MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se sumaron a la opinión del ministro Arturo Zaldívar, sobre la excarcelación de la francesa Florence Cassez, luego de registrarse violaciones a sus derechos durante su captura y por incumplirse acuerdos internacionales firmados por México.
En un comunicado, el ómbudsman capitalino, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, I(dh)eas Litigio Estratégico y Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destacaron que el 27 de febrero presentaron un recurso (amicus curiae) ante la Suprema Corte, por el que consideraban la pertinencia de que Cassez fuera liberada, pues se violaron sus derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a que fuera puesta en contacto con la representación consular francesa una vez que fue detenida.
Luego de que se difundiera el proyecto de resolución de Zaldívar, las ONG y la CDHDF dieron a conocer su respaldo a la propuesta del ministro, en el sentido de que habría elementos que permitirían que la francesa fuera liberada de inmediato.
El documento entregado por las organizaciones sociales y la CDHDF recuerda la jurisprudencia dictada por la Primera Sala de la SCJN, acerca de que “el derecho a un debido proceso comprende la garantía a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales”.
También destacan que presentar ante los medios, antes de un juicio, “a cualquier persona, exhibiéndola como responsable de hechos delictivos, contraviene la presunción de inocencia”.
Sergio Méndez Silva, abogado de la CMDPDH, consideró que el proyecto de Zaldívar “es acorde con los derechos humanos de los acusados, reconocidos en la Constitución de nuestro país, en los tratados internacionales, particularmente en la Convención de Viena sobre las convenciones consulares, por tratarse de una persona extranjera, y en la jurisprudencia más reciente que sobre el debido proceso ha emitido la SCJN”.
Al recordar que “en derecho penal forma es fondo”, y de ahí la exigencia de determinar que las acusaciones contra Cassez están fundamentadas en “la generación lícita de las pruebas”, el abogado advirtió que del análisis del caso se desprende que a la francesa se le violaron varias garantías.
Entre ellas destaca la ausencia de “asistencia consular de manera efectiva, ya que la asistencia se brindó después de la primera declaración, violentando con ello sus derechos establecidos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.
Para las organizaciones no gubernamentales y la CDHDF este caso evidencia “las contradicciones de la política internacional que sostiene el Estado mexicano sobre la asistencia consular, ya que el 9 de enero de 2003 México inició un litigio en contra de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, por los procesos en la Unión Americana llevados contra 50 mexicanos sentenciados a pena de muerte sin que se respetara su derecho a contar con la asistencia del consulado mexicano, asunto conocido como el caso ‘Avena’”.
Luego de destacar la contradicción en la forma de actuar del Estado mexicano, que por un lado exige el respeto de las garantías a sus conciudadanos en otros países, pero no respeta las de los extranjeros en México, las ONG puntualizaron que en el asunto Cassez “no existe constancia de haberse respetado ese derecho, lo que contraviene la Convención de Viena y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
