Aun cuando las autoridades estatales se ufanan de que durante 2011 sólo se registró una huelga en el estado, la propia Secretaría del Trabajo local reconoce que hay un rezago de entre 23 mil y 25 mil expedientes de juicios laborales. Los sindicatos y los patrones también están conscientes de que el coyotaje y los dados cargados hacen cada vez más tortuosa la justicia laboral, al grado de que un trámite que en Nuevo León se resuelve en varias semanas, en Jalisco tarda hasta cuatro años.
En Jalisco la justicia laboral camina lento. Los sectores obrero y patronal lo admiten: la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) presenta un gran rezago y el tortuguismo es el común denominador en los procesos que allí se ventilan.
Y es a causa de esa negligencia que los tribunales federales no sólo estén saturados de expedientes, sino que la justicia laboral esté estancada y denegada, sostiene Antonio Álvarez Esparza, secretario de la Federación de Obreros y Campesinos del estado (FROC).
Para el dirigente sindical, las autoridades locales no sólo llegaron al extremo de “burocratizar los trámites” e imponer requisitos engorrosos, sino que aun se ufanan de que en 2011 sólo estalló una huelga. “Lo cierto es –dice– que nueve de cada 10 solicitudes de emplazamiento que se tramitan ante la propia junta les son negadas a los trabajadores”, por lo que invita a reflexionar sobre ese aspecto.
Álvarez Esparza asegura que los obreros recurren a la justicia federal para que le corrija la página a la junta, “pero eso ha provocado que haya tal congestionamiento de juicios. Hoy, incluso, los tribunales federales los están derivando a otros estados”.
Dice que las quejas contra los impartidores de la justicia laboral de los sindicatos afiliados a su organización son constantes, incluso comparte uno, que considera ilustrativo: el de un sindicato que pidió actualizar su consejo directivo.
La JLCA no sólo se negó, asegura, sino que el patrón de la empresa, “con un legajo de la junta”, demandó al sindicato “por el cobro indebido de cuotas y por carecer de personalidad jurídica. Vemos que cuando se trata de ejercer el derecho laboral amenazan con aplicar el código penal”, lamenta el dirigente.
Desde finales de 2011, Álvarez Esparza solicitó al gobernador Emilio González Márquez su intervención para abatir el rezago en la junta y propuso la remoción de su titular, Alfonso Gutiérrez Santillán. Hasta ahora, se queja, “no ha variado la posición. Seguimos firmes en que debe cambiarse la cabeza para que la administración de justicia mejore, pero no nos hacen caso”.
Respecto a Ernesto Espinoza Guarro, secretario del Trabajo, reconoce que aun cuando ha mostrado su disposición, los acercamientos con la dirigencia obrera no se reflejan en la solución expedita de los conflictos. “Pasa hasta un año para que se lleve la primera audiencia conciliatoria”, exclama.
La Secretaría del Trabajo de Jalisco admite de manera oficial que hay un rezago de entre 23 y 25 mil expedientes de juicios laborales.
Alfonso Ugarte Nava, fundador de la Asociación de Abogados y Profesionistas en Materia Laboral y del Trabajo en el Estado, asevera que “la justicia laboral en Jalisco está muerta”.
Ugarte, quien estuvo al frente de la JLCA de 1974 a 1979, lleva 35 años como litigante laboralista. Asegura que en el estado existe una “lista negra” –que se vende entre 5 mil y 7 mil pesos entre los patrones y abogados laboralistas– con los nombres de los empleados que se atreven a demandar a su patrón ante la junta y funciona como una especie de veto.
Para él, la justicia feneció en la entidad desde hace cuatro años: hoy, tienen que transcurrir de dos a tres años para que un juicio concluya. Además, el coyotaje no se ha erradicado y los dados están cargados hacia la parte patronal.
“Si se cumpliera con los tiempos del procedimiento, el juicio laboral debería resolverse en 62 días. Este dato sale del cómputo de los términos del procedimiento que incluye demanda, notificación y desahogo”, explica Ugarte.
Estima que la JLCA está en su peor momento por la ineptitud e inexperiencia entre los funcionarios y por la falta de un espacio adecuado para dirimir los conflictos obrero patronales. Ya no se privilegia la conciliación que tanto presume el Ejecutivo.
En febrero de 2005, él y otros abogados se manifestaron contra la lentitud de los juicios e incluso tomaron las instalaciones de la JLCA durante un par de horas. En julio de ese año este semanario informó sobre el tema (Proceso Jalisco 38).
Hoy, según Ugarte, a casi siete años de distancia la situación se agravó: quien acuda a la junta debe esperar en promedio tres o cuatro meses para la audiencia conciliatoria. También critica la falta de personal bien remunerado y capacitado para agilizar la justicia.
Según datos de la Coparmex, en Jalisco un juicio ordinario tarda entre 22 y 24 meses –en primera instancia–, mientras que en Nuevo León el promedio es de ocho a 12 meses.
