En el programa educativo del actual gobierno, junto a “lo nuevo” y “lo fuerte” (que comenté en Proceso la semana pasada), conviene destacar también “lo ausente”. Dada la brumadora complejidad de la política educativa, que comprobará quien lea con detenimiento las 270 páginas de este Programa, es explicable que algunos asuntos estén ausentes o se aborden de manera insuficiente. Señalarlos críticamente –ha seleccionado 10 de ellos- será una primera manera de corresponder a las autoridades de la SEP, quienes califican el documento como “propuesta viva” y perfectible (p. 240) y desean establecer “un diálogo sistemático entre investigadores y tomadores de decisión” (101).
1.- El Programa señala en varios pasajes (12, 23, 41 y 241) –y también lo señaló el presidente en su discurso de presentadores del sistema educativo y todas las fuerzas sociales del país lleguen a un consenso sobre las grandes líneas” de dicho Programa; se requiere “un gran acuerdo nacional” que convertirá las políticas educativas del gobierno en políticas de Estado. Esta importantísima propuesta, sin embargo, no se concreta ni es objeto de meta específica alguna en el texto. (El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional firmado la semana pasada sólo incluye, por cierto, un enunciado bastante parcial relativo al tema educativo: “fomentar el acceso universal a la educación pública, laica, gratuita y de calidad”). Quiero suponer que los mecanismos para alcanzar ese “gran acuerdo nacional” irán de la mano con los previstos para lograr la participación efectiva de la sociedad en la educación; pero para esto será indispensable que la SEP formule un extracto de proposiciones que resuman las políticas educativas que serán objeto de ese acuerdo.
2.- Débil es, por otra parte, el capítulo relativo al Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conevyt) (219-234); las autoridades explican que la ausencia de metas concretas y otros “elementos programáticos” se debe a que el nuevo órgano se encuentra en proceso de constitución y aseguran que su programa se dará a conocer una vez que quede constituido. A la luz de las grandes expectativas suscitadas respecto de la educación de los adultos por este gobierno y también del severo diagnóstico que el Programa reitera (22 y 65), los lineamientos que contiene el texto son ciertamente insuficientes.
3.- La opinión pública y los maestros se sentirán un tanto decepcionados por la carencia de propósitos más precisos en materia curricular (141 ss.), sobre todo respecto de asignaturas que se volvieron polémicas con el cambio de gobierno: la Historia de México y las que tienen que ver con la formación moral, la educación sexual y el sentido de identidad nacional.
Muchas cosas acertadas contiene el apartado respectivo (como el énfasis en el pensamiento crítico, la formación del hábito de la lectura y de las competencias intelectuales formales), pero respecto del currículo sólo apuntan algunas líneas de reforma en las áreas de educación para la salud, ambiental, artística y formación ciudadana, además de la promesa de efectuar una “revisión continua del currículo”, e irlo ajustando según sea necesario.
4.- No he encontrado en el texto propósitos respecto de la supervisión escolar, tema central para lograr la transformación cualitativa de la educación que se pretende. El planteamiento profundamente renovador del sistema educativo que contiene el Programa exigiría poner el marcha una evaluación rigurosa y una reforma seria de las estructuras de supervisión. Con la misma filosofía que ha llevado a la nueva SEP a enfatizar una evaluación independiente del aprendizaje, debería tenderse a una supervisión de alta calidad profesional, inmune a los intereses sindicales y burocráticos y fuerte frente a las tentaciones de complicidad o corrupción. En otros países, como Francia, la Inspección General es autónoma de las autoridades ejecutivas y goza de muy alta autoridad moral.
5.- Ni con el pétalo de una rosa se toca en el Programa la incidencia en los programas de la televisión comercial en aquellos aspectos que conciernen a la educación y cuya vigilancia compete a la SEP. Se reconoce en el diagnóstico que niños y jóvenes mexicanos están frente a la TV mil 500 horas al año, lo doble de las 800 que en teoría pasan en la escuela (69); y que de los medios de difusión juegan un papel decisivo en la actual transición social del país; y al presentar la visión deseable en el largo plazo, es afirma que “el sistema educativo habrá logrado en 2025 involucrar a los medios de comunicación para que apoyen efectivamente su labor” (75.)
Pero no se pone ningún medio para este fin, fuera de incluir a los medios de comunicación entre los actores del necesario “acuerdo nacional”. Aunque reconozcamos que actuar sobre las grandes empresas televisivas entraña grandes dificultades, es indispensable señalar esta ausencia, tanto más cuanto que sigue sin reglamentarse artículo 74 de la Ley General de Educación que prescribe que los medios de comunicación deben contribuir al logro de las finalidades de la educación nacional.
