GUANAJUATO, Gto. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Victoria Díez reveló que en Guanajuato no se ha consignado una sola averiguación previa por el delito de feminicidio desde el 1 de septiembre de 2011, fecha en que entró en vigor ese nuevo tipo delictivo en el Código Penal del estado.
Ello, dijo, pese a que se reportó un incremento en el número de homicidios contra mujeres guanajuatenses: de 32 casos ocurridos en 2010 a 56 el año pasado.
De acuerdo con las estadísticas reunidas por dicha organización, esa cantidad representa un aumento de 75% en este perfil de crímenes en un año.
Agregó que sólo en las primeras seis semanas de 2012 ya sumaban ocho las mujeres asesinadas en el territorio estatal, en condiciones que denotan cada vez una mayor violencia.
En entrevista, el procurador general de Justicia del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, admitió que se han iniciado varias investigaciones y denuncias por la privación de la vida de mujeres en este mismo lapso, que han sido consignadas como homicidios calificados y no como feminicidios.
Sin detallar las cifras de esos asesinatos, el funcionario estatal manifestó que ninguno de los casos hasta ahora consignados ha cubierto las características determinadas en el tipo penal de feminicidio.
El feminicidio fue incluido en el Código Penal mediante una reforma aprobada por el Congreso local el 26 de mayo de 2011, por la cual la persona que se encuentre responsable de éste puede hacerse acreedor a una pena de 25 a 35 años de prisión.
Zamarripa afirmó que por ahora se encuentran en investigación dos homicidios cometidos en la capital del estado en contra de mujeres que fueron encontradas con huellas de violencia, en los que sí podría proceder la consignación por feminicidio, “pero aún se están integrando las averiguaciones”, apuntó.
Según el procurador, en 2011 la dependencia brindó apoyo a poco más de cinco mil mujeres en diversos servicios, y emitió y cumplió con 249 órdenes de protección para quienes denunciaron agresiones y pidieron estas medidas cautelares por encontrarse en peligro.
“Las órdenes de protección han sido eficaces, por supuesto que sí, y hemos resaltado que esta herramienta es un derecho para salvaguardar su integridad física y emocional”, señaló Zamarripa. Asimismo, anunció que esta semana comenzarán a instrumentarse las unidades de atención de la mujer en las cuatro regiones que conforman la Procuraduría General de Justicia, con oficinas que contarán con un grupo interdisciplinario (agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos, psicólogas) que estará formado exclusivamente por servidoras públicas.