Espinoza Guarro rechaza que se requiera capacitar al personal y hacer nuevas contrataciones para abatir el rezago. Sostiene que los litigios no se han solucionado en buena medida “porque hay quienes le apuestan a la prolongación de los conflictos para sacar ventajas de índole económica”.
Botones de muestra
El abogado laboralista Édgar René Loza Aguilar, quien lleva 12 años litigando, afirma que el gran lastre de la JLCA es la lentitud, provocada por la desconfianza. Explica que tiene un juicio por adeudo “prácticamente resuelto” en la Quinta Junta Especial, presidida por Adriana Macías.
El representante de Alejandro Benjamín Contreras Romero, Luis Miguel Sánchez Múzquiz, Luis Cabrera Saldaña y Gilberto Salazar Rojas en el juicio 820/2010 en contra de Rosa María Gómez Martínez, asegura que Macías se niega a que la demandada entregue en pago una casa a sus clientes, pero tampoco le da celeridad a la subasta del inmueble para resolver el diferendo.
El 13 de marzo último Loza Aguilar presentó una queja ante el presidente de la JLCA, Alfonso Gutiérrez Santillán, en la que acusa a la titular de la Quinta Junta de suspender una audiencia de remate de bienes que debió realizarse el día 5 de ese mes con el pretexto de que la demandada no compareció pese a que había sido debidamente notificada.
El abogado arguye que en el artículo 972 de la Ley Federal del Trabajo se establece que las diligencias de remate no pueden suspenderse. En su queja, Loza expone que cuenta con un laudo del 2 de febrero de 2011 en el que se condenó a Rosa María Gómez Martínez, según el cual se le dictó un auto de ejecución el 27 de mayo siguiente en el que se ordena “el embargo de una finca propiedad de la demandada”.
Meses después, en octubre, Loza planteó a la presidenta de la sala la posibilidad de solucionar el conflicto mediante un convenio de dación en pago “que las partes acordamos”. Macías no lo autorizó porque, dijo, le pareció que se trataba de un “tornillo” que olía mal.
Según el litigante, hay lentitud en la junta porque se parte de la sospecha, por lo que insiste en que se proceda al remate de bienes. En su escrito, del cual este semanario tiene copia, Loza asegura que se pretende favorecer a Roberto Chávez Gracián, esposo de la demandada, notificándole en un domicilio procesal, cuando ya se le emplazó debidamente en el domicilio particular. Todo esto, insiste, “con el fin de darle largas al asunto”.
Por ello, el abogado laboralista le hace notar al presidente de la JLCA que los trabajadores “no cuentan con el dinero suficiente para volver a subrogar el gasto” –que implica la publicación en tableros de la junta, en la tesorería y uno de los diarios de mayor circulación– “ya que de manera dolosa no se llevó a cabo la correspondiente demanda de remate”.
En entrevista con Proceso Jalisco Loza insiste en que el precio que se está pagando por la desconfianza es alto y lamenta que el clima de trabajo para los empelados de la junta sea adverso, que no se les tenga confianza y eso se traduzca en un estancamiento.
La reportera platicó con uno de los 40 actuarios de la JLCA que labora ahí desde hace 20 años. Dice que el gobierno panista colocó a los empleados de la junta la etiqueta de corruptos y supone que reciben dinero para notificar o para no notificar, lo que hace lenta la justicia.
Renuente a que se mencione su nombre, acusa al titular de Trabajo, Ernesto Espinoza Guarro, de crear una coordinación de notificadores que la ley no prevé con remuneraciones desiguales al personal. Revela también que al igual que la junta, en la Procuraduría del Trabajo se contrató a personas del nivel de los actuarios afines al PAN, pero con sueldos de 21 mil pesos mensuales, cuando ellos ganan sólo 10 mil.
El papel de los notificadores es clave en los procesos laborales y repercute en el tiempo que tardan en resolverse. Empleados de la JLCA afirman que se suelen alargar los juicios, pese a que cumplan con la notificación correspondiente. Las cosas se hacen a modo de una de las partes, lo que abona la desconfianza hacia los presidentes de las juntas.
Un ejemplo claro de protección a empresas por parte de autoridades del trabajo es la empresa Lar, que construye cuatro torres de departamentos denominados Horizontes Chapultepec, en la colonia Americana. Luego de que un trabajador despedido acudió ante la JLCA a demandar a su patrón (expediente 1892/11-G de la Primera Junta) se enteró de que su demanda no prosperó porque, a pesar de las evidencias palpables, el 15 de marzo último la actuaria notificadora Wendi Vázquez Ibarra determinó que en el sitio sólo “se venden departamentos”, pero no hay ninguna construcción.
De acuerdo con Vázquez Ibarra, “no fue posible cumplimentar lo ordenado en la resolución de fecha 13 de febrero de 2012 en lo referente a notificar y emplazar a la fuente de trabajo conocida como Horizontes Chapultepec, dedicada a la construcción (…) en virtud de que al constituirme física y legalmente en dicho domicilio, no tiene número exterior a la vista, ya que las oficinas se localizaron cerradas y es un complejo departamental en el cual se venden departamentos, y no es como lo señala en la demanda que tiene como actividad la de construcción”.
