MÉXICO, D.F. (apro).- El Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial (CERD) manifestó su preocupación por el alto grado de discriminación al que son sometidos los indígenas, y porque la legislación mexicana no tipifica como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial.
En ese sentido, instó al gobierno de Felipe Calderón a tomar las medidas necesarias para eliminar la “discriminación estructural e histórica” que existe en el país contra los pueblos indígenas.
Además, expresó su preocupación por los hechos que se han producido en fecha reciente, socavando la integridad física de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas, algunos de los cuales fueron asesinados.
Luego de revisar el informe de México sobre Discriminación Racial, los días 14 y 15 de febrero, el CERD presentó este lunes sus recomendaciones al gobierno de México sobre sus principales motivos de preocupación, aunque también hizo un reconocimiento por los avances logrados.
En sus recomendaciones, el CERD pidió “tomar medidas para eliminar la discriminación estructural e histórica dentro del Estado a través de políticas de inclusión social”, a fin de que se “reduzcan los altos niveles de desigualdad” y los niveles de pobreza y extrema pobreza.
Ello, agregó, garantizará “plenamente a todos los mexicanos y mexicanas, en especial los y las indígenas, el goce de sus derechos”, especialmente a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.
De acuerdo con el CERD, la legislación aplicable a los casos de los pueblos indígenas varía mucho entre los estados, y reiteró su preocupación porque en México no se tipifica como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, y tampoco sobre toda incitación a la discriminación racial o actos de violencia por motivos raciales, en particular contra las personas indígenas y afrodescendientes.
Ante ello, pidió a México respetar los sistemas tradicionales de justicia para los pueblos indígenas, en particular mediante el establecimiento de una jurisdicción especial, y mencionó la falta de acceso a la justicia que enfrentan los pueblos indígenas.
El Comité también manifestó su inquietud por la situación que viven los trabajadores migrantes en México y los que se encuentran en tránsito, y expresó su preocupación “por la vulnerabilidad de estas comunidades a los secuestros, torturas y asesinatos”.
Además, se refirió a los informes de violencia en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada y sus posibles implicaciones para la protección de los derechos humanos de la población.
De igual manera, el organismo de la ONU recomendó investigar los homicidios de defensores de los derechos de los pueblos indígenas y castigar a los responsables, y pidió al gobierno acelerar la adopción de una legislación específica que garantice la protección de los defensores de los derechos humanos.
Luego de hacer las observaciones, el CERD felicitó a México por la entrada en vigor de la reforma de la Constitución Política, particularmente en materia de amparo, proceso penal y acciones colectivas.
Además, “por elevar a rango constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado parte, incluida la Convención, permitiendo así su aplicación directa, tomando en cuenta que aún falta legislación secundaria para instrumentar de lleno dicha reforma en materia de derechos humanos”.
También dio la bienvenida a los programas y a la institucionalidad creada en el país para combatir la discriminación racial, en particular el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012.
