Señor director:
Solicito atentamente la difusión en Palabra de Lector de la siguiente carta, que dirijo a mis amigos y colegas de las secretarías de Finanzas y de Deuda Pública de las entidades federativas, así como a todas las personas que tengan información que aportar en el caso de las acusaciones del gobierno federal contra servidores públicos, yo entre ellos, en relación con la gestión de créditos irregulares en el estado de Coahuila.
Como ustedes podrán haberse percatado en medios escritos y electrónicos, las autoridades federales me implicaron en un penoso asunto, ya que me acusan de infringir los estatutos del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, y de colusión con funcionarios del estado de Coahuila para modificar sus registros de contabilidad a fin de obtener varios créditos financieros.
Durante los nueve años que trabajé en el sector –mi último cargo fue el de director de Deuda Pública de Entidades Federativas, vigilando precisamente los fondos y créditos contra esta clase de anomalías– siempre me regí con honestidad y transparencia, y creo que a todos ustedes les consta por los avances que obtuvimos en materia financiera.
En mis casi 30 años de servicio público intachable en diversas áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no solamente no hubo ninguna queja en mi contra, sino que alcancé logros muy importantes en materia financiera, fiscal, de gasto público y de federalismo fiscal, lo que desde luego no se hubiera logrado sin la participación de todos ustedes.
Por ello considero injusto que a raíz de un asunto de tintes eminentemente políticos y electorales se me quiera involucrar en actos delictuosos que nunca cometí.
Me acusan de haber proporcionado información privilegiada e interna, pero ustedes saben que el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios siempre se manejó de manera transparente y eficiente.
Me basta con que estén convencidos de mi inocencia, y de que cualquier presión política o de otra naturaleza dirigida en contra de la contratación de deuda en sus entidades y en mi perjuicio sea contrarrestada desde sus lugares de origen para que no se continúe con esta injusticia, toda vez que ya han pasado 90 días y sigo privado de mi libertad.
Hago, pues, un llamado a las autoridades competentes para que se revise y esclarezca la verdad de este caso, y pido a las personas que conocen la verdad que no se queden calladas. Aquí están en juego una vida, una carrera y una familia.
Agradezco su amable comprensión.
Atentamente
Jaime Jiménez Flores