6.- Echo también de menos en el Programa el propósito de establecer políticas y normas que aseguren que la educación privada contribuya a los objetivos educativos del país. Hay instituciones privadas de ínfima calidad que operan por debajo de los estándares que ahora se fijan para los establecimientos públicos, y por otra parte hay otras, en todos los niveles escolares que por su elitismo social y sesgos valorales ahondan las barreras de la convivencia y obstaculizan la necesaria cohesión de nuestra desigual sociedad. Sería de desear que la nueva SEP, que justamente se propone estimular la enseñanza privada para sumarla al esfuerzo nacional, atendiera este urgente problema.
7.- Aunque se tratan tres temas fundamentales acerca del magisterio –la reforma de las escuelas normales (149), la actuación de los docentes en servicio (151) y la Carrera Magisterial (152)-, se echan de menso precisiones sobre las orientaciones sustantivas de las reformas que se prevé realizar en estos asuntos; no se alcanza a apreciar que esas reformas serán congruentes con la ambiciosas metas de calidad educativa que se proponen.
Respecto de la reforma de las escuelas normales se reponen metas muy ambiciosas: en 2002, la evaluación externa de todos los planteles; en 2003, la expedición de nuevas normas de excelencia académica; en 2004, la renovación de los planes de estudio de las ocho licenciaturas, y en 2006, el haber actualizado a 90%, o sea a 15 mil profesores de las licenciaturas de dichos planteles. Habrá que estar atento a la manera como se desarrolla esta apretada y difícil agenda y a comprobar el sentido a alcance efectivo de las reformas que por ahora se enuncian sólo formalmente. Añado observaciones más críticas más particulares, no veo por qué no se exige a las escuelas normales, como a toda institución de educación superior, ser acreditadas por un órgano académico independiente que certifique su calidad; segundo, no me explico por qué el Programa deja fuera de sus propósitos de reforma a la Universidad Pedagógica Nacional y sus filiales; ¿olvido, resignación, desahucie?
Igualmente ambiciosas son las metas en materia de actualización del magisterio: en 2002, evaluación externa del actual programa y de los subsistemas estatales de actualización y capacitación; y en 2003, publicación de nuevas normas e incremento de los cursos nacionales para el personal de apoyo; pero no hay señalamientos sobre las orientaciones sustantivas de las reformas, aunque se conocen bien las principales deficiencias. Lo mismo debe decirse acerca de la Carrera Magisterial, sobre la que sólo se anuncia que será evaluada externamente en 2002.
8.- Insuficiente pare también la manera como se trata de la muy urgente reforma de la enseñanza secundaria. Tras el preocupante diagnóstico que se presenta (63), uno esperaría orientaciones más definidas, pero esta reforma queda subsumida en el propósito más general de integrar los tres niveles básicos (138) y es poco lo que de ella se dice. En 2002 deberán quedar definidos los perfiles de egreso de los tres niveles y los estándares de desempeño de cada grado, y en 2004 contarse con “una propuesta de renovación curricular, pedagógica y organizativa de la educación secundaria”, incluyendo la revisión de la telesecundaria.
9.- Quienes queremos entender la transición del país como una transformación de las bases del poder político, esperábamos que este Programa incluyera indicaciones más definidas respeto de las políticas del nuevo gobierno en materia sindical, pues es sabido que las estructuras sindicales obstaculizaron seriamente, en el régimen corporativo del pasado, muchos intentos de renovación. Hay efectivamente un apartado (96) sobre el establecimiento de “acuerdos y convenios con el magisterio nacional y su sindicato para lograr conjuntamente una buena calidad en la educación”; en él se habla de “construir, en coordinación con el SNTE, un sistema equitativo y eficiente, orientado a mejorar el aprendizaje en el aula y en la escuela”, y se propone, como meta sin fecha, “establecer un acuerdo conjunto entre la SEP y el SNTE para mejorar la calidad de los procesos y los resultados de la educación”. Es un asunto que requerirá vigilante seguimiento, pero que por lo pronto sólo despierta una vaga expectativa.
10.- Por último, parece incompleta la agenda de reformas jurídicas que se menciona (99), aunque sin duda se completará si se cumple la meta de acordar un programa de trabajo conjunto con el Poder Legislativo.
El documento menciona sólo dos puntos de reforma en la Ley General de Educación: la integración de los tres niveles de enseñanza básica y la redefinición y organización de la educación media superior, siendo así que el propio Programa implica otras reformas importantes: La obligatoriedad de un año de preescolar, la reorganización de los consejos de participación social, la rendición de cuentas, el establecimiento del órgano nacional de autoridades educativas, las limitaciones al poder federal en congruencia con un auténtico federalismo o el tratamiento normativo de las tecnologías informáticas, entre otras.
De hecho, en materia de legislación educativa deberíamos irnos haciendo a la idea de un nuevo artículo tercero constitucional, dadas las insuficiencias y anacronismos del actual; pero éste es un tema grande y privativo que dejamos para otra ocasión.
