conservación de la flora y la fauna.
“Contaminaron el acuífero y la gente se enfermaba; entonces presionaron a que se garantizara el abasto de agua limpia para todos. Ese es el origen (del decreto). Tecolotlán es como la cabecera política de esa región, tiene mucha fuerza”, señala el consultor de los ejidatarios.
De manera simultánea a la expedición del decreto presidencial, se creó un patronato de vigilancia y empezaron las detenciones arbitrarias de campesinos que cortaban leña. Además, nada ameritaba la creación del área natural protegida porque el aprovechamiento del bosque era mínimo.
Con el comité sólo ha habido confrontaciones, pues se concibió exclusivamente para presidentes y expresidentes municipales, así como para síndicos y exsíndicos. Y aunque a los ejidatarios se les incluyó recientemente nunca se les ha consultado ni se les pide ayuda para coordinar la defensa de la sierra.
Esta situación, dice Gómez, los llevó a pedir información sobre el destino de los recursos que les otorga la Seder. Por lo que sabemos, dice el asesor de los ejidatarios, “al personal que labora ahí, con todo y cuotas del Seguro Social e Infonavit, se le paga alrededor de 2 millones 400 mil pesos al año, más 500 mil pesos de viáticos”.
Y aunque en algunos ayuntamientos se dice que en los ejidos hay algún interés o que sus asesores quieren repartirse dinero, no va por ahí, enfatiza.
Bernardo Cueva Murillo, presidente del Comisariado Ejidal de Tecolotlán, afirma que sus representados tienen derecho a saber el destino del recurso otorgado al comité porque aun cuando son los dueños de la tierra ni siquiera son invitados a las asambleas. Dice que en Semana Santa arribaron cientos de excursionistas a la zona protegida y los integrantes del organismo no sólo no los controló, sino que incluso les cobraron por la instalación de sus campamentos.
Y el expresidente del Comisariado Ejidal de Quila, Humberto Aranda Luquín, se queja porque, dice, “el comité no informa absolutamente nada, pues siempre toma acuerdos a espaldas de los ejidatarios”.
Martín Gómez insiste: las labores del comité, sobre todo las relativas a la conservación, vigilancia y control de plagas e incendios forestales son ineficientes, pues finalmente las atienden los ejidatarios, por lo que no se justifica el subsidio al comité. Esa situación es la que mueve a los ejidatarios a exigir transparencia en la rendición de cuentas.
Sobre todo porque los del comité aseguran que sí hacen trabajos de reforestación y de conservación de suelos hasta colocan letreros del organismo para comprobar sus actividades. “Lo cierto es que reforestan zonas que nosotros ya reforestamos”, reitera el asesor de los ejidatarios.
–¿Y en qué se están empleando los recursos? –se le pregunta.
–Bueno, ellos se están comprando vehículos nuevos. No sabemos dónde están, pues sólo los vemos cuando los adquieren, pero después ya no los ves en ninguna actividad.
Hasta ahora la única instancia que ha respondido a las peticiones de los ejidatarios es la Universidad de Guadalajara, que les entregó copias de los convenios y contratos firmados con el comité para desarrollar investigaciones en la Sierra de Quila. No obstante, la información es parcial.
Martín Gómez recapitula: Después de año y medio el Itei aun no reconsidera su postura ante los ejidatarios y se niega a resolver el recurso de impugnación que éstos le presentaron. Comenta que aun cuando el organismo los incitó a que se ampararan, ellos no lo harán, pues no les interesa entrar en un pleito legal. Sólo quieren que se obligue al comité a entregar la información que se le exige. l
