Los partidos de izquierda no son la excepción, pero en Jalisco las protestas, demandas ante instancias electorales y renuncias de políticos inconformes por el reparto de candidaturas afectan sobre todo al PRI y al PAN, cuyos dirigentes prefieren minimizar estos signos en vez de tomarlos en serio para ganarse la confianza de los votantes.
Los procesos internos del PAN y del PRI provocaron numerosas inconformidades entre los aspirantes a puestos de elección popular, por lo que unos se cambiaron de partido y otros acudieron a los tribunales o presentaron su queja ante el comité estatal.
Tan sólo ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco se presentaron 107 demandas para la “protección de los derechos político-electorales del ciudadano”. De ellos, 102 contra el PAN, cuatro contra el PRI y una contra el PVEM.
La mayoría de las quejas se presentaron “por omisión y falta de resolución a escritos con motivo de las elecciones internas” o bien por declarar “no procedente la solicitud de registro de los precandidatos para participar en el proceso interno de selección”.
No obstante, el dirigente estatal panista, Miguel Ángel Monraz Ibarra, así como el delegado especial con funciones de presidente del PRI, Rafael González Pimienta, minimizan las protestas.
En entrevista, González Pimienta señala que los candidatos se seleccionan en procesos internos a través del diálogo y buscando siempre a las figuras electoralmente más rentables. Comenta que siempre habrá inconformes y que a él no le corresponde fijar la postura priista ante las impugnaciones, sino a la Comisión Estatal de Procesos Internos del partido.
De todas formas dice: “Sí es cierto el tema de los inconformes a cualquier dirigente le puede preocupar, pero por nuestra parte estamos agotando el diálogo para incorporarlos en la toma de decisiones. Y los que no estén de acuerdo pueden presentar su queja en las instancias correspondientes”.
Al respecto, el presidente de la mencionada comisión priista, Rafael Castellanos, informa que de las 12 impugnaciones interpuestas a principios de febrero, sólo cinco están vigentes: dos en el municipio de Ocotlán, dos en Tecolotlán y una en La Barca. La mayoría son improcedentes, adelanta.
En cuanto a las diputaciones locales, Castellanos detalla que también existen cinco impugnaciones: una presentada por José Andrés Beleche González y otra de José Manuel Villegas Maldonado, por el Distrito 6; de Marco Valerio Pérez Gollaz, por el Distrito 8; de Jorge Mireles Ornelas, por el 12, y de Julio César Hernández Pérez, por el 13.
Precisamente este último aspirante ofrece cifras distintas. Hernández Pérez relata que el pasado 21 de febrero, después de que él y otros militantes manifestaron en la sede estatal su inconformidad ante la nula respuesta de la Comisión de Procesos a sus quejas por la forma en que se realizó la selección de candidatos, fueron recibidos por el propio González Pimienta.
El delegado, dice, les informó que en total se registraron inconformidades en 25 municipios, y no 12, como afirma públicamente González Pimienta; asimismo, son ocho y no cinco las impugnaciones presentadas para elegir a los candidatos por una diputación local.
Relata que su inconformidad surgió el 10 de febrero pasado, ya que primero le dijeron que su registro era procedente, pero unas horas después le dijeron que no. Al preguntar las causas de la negativa, nadie en la sede priista le respondí satisfactoriamente.
“Así sucedió con todos. El partido argumentó que nos faltó un documento personal y apoyos, pero eso no es cierto. Eso lo comprobamos con el formato donde palomean que sí entregué en tiempo y forma todos los documentos que marca la convocatoria… (por eso) nos juntamos los aspirantes rechazados y vemos que la hoja de notificación es un machote; se nos dice exactamente lo mismo, lo único que cambia es el distrito y el nombre.”
Además de acudir ante la comisión mencionada, Hernández Pérez y los demás afectados llevaron su inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entre los candidatos a legisladores que, según los inconformes, fueron impuestos por la dirigencia del PRI, están Idolina Cosío –hija del exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri y candidata por el Distrito 8–; el diputado federal con licencia Trinidad Padilla López, por el Distrito 13, y el alcalde de Tlaquepaque con licencia Miguel Castro Reynoso, por el 14.
Hernández Pérez duda que González Pimienta se haya reunido con la militancia y los aspirantes de cada distrito para sacar a los candidatos más rentables y en unidad, como él dice. “Quizá se junto con los que él quiso”, comenta, y señala que para él sí existe una división en el PRI.
El candidato a la gubernatura de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, no pudo eludir el tema y refirió que en su partido se están quedando los militantes que buscan “un mejor futuro”, mientras los que optan por otro membrete sólo “están pensando en cargos o puestos”. Según él, los priistas siguen unidos, pero pide que a los dirigentes no les gane la soberbia y “generen mejor atención e inclusión a los inconformes”.
Les dijo cómo hacerlo: “Tenemos un partido sólido, que tiene un exceso de aspirantes; hace falta mejor operación política. (Se debe) escuchar y reconocer liderazgos y que queden en los espacios de representación (las mejores opciones); y a quienes no les toque, darles garantía de que podrán servir a la comunidad desde cualquier espacio”.
