Alberto Blanco Chavarría
Obstinado en apuntalar la causa de la nueva generación de banqueros en congruencia con su propia definición de gobierno de empresarios para empresarios, el presidente Vicente Fox se está estrellando una vez más en el juego de fuerzas del Congreso de mayoría opositora.
La manzana de la discordia es la propuesta de reformas a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones, que se mantiene congelada desde el primer periodo ordinario de sesiones que terminó en abril.
Colocado como apéndice del paquete financiero cuyo eje lo constituye la propuesta fiscal conocida como “Nueva Hacienda Distributiva”, el anteproyecto contiene, al menos, media docena de puntos que irritan a priistas y perredistas con la misma virulencia que la posibilidad de IVA de 15% en alimentos, medicinas y libros.
Estamos hablando, por ejemplo, de abrir el abanico para invertir parte de los recursos acumulados en el Sistema de Ahorro para el Retiro, cuyo monto equivale ya en 16% del Producto Interno Bruto Nacional, en apuestas bursátiles locales y foráneas, es decir, incursionar lo mismo en Wall Street que en las bolsas de Chile, Argentina o Alemania.
Hasta hoy, la posibilidad de inversión hacia el ámbito privado, en un esquema de “gradualismo prudencial”, se centra en escrito en destinar 5 % de la masa de recursos para adquirir papeles de deuda o bonos bancarios cuya calidad se califica como tripe A o doble A, es decir, con certeza total de pago.
El resto se destina a emisiones del gobierno federal, es decir, Certificados de la Tesorería de la Federación, Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal…
Estamos hablando, más allá, de permitir la incorporación a las administradoras privadas de las cuentas de los trabajadores al servicio del Estado, sin que ello implique su incorporación formal al sistema.
El gancho que se plantea es la opción de otorgar mayores rendimientos a los que ofrece su acumulación en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Estamos hablando, en abundancia, de la posibilidad de invertir adicionalmente en apoyo de proyectos de infraestructura financiera con capital privado, con énfasis en plantas generadores de energía eléctrica, bajo la condición de que se trate de obras ya consolidadas.
Los consorcios o las firmas responsables de la infraestructura emitirían bonos de deuda con respaldo del gobierno federal, cuyo aval serían justo las cuentas por cobrar.
Ahora que los papeles serían lanzados directamente por la Tesorería de la Federación cuando las obras se plantearan bajo el esquema de Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto), cuya liquidación se amortiza en función de los propios flujos.
Adquirida la totalidad o parte de las emisiones por las sociedades de inversión de las administradores de fondos para el retiro (Siefores), los recursos permitirían la amortización inmediata de los financiamientos bancarios, lo que en el papel abriría la puerta a nuevas inversiones.
Estamos hablando, finalmente, de la exigencia de abatir el monto de las multas previstas para las Administradoras de Fondos para el Retiro que incumplan las normas previstas en materia de publicidad, informes de saldos a la clientela, o se salgan del marco previsto por el Banco de México en el renglón de inversiones.
Para no ir lejos, hace unas semanas una de las Siefores registró una minusvalía en su tenencia de bonos de deuda emitidos por la filial siderúrgica del Grupo Alfa, Hylsamex, al colocarles una calificación estadunidense un escalón más abajo del original.
Lo interesante del caso es que ante la presión del gobierno por descongelar la iniciativa, las Comisiones Unidas de Salud y Trabajo de la Cámara de Diputados ubicaron una alternativa impecable: convocar a un foro para que, en tal caso, sean los propios afectados quienes expongan sus puntos de vista.
El evento está previsto para la primera quincena de noviembre.
La lección, pues, pareciera implacable: ¿Les preguntaste a ellos?
¡Pácatelas!