Atenuó el golpe que significa la fuga de militantes con el dato de que a su proyecto se unirán exdiputados y exalcaldes de otros partidos.
Por otro lado, el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Monraz, dice a este semanario que en total se presentaron 12 impugnaciones por las candidaturas a presidencias municipales, diputaciones y la gubernatura, todas las cuales serán resueltas por la Comisión Nacional de Elecciones.
Entre las más sonadas está la queja del precandidato a la gubernatura Alfonso Petersen Farah, quien también acudió ante el TEPJF. La instancia federal deberá emitir su resolución antes del 15 de marzo, fecha límite para el registro de candidatos a gobernador.
Agrega Monraz: “Los procesos siguen corriendo. Nosotros hemos entablado diálogo con los candidatos inconformes, pero ellos tienen derecho a recurrir a las distintas instancias, ya sean del partido u otras instancias jurídicas. El diálogo está entablado, pero si ellos han decidido acudir a los tribunales, nosotros sólo estamos esperando la respuesta de los mismos”.
Chapulinario
El politólogo y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Jorge Narro Monroy recuerda que la desbandada de políticos no es un hecho nuevo.
Sin embargo, recalca, “es escandaloso al menos por dos razones: pone de manifiesto que los partidos son agencia de colocaciones y nos dice que los políticos profesionales carecen de ideología, principios, convicciones y proyecto, porque de otro modo no se desprenderían tan fácilmente de un partido para incorporarse a otro”.
Insiste en que los políticos que cambian de partido lo único que buscan es un beneficio personal. Menciona a Fernando Garza, quien tras 20 años de militancia dentro del PAN, una organización derechista, se mudó a Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, que se presenta como izquierdista.
Narro Monroy criticó la maniobra del diputado federal priista Salvador Caro, quien al serle negada la candidatura por Guadalajara se sumó a Alianza Ciudadana, pero sin abandonar el PRI: “Es un malabarismo extraordinario, no es pasar de la derecha a la izquierda o viceversa, sino quedarse flotando en el limbo”.
De todas formas, opina el especialista, “la mayor parte de la población no vota y todos los escándalos (de los políticos) los tienen sin cuidado. La clase política sabe que, haga lo que haga, no le va a afectar en términos electorales, y los pocos ciudadanos que votan no se van a sentir agraviados o se les va a olvidar muy rápido con la dosis de propaganda”.
Indica que tras los escándalos de corrupción en Guadalajara, el presidente municipal con licencia y aspirante a la gubernatura por el PRI, Jorge Aristóteles Sandoval, gastó tres veces más en propaganda por habitante que el gobierno del estado.
Consultado sobre la suma de aspirantes priistas y panistas inconformes al proyecto de Enrique Alfaro, quien encabeza la coalición Movimiento Progresista por Jalisco, que engloba cuatro agrupaciones políticas estatales y dos partidos políticos (tras la ruptura con el PRD estatal), el politólogo considera que la Alianza Ciudadana de Alfaro corre el riesgo de sufrir una desacreditación.
Cuando se le plantea el caso del diputado Felipe Hernández, del PVEM, quien renunció a éste para irse al PRD para que lo postulara para legislador federal, aclara que lo hizo por invitación del PRD y no de Alfaro.
Al solicitar la posición de la agrupación política estatal Alianza Ciudadana, su representante Esteban Garaiz Izarra descarta que se esté “pepenando” políticos. En cambio, dice, “recibimos a cualquier ciudadano de buena fe, de cualquier origen y planteamiento político, siempre y cuando compartan la idea de nuestro proyecto”.
–¿La ciudadanía podría confundirse y su agrupación perder credibilidad con la llegada de políticos inconformes? –se le plantea.
–Sí puede confundir, pero es totalmente superable esa confusión. Además, estamos respondiendo a un anhelo general de los ciudadanos, que dicen que los escudos partidarios nos han fallado; la percepción general es que no han cumplido la misión constitucional de ser el vehículo de la voluntad de los ciudadanos.
–¿Cómo admiten a panistas, si ustedes son de izquierda y ellos de derecha?
–No tendríamos inconveniente en recibir a todos los panistas. Todos los panistas podrían ser bienvenidos con sus propios ideales. Los compartimos: respeto a la persona y por una patria honrada y generosa. Lo que no compartimos son las violaciones constitucionales a los artículos 3, 27 y 130 que realizan sistemáticamente los gobiernos federal y de Jalisco.
–¿Encuentra algo negativo en el hecho de que se estén uniendo distintas ideologías?
–Sí hay algo problemático, no negativo: no es sencillo agrupar y estructurar una organización con orígenes tan diversos. Eso es un problema, no un mal. Venimos personas de estilos políticos muy diferentes, pero con un sólo propósito.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Electoral del Estado, José Guillermo Meza García, garantiza que las inconformidades de los militantes serán resueltas a la brevedad.
Recuerda que con la reforma constitucional de diciembre de 2011 “los tribunales y los institutos locales tenemos obligación de hacer interpretación constitucional, lo cual se había limitado para que fuera el Poder Judicial federal”, y con ello “el tribunal de Jalisco puede decidir, sin tener facultades legislativas, garantizar los derechos de los ciudadanos”.
